El pasado 24 de enero el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) emitió una sentencia que avalaba al completo una resolución de la Junta de Andalucía de 9 de junio de 2021 que terminaba con el proceso abierto años antes para que los cooperativistas de El Humoso o Los Humosos, emblemática finca de Marinaleda, pudieran acceder a la propiedad de las 1.200 hectáreas de regadío que gestionan en régimen de concesión desde los años 90. Entonces fueron compradas por la Junta de Andalucía al Duque del Infantado, tras una intensa lucha sindical.

El texto de la disposición de la Junta, ratificada por el TSJA, dice en resumen, tres cosas. Por un lado, que las cooperativas no cumplen con los requisitos legales para adquirir la tierra (les falta el número necesario de cooperativistas). Por otro, declara la "caducidad" de la concesión. Y, por último, ordena el desalojo de las tierras "en el plazo de un mes".

La resolución adquirirá firmeza, si finalmente los cooperativistas acuden en casación al Supremo, cuando este tribunal tome una decisión. Según fuentes jurídicas, ese recurso tiene pocos visos de prosperar, pero podría dar lugar mientras se resuelve, a una prórroga para una negociación, a la que todos se muestran dispuestos –se han producido ya algunas reuniones y hay otras en perspectiva–, entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y cooperativistas que permita un acuerdo.

El escenario que plantea esta resolución es el siguiente, según la ley que la administración viene aplicando hasta ahora (en Marinaleda argumentan que podrían aplicarse otras), del año 2011, elaborada en la etapa del PSOE, y un decreto de desarrollo, del año 2021, ya con el PP en el Ejecutivo: una vez vacantes las tierras, la Junta podría venderlas y el Ayuntamiento tiene un derecho de adquisición preferente sobre ellas, que ya ha manifestado que quiere ejercer. Eso sí, por un precio "justo".

Lo que temen los cooperativistas es que el precio que se pida sea tan alto que esté fuera del alcance del consistorio, que contó en 2023 con un presupuesto anual inferior a los 2 millones (en 2017, la Junta tasó las tierras en 6 millones de euros), y que, por tanto, un proyecto emblemático, acabe en manos del mejor postor.

Estos son tiempos en que los grandes fondos de inversión han fijado sus miras en el campo andaluz y están dispuestos a invertir. 1.200 hectáreas con derechos de riego son ciertamente golosas.

¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Qué ha pasado para que sobre Los Humosos pese una orden de desalojo ratificada por la justicia (a la espera del Supremo, si las cooperativas ponen el recurso)? Esta es una breve cronología de lo sucedido, según consta en el expediente administrativo previo a la resolución al que ha tenido acceso Público. Arranca en 2011 cuando, en tiempos del PSOE, se promulgó la ley de 17 de febrero de reordenación del sector público de Andalucía.

2011-2014

Esta ley regulaba el acceso de los concesionarios a la propiedad de las tierras que gestionan los cooperativistas. Entonces, los cooperativistas, de acuerdo con la filosofía que vienen defendiendo desde siempre, manifestaron a la Junta su "gran interés" en el uso de las tierras: "La fórmula mas adecuada para que este proyecto colectivo se sostenga y crezca pasa por el uso, que no la propiedad, de manera colectiva de estos bienes naturales, pues esa modalidad garantiza la cohesión de la filosofía colectiva y comunitaria frente a los individualismos. Por eso queremos dejar constancia de la necesidad de poseer estas tierras como un bien de uso colectivo indivisible e invendible y como ente generador de empleo y bienestar común". La Junta, entonces, ese mismo 2011, le dice a las cooperativas que la ley lo que regula es el acceso a la propiedad y no el uso.

A finales de 2014, en la ley de presupuestos –la mayoría era entonces de PSOE e IU– se aprueba una disposición adicional en la que se modifica un artículo de la ley de 2011 que recoge que las tierras propiedad de la Junta destinadas a uso agrícola "que no se encuentren en posesión de terceros por cualquier título jurídico, serán objeto de enajenación o cesión a favor de entidades asociativas agrarias a través de un procedimiento que garantice la igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación".

En ese cambio se recoge además que "el precio de enajenación será el determinado mediante la correspondiente tasación pericial" por parte de la Junta y se establece también: "Cuando las corporaciones locales ejerciten la opción [de adquisición preferente] y acrediten el interés social de los fines a que pretendan destinarse los bienes, se reducirá su precio de enajenación en un treinta por ciento respecto a su valor de tasación". Y se añade: "El precio podrá aplazarse hasta un máximo de veinticinco años desde la transmisión del bien".

2015-2018

Un año después, en diciembre de 2015, las cooperativas presentaron en el Ayuntamiento de Marinaleda un "escrito en el que solicitan acceder a la propiedad de los terrenos que recogen en concesión". Aquí se inicia el proceso que ahora, a finales de enero de 2024, el TSJA, a la espera del Supremo, ha finalizado.

Por el camino, se produjeron diversos desencuentros. Primero con el PSOE, que tasó en julio de 2017 las 1.200 hectáreas en en un precio total de 6 millones de euros. En agosto, las cooperativas propusieron la creación de una fundación participada por decenas de personas del pueblo que posibilitara que las tierras de El Humoso "no pasasen a manos privadas".

Y sobre el precio de compra, reclamaban una rebaja. Se revisó el precio sobre dos parcelas en las que se habían plantado 282 hectáreas de olivos, pero se mantuvo del de 3,7 millones para el resto de la finca.

Esta cifra fue rechazada por las cooperativas por "disparatadamente alta" y porque no respondía "a la mínima sensibilidad que requiere una experiencia social tal vez única en Andalucía y en Europa". La secretaría general técnica entonces, en octubre de 2017, dio por concluido el procedimiento.

En la Consejería de Agricultura, en diciembre de 2018, una vez que ya se supo que se iba a producir un cambio de Gobierno en Andalucía, "considerando las graves consecuencias […] que se derivarían […] que implicarían el desalojo de las tierras" se le pidió a las cooperativas que confirmaran que no querían las tierras y les insistían en que aceptaran la tasación.

Desde Marinaleda replicaron que el precio era a todas luces "un disparate" y proponían que se convirtiera "en una inversión obligatoria para que genere empleo en la sociedad, bien sea en la industria o la agricultura". Y, de nuevo, proponían que se cediera el uso de manera definitiva al pueblo de Marinaleda y sus jornaleros.

2019 hasta hoy

El cambio de Gobierno de PSOE a PP se produce en enero de 2019 y se inicia entonces un nuevo proceso, con la idea de prorrogar la concesión con la que venían trabajando, pero las cooperativas debían integrar un número de socios, exigido por la ley, según entendía la Junta, y ha corroborado el TSJA en la sentencia.

Las discrepancias sobre esta cuestión se prorrogaron hasta marzo de 2021. Y en junio de 2021 la Junta emitió la orden de desalojo "dado el tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud de enajenación" y "los numerosos esfuerzos realizados".

Las cooperativas recurrieron esa resolución por la vía administrativa primero, pero la Junta en octubre de 2021 desestimó sus peticiones. Y entonces fueron a juicio. Ahora, el TSJA ha ratificado que las decisiones de la administración autonómica fueron acordes a la ley.

Tras la publicación de la sentencia, que lleva fecha de 24 de enero pasado, la consejera de Agricultura , Carmen Crespo, ha ofrecido "diálogo".