Cinco años antes de que Alberto Núñez Feijóo disculpara a un condenado por maltrato que llamó "puta", "loca" e "imbécil" a su mujer amenazándola con arruinarle la vida porque el suyo fue, dijo, un "divorcio duro", el líder de PP ya daba muestras en Galicia de actitudes de similar o peor calado.

En un debate en el Parlamento autonómico en el que confrontaba con el entonces líder de la oposición, Luis Villares, Feijóo se refirió sin motivo a la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, asegurando que estaba "muy necesitada".  Junto a su escaño y detrás de él, un grupo de señoros diputados a los que ha situado ahora en los máximos puestos de responsabilidad del PP le coreó la gracia. 

En el vídeo que recoge aquel vergonzoso momento se les puede ver en actitud jocosa: Alfonso Rueda, presidente de la Xunta; Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial, senador y cabeza de lista por A Coruña; Pedro Puy, portavoz parlamentario y redactor del programa con el que el partido se presenta a las elecciones de este domingo...

Cuchicheando entre risas observan a Pontón tratar inútilmente de exigir explicaciones ante la "expresión machista repugnante" que acababa de sufrir, mientras el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, también del PP, le corta el audio del micro a la agredida diciendo que no, que no, que él no cree que espetarle a una diputada en sede parlamentaria que está necesitada sea "una expresión lesiva", y que además Feijóo ha ya había retirado su afirmación.

Feijóo nunca pidió perdón a Ana Pontón

Sucedió durante el pleno del 7 de junio de 2018, en una época en la que en la comunidad, según La Voz de Galicia, se registraban tres agresiones sexuales al día. Feijóo nunca pidió disculpas por sus palabras, ni a Pontón ni a nadie. Al mes siguiente de aquel pleno, una mujer de 57 años murió degollada por su marido en una céntrica calle de A Coruña. Ese año hubo otros dos asesinatos machistas en Galicia y otros 51 más en el resto de España. Desde 1999 hasta hoy van 1.212 víctimas mortales por violencia de género.

Parece una obviedad que existe una relación directa entre los discursos machistas que normalizan la degradación de la mujer o que la sitúan en una posición de subordinación y la respuesta violenta que manifiestan algunos hombres cuando ven amenazada la posición de superioridad que consideran establecida y justa. Más aún si es discurso no proviene de debate en la barra de un bar sino de una respuesta parlamentaria de todo un presidente de la Xunta.

"Feijóo siempre se ha caracterizado por hacer un ejercicio de cinismo en estas cuestiones: condena la violencia de género, sí, pero a la vez la legitima con declaraciones lamentables de ese tipo", asegura Marta Lois, profesora de Ciencias Políticas en la Universidade de Santiago y cabeza de lista de la candidatura de Sumar por A Coruña. Asegura incluso que el aspirante del PP a la presidencia del Gobierno ha utilizado Galicia como "laboratorio de la contrarreforma" contra el feminismo.

Esa afirmación puede resultar extraña para quienes hayan escuchado a Feijóo asegurar, por ejemplo, que si llega a presidente no piensa derogar la ley del aborto que su partido votó en contra y recurrió ante el Tribunal Constitucional aunque él mismo no haya aclarado si lo considera o no un derecho de la mujer.

Una ley elaborada por el Foro Español de la Familia

Pero es tan raro como para quienes, como Noa Díaz, portavoz de Igualdad del PSdeG en el Parlamento gallego, recuerdan que su primera iniciativa legislativa tras ganar las elecciones autonómicas de 2009 fue convertir en ley un texto elaborado por el Foro Español de la Familia que apoyaba con subvenciones y amparo institucional el argumentario de la ultraderecha sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Doce años después, la sanidad pública gallega deriva a clínicas privadas cerca del 80% de las interrupciones del embarazo que se realizan en la comunidad, según datos del Ministerio de Sanidad.

"Las políticas de igualdad de Feijóo, si es que se las puede llamar así, adolecen de una enorme falta de valentía", opina Díaz. "No habla de machismo ni de feminismo, y es verdad que se han establecido mecanismos para proteger a las mujeres agredidas, pero no se ha hecho absolutamente nada en materia de prevención, educación y concienciación social. Es decir, cuando una mujer resulta agredida se la protege, pero de lo que ese trata es de conseguir que a las mujeres no nos agredan por serlo", resume.

El pasado 4 de julio, Díaz presentó al pleno una iniciativa que pretendía instar al pleno a condenar "los discursos negacionistas de la violencia machista" asó como  "los gobiernos y pactos de gobierno que impliquen estos discursos y amparen a fuerzas políticas que los promuevan". La mayoría absoluta que Feijóo obtuvo en las últimas elecciones autonómicas, incluido, claro, el voto de las veintún diputadas del grupo popular, impidió que la iniciativa saliera adelante.

"Un camaleón"

Para Nicolasa Castro, secretaria confederal das Mulleres de la Confederación Intersindical Galega (CIG), la central mayoritaria en Galicia, Feijóo también es "un camaleón", que mimetiza su discurso con el color del entorno en función de los votos que crea posible atraer en cada momento pero, en la práctica permaneciendo inmóvil, o incluso aplicando medidas que provocan retrocesos.

"Desde que normalizó el relato de los antiabortistas ha desmantelado todo lo que se había hecho en materia de igualdad. Dice que no va derogar la ley del aborto pero la torpedea; ha minimizado los puntos de información para jóvenes en materia de sexualidad, los puntos de encuentro familiar...", relata Castro.

La sindicalista añade que los recortes que aplicó Feijóo cuando llegó a la Xunta afectaron especialmente a servicios públicos donde las mujeres "son mayoría tanto como trabajadoras como por demandantes", especialmente en el sector de la atención a la dependencia.

La portavoz de la CIG también alerta sobre la desarticulación de las medidas de conciliación en la propia Administración autonómica, donde las funcionarias y trabajadoras del sector público ven obstaculizado el acceso a sus derechos de reducción de jornada o de traslado de puesto de trabajo cuando este es peligros en caso de embarazo, y que las obliga a acudir a la justicia para verlos reconocidos.

"Por no haber, en el sector público autonómico ni siquiera hay un plan de igualdad, que es obligatorio desde 2007", añade. Un plan que en cualquier empresa habría contemplado expedientes sancionadores si a cualquier trabajador se le ocurriera dirigirse a una compañera, subalterna o superior jerárquica diciéndole que está necesitada.

Público se ha dirigido al PP para tratar de obtener la opinión de Raquel Touriño, vicesecretaria de Igualdad de la ejecutiva autonómica; y de Susana López Abella, directora xeral de Igualdade de la Xunta hasta el pasado mes de junio y desde entonces diputada en el Parlamento de Galicia. Al cierre de este artículo, el PP no había respondido al ofrecimiento.

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