Juristas, intelectuales y varios colectivos pro derechos humanos han suscrito una declaración en la que denuncian que en el juicio al procés "se están vulnerando principios esenciales del Estado de derecho, de los derechos humanos y de la Constitución".

La "declaración" ha sido emitida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que suscriben casi 130 firmantes y apoyan 24 colectivos. Entre los apoyos individuales destacan los de personalidades del ámbito de los derechos humanos, la judicatura, la universidad, la comunicación y la cultura, tales como Santiago Alba Rico, Encarna Bodelón, Jorge del Cura, Isabel Elbal, Cristina Fallarás, Miguel Ángel García Argüez, Emma Martín Díaz, Javier Pérez Royo, Jorge Riechman, Manuel Rivas, Isaac Rosa, Alberto San Juan, Patricia Simón o Marina Subirats.

"La demonización de la ideología independentista está validando un tratamiento absolutamente inaceptable en materia de derechos civiles y políticos", según denuncia la APDHA, que lamenta "la indiferencia general" con la que la sociedad española reacciona frente "a las actuaciones del Estado" sobre los líderes políticos y sociales que han participado en el procés.

La organización subraya que en ese proceso judicial "se están vulnerando principios esenciales del Estado de derecho, de los derechos humanos y de la Constitución" y que no se ha respetado el derecho al juez natural "forzando la competencia del Tribunal Supremo" impidiendo el derecho al recurso en segunda instancia de los procesados en caso de condena.

La APDHA también considera que la calificación de rebelión o sedición de los hechos que se juzgan no se ajusta a lo previsto en el ordenamiento penal y que "está directamente pensada como venganza" más que como respuesta al tipo penal del posible delito cometido. "Resulta especialmente alarmante comprobar que dirigentes sociales como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez estén en prisión y sean acusados de rebelión sin prueba alguna y exclusivamente por ejercer el derechos de manifestación".

La asociación califica de "aterrador" que el propio tribunal haya argumentado en autos que se mantenga la prisión preventiva "por no haber los acusados renunciado a sus ideas independentistas". También denuncia "restricción en el uso de pruebas documentales por parte de las defensas, interrupción de interrogatorios de las defensas por parte del presidente de la Sala, imposibilidad de interrogar o repreguntar a testigos por otras partes impidiendo la verificación de la credibilidad de los mismos". Igualmente denuncia "diferencia de trato" del presidente de la Sala a la defensa y acusación.