En los casi nueve años que ha estado Carlos Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, cuatro de ellos en funciones, la composición del Alto Tribunal ha dado un giro de 180 grados, con una contundente mayoría conservadora entre sus miembros y presidentes de Sala. Durante su mandato también se ha aupado a una terna de jueces jóvenes directamente colocados en la Audiencia Nacional, a través de polémicas comisiones de servicio. Este lunes presenta su dimisión, tras un mes amenazando con ella y comprometiéndose a no hacerlo antes de renovar el Constitucional, algo que no ha cumplido finalmente. 

En el caso de Lesmes, afirmar que los nombramientos que se han propiciado en su mandato benefician a magistrados afines al Partido Popular tal vez sea quedarse corto, como apuntan fuentes judiciales a este medio, teniendo en cuenta que ha demostrado moverse más por cadenas de favores que por ideología; y esos favores parece que acaban beneficiando casi siempre a intereses del partido de Alberto Núñez Feijóo. 

El anuncio de dimisión llega cuando aún está pendiente de que se produzca la renovación del Tribunal Constitucional, para lo que falta que el gobierno de los jueces designe a dos magistrados; una tarea complicada por el boicot de ocho de los diez vocales conservadores del Consejo, que han declarado abiertamente la guerra al Ejecutivo de Pedro Sánchez; todos ellos fueron nombrados a instancias del PP. 

El propio Carlos Lesmes no es ajeno a una vinculación con el PP. Durante ocho años, entre 1996 y el año 2004, ejerció como alto cargo del Ministerio de Justicia, nombrado por José María Aznar. Fue director general de Objeción de Conciencia y, posteriormente, director general de Relaciones con la Administración de Justicia.

A la vista de su dimisión, cabe preguntarse cuál es el legado de Carlos Lesmes. Y las respuestas que indican tanto fuentes internas del CGPJ como asociaciones judiciales y miembros de la carrera judicial no evidencian resultados ejemplarizantes. 

Con mano de hierro y con un círculo reducido de poder, Lesmes ha convertido el CGPJ en un órgano presidencialista centrado en la comisión permanente, con siete vocales elegidos por él, dicen fuentes del CGPJ. Esta manera de funcionar es fruto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acometió en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo resultado fue un CGPJ a la medida del que sería el nuevo presidente meses después, Carlos Lesmes. Las mismas fuentes precisan que ha logrado dividir en demasiadas ocasiones al sector progresista, ganándose el apoyo de vocales designados a propuesta del PSOE. 

Este apoyo de algunos progresistas se dio, por ejemplo, cuando a Lesmes le entró la fiebre por hacer nombramientos estando ya en funciones. Por entonces, en 2019, la ley no se lo impedía, pero los 22 nombramientos que propulsó en las presidencias de los órganos judiciales en todo el país, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, con un CGPJ interino, a la espera de ser renovado, fue interpretado como una turbia operación de pago de favores y amiguismo que acabó en los tribunales, sin éxito alguno. 

Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) recurrieron los nombramientos ante el CGPJ y después ante la Sala Tercera del Supremo, que desestimó el asunto y condenó a las asociaciones a costas. 

Cúpula para 20 años

Aquellos nombramientos se ampliaron a 49 cuando se cumplió el primer año del CGPJ con el mandato caducado. Uno de los más polémicos fue el de Esperanza Córdoba Castroverde, que llevaba seis años en el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial y pasó a ser magistrada de la Sala Tercera, la de lo Contecioso-Administrativo, del Supremo. Era conocida su relación de amistad con Lesmes, compartida con su hermano, Diego Córdoba Castroverde, magistrado de la misma Sala. 

El ascenso al Tribunal Supremo tiene una importante connotación: son puestos permanentes que duran hasta la jubilación de los magistrados. La entrada de ciertos magistrados y magistradas con una edad dentro de la cincuentena implica que al menos pueden seguir otros 15 o 20 años en activo. 

Este es el caso de ciertos amigos de Lesmes, de su círculo más íntimo, como el magistrado de la Sala Tercera del Supremo Luis María Díez-Picazo, al que nombró presidente de esta Sala en detrimento de José Manuel Sieira, que era el presidente hasta entonces y cuya renovación se preveía como segura. Fernando Román, ex secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Rajoy, fue nombrado magistrado de la Sala Tercera en enero de 2018.

También es digno de mención el caso del magistrado Dimitry Berberoff, exdirector del Gabinete Técnico del Supremo, nombrado por Lesmes. En diciembre de 2018 fue nombrado magistrado de la Sala Tercera, la misma que  juzga los actos del Gobierno, los actos administrativos y las decisiones del propio Consejo. Precisamente a esta Sala regresa Lesmes, según ha anunciado, cuando se haga efectiva su dimisión. 

Las presidencias de los TSJ y Espejel

Desde que llegó a la presidencia, Lesmes ha favorecido el ascenso a la cúpula a una serie de magistrados reconocidos por su afinidad con el Partido Popular. Por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el CGPJ nombró presidente a Miguel Pascual de Riquelme en detrimento de la magistrada Pilar Alonso, con más méritos y experiencia. También reeligió al polémico José Luis Concepción al frente del TSJ de Castilla y León, en enero de 2016; un magistrado que ha demostrado notoria y públicamente su animadversión contra el PCE y Podemos, sin que el CGPJ haya decidido sancionarle. 

La designación de la magistrada del TC Concepción Espejel como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en 2017, constituye el mejor ejemplo de la politización de la Justicia efectuada desde las entrañas mismas del CGPJ. Espejel fue recusada y apartada de varios juicios de la trama Gürtel del PP por su cercanía al Partido Popular. En 2015, la Fiscalía Anticorrupción consideró probada la relación de Concepción Espejel con el PP. Dos años después, la magistrada fue elegida con los votos de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Comisiones de servicio: otra manera de nombrar a dedo

Pero no sólo han sido polémicos muchos de los nombramientos discrecionales del CGPJ realizados en el mandato de Lesmes; unos nombramientos a los que puso fin la reforma legislativa de marzo de 2021 que impide al Consejo hacer nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones. También son criticadas algunas de las comisiones de servicio que aprueba la comisión permanente del gobierno de los jueces.

Es este un sistema interno de nombrar a jueces para puestos que se requieran para cubrir una vacante por enfermedad o porque el titular de la plaza esté en situación de servicios especiales, en un puesto internacional, por ejemplo. Entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre pasados la comisión permanente ha aprobado 10 comisiones de servicio a petición de varios tribunales superiores, según ha podido saber este diario. 

"Las comisiones de servicio fueron concebidas como una solución transitoria para cubrir vacantes en los juzgados. Sin embargo, su uso ha degenerado hasta convertirse en un instrumento potencialmente susceptible de alterar la normal composición de los órganos jurisdiccionales. La regulación de las comisiones es insuficiente y falta transparencia. Por eso existe el riesgo de teledirigir las plazas para personas concretas, con lo que se favorece la manipulación para fines inconfesables", explica a Público el magistrado Jesús Villegas, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, una asociación que ha creado un observatorio de comisiones de servicio y que alerta de las dificultades para acceder a la información, que consta en las actas de la comisión permanente pero que no se publica en el BOE ni es de libre acceso en  la web del CGPJ. 

Abascal, el candidato del PP

Es la manera por la que entró en la Audiencia Nacional el juez Alejandro Abascal, en la actualidad al frente del Juzgado Central de Instrucción 1, en sustitución de su titular, Luis Francisco de Jorge, en servicios especiales. La primera vez que Abascal, de 44 años, llegó a la Audiencia Nacional lo hizo en 2016, como juez de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción 6, a cargo entonces de Eloy Velasco. Después, en 2020, volvió al mismo juzgado, ya con Manuel García Castellón al frente, el juez que lleva la investigación de causas sensibles para el PP, como el caso Púnica y  caso Tándem.

Abascal ha sido propuesto por el Partido Popular para entrar en el CGPJ. Su designación como juez de refuerzo en el juzgado de García Castellón provocó una batalla judicial en el Supremo, a principios de 2019, que se saldó a su favor. La magistrada Rosa Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, denunció el nombramiento por arbitrario y por no respetar ni los méritos ni el escalafón. Ella se había postulado para el puesto. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se adhirió a su demanda. Esta entidad viene denunciando que no se apliquen "baremos claros y medibles" en las comisiones de servicio.

La Sala Tercera del Supremo dio la razón a Abascal. Los magistrados, entre los que se encontraba Luis María Díez-Picazo, determinaron que la decisión de la comisión permanente estuvo bien fundamentada, ya que pese a los mil puestos de diferencia en el escalafón, a favor de Rosa Freire, y de la dilatada trayectoria de esta, Abascal tenía una ventaja: su experiencia de seis meses en el mismo juzgado de la Audiencia Nacional en 2016. 

Otro dos jueces jóvenes que han entrado en la Audiencia Nacional beneficiados por el  atajo de las comisiones de servicio son Joaquín Gadea (41 años), de refuerzo en el juzgado de García Castellón; y Daniel González Uriel, de 33 años, que realiza labores de asesoramiento en el mismo juzgado. 

González Uriel, que ni siquiera es magistrado, estaba destinado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) cuando fue requerido por Manuel García Castellón, el año pasado, y el CGPJ ya ha renovado su permanencia.