La búsqueda de los restos del poeta Federico García Lorca, fusilado en agosto de 1936, toma un nuevo impulso después de que la nieta de Dióscoro Galindo, el maestro fusilado junto al poeta, haya solicitado formalmente a la Junta de Andalucía cavar en el parque público de Alfacar, lugar en el que algunos expertos —entre ellos Ian Gibson— creen que pueden estar los  cadáveres de Lorca y de lo que fueron fusilados junto a él. 

La cadena SER avanza la nieta de Galindo ha presentado dos escritos ante la Dirección General de Memoria Democrática, en Sevilla, y ante la Diputación provincial de Granada para reclamar que comiencen las excavaciones. La Ser también informa de que el abogado que defiende los interese de la nieta de Galuindo es Eduardo Ranz, el mismo que lleva el caso de la exhumaciones  en el Valle de los Caídos.

La petición de la nieta de Dióscoro Galindo se conoce un día después de que el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, afirmara que el Gobierno andaluz tiene el "compromiso de apoyar cualquier iniciativa que permita encontrar los restos del poeta universal Federico García Lorca desde el rigor y el cumplimiento de la ley".

Así lo indicó Vázquez a preguntas de los periodistas al hilo de la apertura de un expediente informativo para analizar si se han producido sondeos sin autorización en el entorno de Alfacar, en el área metropolitana granadina, en que se cree que pueden estar los restos mortales del escritor nacido en Fuente Vaqueros (Granada).

Es un "episodio puntual", precisó Miguel Ángel Vázquez, quien explicó que, ante la "denuncia de un particular", la administración está "obligada a abrir un expediente informativo que determinará si se ha producido algún hecho que sea irregular o no".

"El Gobierno de Andalucía es sensible con la recuperación de la memoria, y más de un personaje tan fundamental en nuestra cultura e historia como Federico García Lorca", señaló Vázquez.

A este respecto, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, señaló en sede parlamentaria que la administración autonómica está abierta a realizar una investigación sobre el paradero de dichos restos, desde el "rigor" y siguiendo los protocolos que establece la ley.

Para ello, la Junta tiene una normativa basada en la ley de Memoria Histórica y Democrática, en el Protocolo de exhumaciones y en el decreto del Comité Técnico de Exhumaciones con la que hay que cumplir, precisó Jiménez Barrios.