VALENCIA.- El juez que investiga el fiasco de la plataforma Castor, y que ocasionó más del mil terremotos frente a la costa de Vinaroz (Castellón) en 2013, ha rechazado fijar una fianza de más de mil millones de euros solicitada por la acusación particular para que las empresas impulsoras de este almacenamiento de gas -ACS y Escal UGS-, y el resto de investigados en el caso hagan frente a posibles responsabilidades civiles.

La fianza solicitada por la Plataforma de Afectados de 1.035 millones de euros es el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada habitante de las poblaciones afectadas por los seísmos: Alcanar, Benicarló, Sant Carles de la Rápita, Ulldecona y Vinaròs.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs ha considerado "prematuro" fijar esta fianza en este momento del proceso y en un auto ha calificado de "excesiva" la cantidad solicitada para hacer frente a las responsabilidades por el escaso número de perjudicados personados en el proceso. Los delitos que se investigan son prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Las protestas por los mil terremotos que causó el almacén Castor provocó su cierre al poco tiempo de iniciar su actividad, en septiembre de 2013. La plataforma iba a ser instalada frente a las costas catalanas, pero al final fue desplazada frente a las valencianas, de tal manera que se colocó sobre una falla activa. Un estudio financiado por la propia empresa elevó a mil los terremotos registrados durante las inyecciones de gas.

Se da la circunstancia de que la empresa constructora y gestora del almacén submarino -Escal UGS, controlada en un 66,7% por ACS de Florentino Pérez- recibió una 'indemnización' de 1.350 millones de euros del Estado al parar sus actividades, a los que hay que sumar un reconocimiento de otros 295 millones que realizó después el ministerio de Industria de Mariano Rajoy.

El fiasco de este proyecto impulsado por Florentino Pérez será cargado a los consumidores españoles de gas con un coste de 4.731 millones a pagar en 30 años, porque se aplica un interés del 4,27%. Los bancos que impulsaron la financiación de Castor por medio de bonos son en buena parte los mismos que han colocado esta 'deuda' de los consumidores españoles en el mercado financiero.

La Plataforma de Afectados por la Plataforma Castor, Aplaca, personada como acusación particular, solicitó en junio de 2016 que se le reclamara 1.035 millones a los investigados; pedían, igualmente, que se declararan responsables civiles directos al Estado Español y a cuatro empresas para las que trabajaban los investigados (Escal UGS, ACS, Castor Limited Partnership y Dundee Energy Limited) y que fueran éstos los que aportaran dicha suma de manera solidaria.

Las defensas de los investigados y la Fiscalía entendieron que la cantidad era excesiva y que era pronto para establecer una fianza. Además, no consideraron acreditados los daños morales a los que aludía Aplaca, por lo que se opusieron a la petición.

El instructor ha decidido rechazar, por el momento, la imposición de la fianza ya que considera que la cantidad solicitada es “notoriamente excesiva”, teniendo en cuenta que la Asociación Aplaca “no cuenta en la actualidad con más de 4 miembros considerados como perjudicados”.

En su auto el instructor cree que es “prematura la fijación de una fianza” en el momento en el que se encuentra el procedimiento, aunque no descarta acordarla en un futuro.
Respecto a la ausencia de acreditación de los daños morales, esgrimida por las defensas, el juez recuerda que no se puede descartar su acreditación “debido a la naturaleza de los delitos que se investigan”.

Esta macrocausa se sigue contra una veintena de investigados (antiguos imputados) por delito de prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La construcción de Castor costó 500 millones de euros a Escal UGS, que fueron financiados por el Banco Europeo de Inversiones (300 fueron puestos por la entidad y otros 200 a través de líneas de crédito). El proyecto de Florentino Pérez, expresidente de la poderosa patronal europea del cemento, formaba parte de un macroplan de inversión impulsado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

En este plan se incluyó la emisión de bonos garantizados por la UE (project bonds, proyectos de bonos). La justicia italiana investiga otro fiasco creado en este plan para construir un tramo de autopista que bordea la bahía de Venecia y la ciudad de Mestre. En la causa italiana se investigan delitos de corrupción que afectan al exministro Altero Matteoli y al ex alcalde de Venecia Giorgio Orsoni, entre otros.