Junts deja una puerta abierta a los Presupuestos a pesar de su estrategia de desgaste al Gobierno

El Gobierno llevará al Congreso de los Diputados la senda de déficit el jueves día 26 de septiembre. Es la antesala de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero se da la paradoja de que tiene más difícil salir adelante que las propias cuentas públicas, aunque también estas se presentan muy complicadas. Junts per Catalunya no está, en principio, por la labor de apoyar la senda, pero fuentes del partido de Carles Puigdemont se esmeran en remarcar que jamás han dicho que se cierren en banda a apoyar los Presupuestos. 

Se definen como un actor parlamentario más a la hora de negociar e insisten en que esperan la llamada del Ejecutivo cuando llegue el momento. En lo referente a la senda de déficit sí que son claros: "Si el Gobierno trae la misma que en julio, votaremos que no". Por el momento, en cualquier caso, tanto fuentes de los posconvergentes, como del Gobierno niegan que se haya producido un contacto para acercar posturas en cuanto a la senda de déficit, aunque en Moncloa no tiran la toalla y apurarán para tratar de sacarla adelante.

La incógnita sobre si Pedro Sánchez logrará sacar adelante las cuentas es, hoy por hoy, el principal factor de desgaste para su Ejecutivo y Junts es el elemento más conflictivo. 

En general, al Gobierno se le achaca descontrol parlamentario y poca capacidad legislativa y en la fotografía siempre sale Míriam Nogueras. La última derrota en el Congreso ―muy sonada por sorpresiva― fue la de este martes, cuando los posconvergentes dieron un volantazo en su posicionamiento sobre la ley de alquileres de temporada y pasaron, en los últimos tres minutos, cuando llamaron a Íñigo Errejón para comunicárselo, de una abstención a un voto en contra fulminante.

Varias fuentes aliadas del Gobierno, entra ellas miembros del propio Grupo Parlamentario de Sumar, ven en la actuación de Junts la estrategia clara de presionar hasta el último minuto para deteriorar el Gobierno llegando, incluso, a dejar caer iniciativas que consideran que no dañan ―o dañan mínimamente― su imagen en Catalunya. Es una opinión que comparten también en Moncloa, según las fuentes consultadas. 

En la votación de los alquileres, era necesario hasta el último voto para que saliera adelante siempre y cuando Junts se abstuviera. Tanto era así que Pedro Sánchez acudió presencialmente a la Cámara Baja, pese a que era Sumar quien defendía la proposición de ley, para completar los 172 votos necesarios. Finalmente, Junts votó en contra.

Las fuentes consultadas leen en este gesto un nuevo movimiento de Junts para marcar músculo en el Congreso, algo que niegan los de Nogueras, que explican que su formación solo se iba a abstener si la iniciativa decaía, pero que al ver que gracias a su abstención terminaría prosperando la admisión a trámite de la ley, decidieron votar en contra porque no comparten su fondo. 

Con la de este martes, ya son varias las votaciones en las que el voto de Junts ha mantenido en vilo a todo el hemiciclo

En Sumar no dan crédito ante esta explicación y Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en la Cámara, ha tachado el voto de los posconvergentes de "infame" y los ha ubicado, directamente, en el bloque de la derecha junto a PP y Vox.

Lo cierto es que con la de este martes, ya son varias las votaciones en las que el voto de Junts ha mantenido en vilo a todo el hemiciclo. Ocurrió ya en el principio de la legislatura con dos decretos leyes que salvó el Gobierno in extremis gracias a ceder a Catalunya competencias en inmigración (algo que, por cierto, aún no se ha resuelto); ocurrió con el primer techo de gasto, que Junts tumbó; también con la primera vez que la ley de amnistía se sometió a votación en el Congreso o con la reforma de la ley de extranjería, que los posconvergentes torpedearon junto al PP.

Todas las voces consultadas ven muy complicado el camino que conduce a los Presupuestos. Nadie los da por perdidos, pero todo el mundo es consciente de lo "incontrolables" ―en palabras de una fuente del entorno del Grupo Mixto― que son los posconvergentes. Por su parte, fuentes del partido de Puigdemont deslizan que existe un hilo de comunicación con el Gobierno, aunque, por el momento, no se habría iniciado una negociación presupuestaria.

Contactos como última oportunidad para el techo de gasto

Mientras tanto, en Moncloa siguen confiando en que los PGE salgan adelante. No pierden la esperanza en que al final "se imponga el diálogo", según transmitieron fuentes gubernamentales este miércoles.

Las mismas fuentes confirman que contactarán con Junts hasta el último minuto del jueves para convencerles de los beneficios de aprobar el techo de gasto. Eso sí, destacan que no ofrecerán nada nuevo porque las cifras son las que son y ya están aprobadas en el Consejo de Ministros. 

En el ala socialista del Gobierno minimizan el impacto de las últimas votaciones realizadas por Junts por no ser iniciativas directamente negociadas con ellos. Lo sucedido el martes fue presentado por Sumar y algunas de las anteriores fueron a iniciativa del PP, recuerdan. En paralelo al techo de gasto se trabaja para la cesión de competencias en migración. Pero Junts ya ha advertido de que cada negociación es diferente. 

Para el Ejecutivo, es obvio que Junts "no ha digerido todavía" la investidura de Salvador Illa. Pensaban, recuerdan en Moncloa, que serían más influyentes en Catalunya por su resultado electoral. "Alimentaron la expectativa de que Puigdemont iba a ser president y se quedaron ahí. No tienen más salida de transmitir que siguen vivos y están ahí", destacan fuentes gubernamentales. 

Este asunto provocó la reacción de Puigdemont en redes sociales. "Cuando haya digerido que un Gobierno en minoría no puede actuar como si tuviera mayoría absoluta, saldremos ganando todos. Porque querrá decir que sustituirá la imposición por la negociación, y no confundirá la disposición a negociar y llegar a acuerdos con una vocación de alfombra donde secarte los zapatos antes de entrar en casa", afirmó. 

La intención, insisten en el Gobierno, es que los PGE se aprueben en "tiempo y forma". Es decir, antes del 31 de diciembre. Pero no se descarta ya la posibilidad de que los plazos se alarguen un poco más, hasta enero o febrero. Al mismo tiempo, Moncloa ha ido preparando el terreno para transmitir que una hipotética prórroga no sería un asunto preocupante.