La Junta de Andalucía se ha negado a retirar la petición de cinco años de prisión que pide como acusación particular para tres integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que participaron en una protesta en 2020 dentro de un edificio de la administración autonómica contra el despido de una trabajadora de la limpieza, que es una de las procesadas.

El juicio se ha suspendido este jueves en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada por una indisposición de la fiscal, que rebaja la petición de condena a solo un año de cárcel.

La Junta rechazó la propuesta de retirar la acusación o, al menos, de rebajar la petición de condena que plantearon las defensas de los acusados para alcanzar un acuerdo en una reunión previa a la vista oral entre los abogados personados en la causa y la fiscalía, según ha informado a este periódico uno de los procesados, Néstor Salvador Galindo, que es el secretario provincial del SAT en Granada.

La postura que mantiene en este caso la Junta, gobernada por el PP con mayoría absoluta, fue resumida de esta forma por el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, cuando el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, le preguntó la semana pasada en el pleno del Parlamento acerca de este tema.

"Ni este consejero va a interferir en decisiones judiciales ni le va a decir al servicio jurídico y al gabinete jurídico de la Junta lo que debe hacer. Entiendo que ellos han tomado una posición basada en unos hechos que se han calificado como delito de ocupación de una sede administrativa y contra eso habrá que asumir las consecuencias. Estamos muy mal acostumbrados. Aquí cuando hacemos unos unas cosas, sí, y cuando las hacen otros, no. Pues habrá que apechugar", declaró Bernal. 

Fue el consejero de Turismo el que respondió a esa pregunta, aunque iba dirigida a la presidencia de la Junta, responsable de los servicios jurídicos, entre otras razones porque la delegación territorial donde tuvo lugar la protesta sindical fue la de ese departamento.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2020, días antes de que comenzara el confinamiento por la pandemia de la covid, cuando un grupo de manifestantes se concentró delante del edificio de la Junta por el despido de Vanesa Sánchez, que llevaba 11 años trabajando en sucesivas empresas subcontratadas para el servicio de limpieza de esa delegación en Granada.

Los trabajadores se concentraban todos los viernes para exigir la readmisión de la compañera despedida, delegada sindical, además, del SAT en la empresa. Pero ese día, varios manifestantes decidieron subir a la planta de dirección para intentar hablar con el que era entonces delegado territorial de la Junta de Turismo, Gustavo Adolfo Rodríguez, quien se había negado varias veces a recibirles para solucionar el conflicto.

Lo que ocurrió en esa planta es lo que llevó a la Junta a elevar una denuncia ante el juzgado y luego a calificar los hechos con una gravedad inusitada en un caso relacionado con una protesta sindical.

La Administración andaluza entiende que concurrieron hasta cuatro delitos (coacciones, amenazas, allanamiento y contra el orden público), mientras que el fiscal considera que únicamente se incurrió en uno (desórdenes públicos) y la defensa, en ninguno, ya que todo transcurrió, a su juicio, de forma pacífica con el despliegue de una pancarta contra el despido de la limpiadora.

Suspendido el juicio por tercera vez

El juicio se ha suspendido este jueves por tercera vez, en esta ocasión debido a una indisposición de la fiscal, según han señalado los acusados. El pasado febrero tuvo que suspenderse por la incomparecencia de algunos testigos de la acusación particular de la Junta y anteriormente a causa de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. La vista oral se ha señalado ahora para el próximo 13 de septiembre.

El portavoz de Adelante Andalucía, que ha participado en una concentración a las puertas de los juzgados para apoyar a los acusados, ha afirmado de que se trata de "un juicio político, de lawfare", contra unas personas que, ha subrayado, simplemente estaban "defendiendo derechos laborales, peleando contra un despido, sin que hubiera ningún tipo de daños".

Según García, la responsable de esta situación no es únicamente la Junta de Andalucía y su presidente, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, sino también el Gobierno central progresista, ya que aún no ha conseguido derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley Mordaza. "Por eso, tenemos que estar una vez más defendiendo el derecho a protestar por los derechos laborales, por la vivienda, la sanidad, y que eso le cueste a estas personas penas de prisión", ha añadido.

En su escrito de acusación, la Junta de Andalucía afirma que los cuatro acusados –uno de ellos falleció el año pasado– formaban parte de "un grupúsculo de personas" que "no se limitaron a gritar reiteradamente soflamas en contra del delegado territorial, al que llegaron a insultar”, sino que "accedieron de forma violenta al edificio, "generando en el personal de vigilancia sentimiento de intimidación".

Según la Administración andaluza, los manifestantes llegaron a encararse con personal funcionario de su delegación en Granada, interrumpiendo "gravemente el ejercicio de sus funciones", revolvieron documentación y objetos, desplegaron una pancarta "reivindicativa visible desde el exterior del edificio", grabaron vídeos y tomaron fotos y, posteriormente, "se jactaron en redes sociales" de esa acción de protesta.

Pese a ello, la Junta reconoce en su escrito de acusación que en las diligencias practicadas no quedó acreditado que se hubiese producido algún daño, ni de tipo material ni a las personas que se encontraban en ese momento en la delegación territorial. Por esa razón, no ha solicitado una responsabilidad civil a los acusados.

“Sólo he reivindicado mi puesto de trabajo”

Vanesa Sánchez, trabajadora de la limpieza de 41 años, con dos hijas a su cargo, está empleada ahora en cuatro empresas para conseguir 40 horas a la semana y un sueldo con el que sacar adelante a su familia. "Yo no he matado a nadie, ni he robado ni he roto nada. Sólo he reivindicado mi puesto de trabajo", dijo a Público antes de que se aplazara el juicio en febrero por una causa en la que ella se enfrenta a una petición de cinco años y tres meses de prisión.

Esta trabajadora de la limpieza asegura que subió con un grupo de personas a la planta donde se encontraba el despacho del delegado de la Junta y que desplegaron una pancarta, pero todo de manera pacífica. Según su relato, los agentes de Policía que se personaron en la delegación ni siquiera les pidieron la documentación y tan solo les sugirieron que se quedasen dos personas para solicitar por escrito en el registro oficial una reunión con el delegado.

El SAT considera que la acusación de la Junta en este caso constituye un "caso flagrante de represión sindical", por lo que ha decidido trasladarlo a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una vez que esté constituido tras las elecciones del próximo domingo, a fin de que sea estudiado como una vulneración de la normativa comunitaria sobre derechos sindicales.

Antes de su despido, Vanesa Sánchez ganaba 700 euros por un trabajo de 21 horas semanales en la empresa Rydalca, subcontratada por la Junta de Andalucía para encargarse de la limpieza de la Delegación Territorial de Turismo de Granada.

Ella denunció ante Inspección de Trabajo que le estaban pagando menos de lo que correspondía y luego, cuando el servicio se subcontrató a otra empresa, la única de las 70 trabajadoras de la plantilla que no fue subrogada fue, precisamente, ella.

El largo proceso judicial con una elevada petición de pena de prisión ha afectado, además, a la salud de esta trabajadora, que padece una enfermedad congénita que le ha dañado seriamente el corazón y le ha causado un 33% de discapacidad. La enfermedad ya la tenía antes, pero, según ella, se le ha agravado a causa del estrés que le ha supuesto verse acusada por unos delitos tan graves.

CCOO emitió antes de que se suspendiera el juicio en febrero un comunicado en el que criticó la petición de cárcel de la Junta, acordada, a su entender, para intentar amordazar a los sindicalistas que luchan y defienden a sus compañeros.

Este sindicato sostiene que las administraciones públicas "no debieran despilfarrar dinero público, pretendiendo silenciar protestas sindicales" y que, en lugar de eso, deberían invertirlo en mejorar las condiciones de los pliegos de licitación de los servicios externalizados para que las empresas adjudicatarias cumplan los convenios colectivos".