La gran ola de coronavirus impactará ahora en los juzgados y tribunales, en cuanto se levante el confinamiento. Se prevé una llegada masiva de demandas por miles de procedimientos de despido, ERES, concursos de acreedores, reclamaciones de deudas, ejecuciones hipotecarias, herencias...

La situación es inédita y excepcional y el tsunami llegará en forma de dos oleadas, según fuentes judiciales. Jueces, fiscales, letrados, funcionarios, abogados, notarios… Ninguna de las distintas fuentes se atreve a realizar una previsión del tsunami que se avecina.

Pero todos consideran que las consecuencias de la pandemia del coronavirus amenazan con colapsar jurisdicciones ya de por sí sobrecargadas, como son las de Social, Civil y Mercantil.

Se esgrime la experiencia de la anterior crisis económica (2008-2013), que provocó un colapso en las jurisdicciones Social, Civil y Mercantil, con crecimientos que llegaron incluso a más del 400% como son los concursos de acreedores.

Pero, a diferencia de la crisis económica, este tsunami llegará en muy poco lapso de tiempo.

Se prevén dos grandes oleadas. Una primera se producirá nada más levantarse el estado de alarma, con el aluvión de escritos y demandas con reclamaciones de deudas entre particulares y empresas, lo que impactará de lleno en los juzgados de primera instancia (Civil).

La segunda se calcula que se producirá a partir de septiembre, cuando a los juzgados de lo Social lleguen las demandas contra los despidos que al principio estarán en la fase de mediación y, en el ámbito Mercantil, al reducirse la liquidez y las empresas se declaren en concurso de acreedores al igual que las personas físicas (estas últimas como puerta para una segunda oportunidad).

Certificados para herencias y pensiones

Los Registros Civiles sólo han podido expedir certificados de nacimiento y licencias de enterramiento durante el estado de alarma, un dato este último que mirarán con lupa los partidos de la oposición al suponer, como adelantó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que el número de fallecidos podría ser mayor al contabilizarse sólo los casos confirmados. Ahora, llegará la petición masiva de los certificados necesarios para tramitar herencias, seguros de vida, pensiones de viudedad y orfandad…

Decreto inminente

Los juzgados y tribunales quedaron paralizados el 14 de marzo y sólo se cubren las guardias, los servicios mínimos y los asuntos urgentes. Ahora, el Gobierno debe arrancarlos de nuevo.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, realiza estos días reuniones por videoconferencia con los representantes de los distintos operadores jurídicos ya que tiene el mandato del ministro de Sanidad, responsable del estado de alarma, de elaborar un plan de choque.

Campo toma nota de las distintas ideas que le propone, pero preserva con celo el alcance del Real Decreto que elevará en quince días al Consejo de Ministros. Tampoco ha aclarado si, como algunos asistentes a estas reuniones le han sugerido, elaborará un programa con diversas alternativas para ponerlas en marcha a medida que se vayan produciendo distintas situaciones críticas.

Las estrategias pasa por dos vías. Por un lado, reforzar los juzgados para agilizar los miles de procedimientos judiciales que ciudadanos y empresas van a interponer y, por el otro, el diseño de soluciones organizativas.

¿Cuánto dinero?

Se desconoce la cuantía que el Gobierno destinará a afrontar la situación. Pero la administración de Justicia supuso en 2019 unos ingresos de 100 millones de euros sólo por el pago de tasas judiciales y de otros 20 millones por los intereses de los depósitos judiciales. Este dinero fue a parar al ministerio de Hacienda.

Los letrados de la Administración de Justicia han presentado 13 medidas de choque, entre ellas trabajar en turnos reforzados. Sostiene que pueden ‘liberar’ 1.800 millones de euros para la economía y que están bloqueados en la cuenta de consignaciones judiciales. Las medidas de refuerzo tendrían un coste aproximado de 200.000 euros.

Las fuentes jurídicas consultadas dicen desconocer si en el Decreto que prepara Campo abordará las medidas sanitarias necesarias para proteger la salud de los funcionarios, litigantes y operadores jurídicos en los saturados edificios judiciales. O bien se dejará esta decisión en manos del ministerio de Sanidad o de las distintas comunidades autónomas.

Juicios mañana y tarde

La idea que se baraja es que jueces, letrados y resto de funcionarios comiencen a trabajar a puerta cerrada, con el fin de arrancar los tribunales y abordar parte de los asuntos que quedaron aplazados.

Otra solución es reforzar los juzgados para que más adelante se celebren juicios mañana y tarde.

Los juzgados de lo Social ya están de por sí sobrecargados y actualmente señalan vistas para dentro de dos y tres años. Ahora deberán afrontar una situación inédita, con la llegada en poco tiempo de demandas sobre ERES, ERTES, despidos…

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé reclamaciones laborales “en masa" en su borrador de plan de choque. Sólo en el mes de marzo de 2020 se han registrado 302.265 desempleados más que el mes de febrero y una caída en la afiliación de 834.000 personas.

Y los afectados por ERTE superan en un mes a los parados de toda la anterior crisis (2008-2013). Son más de cuatro millones de trabajadores, casi uno de cada tres asalariados.

20.000 demandas de pasajeros

Más ideas propuestas: frenar el abuso de la justicia. Los juzgados de lo Mercantil no dan abasto con las 20.000 demandas de pasajeros presentadas sólo en 2019 contra las compañías aéreas que se niegan a pagar las indemnizaciones que les corresponden por los retrasos superan las tres horas, como están obligadas por ley. Para hacerse una idea de la escalada, basta una cifra: en 2007 hubo sólo 5.000 demandas.

Los juzgados de lo Mercantil más antiguos, como el 1 y 2 de Madrid, aún arrastran asuntos de la anterior crisis, como son los concursos de acreedores del Banco de Madrid (2015) o el del Grupo Isolux Corsan (2017), uno de los mayores de la historia empresarial con 49 empresas, aún pendientes de vender o liquidar.

Los juzgados de cláusulas suelo, creados para resolver las demandas contra entidades financieras de consumidores, han quedado colapsados: los bancos prefieren la vía judicial en lugar de la mediación para resolver las reclamaciones por cláusulas abusivas.

Reclamación masiva de deudas

Los juzgados de lo Civil deberán abordar de manera masiva miles de reclamaciones de cantidad sobre deudas, de obras no realizadas y con la señal pagada, ejecuciones hipotecarias y problemas múltiples como seguros, indemnizaciones y herencias de los fallecidos.

Aprovechando la crisis

Es una “situación excepcional y sin precedentes”, según el CGPJ que ha propuesto un plan de choque rechazado por las asociaciones judiciales y los abogados. El motivo: con la excusa de agilizar la justicia, plantea reformas de calado como es pretender que los presos no puedan recurrir las denegaciones de permisos, o impedir que un trabajador pueda impugnar un ERTE.

Al mismo tiempo, a los juzgados y tribunales llegarán las denuncias de los familiares de los fallecidos por el coronavirus y de las víctimas de la pandemia. Estas demandas se producirán en el ámbito Contencioso, por la responsabilidad patrimonial del Estado en la gestión de la crisis, jurisdicción que también deberá abordar los recursos de los cerca de 500.000 multados durante el confinamiento. En el ámbito penal ya se han interpuesto varias querellas por la gestión de la pandemia y de las residencias de ancianos.