Mientras todas las miradas se centraban en la exhumación de Francisco Franco, una treintena de familias han dado lentamente pasos para recuperar los cuerpos de sus muertos enterrados a pocos metros del dictador y ya hay trece expedientes aprobados, aunque el proceso se augura largo y complejo.

En dos grupos y guiados por Patrimonio Nacional varios de los familiares se han acercado en los últimos meses por primera vez a la cripta donde pueden estar enterrados sus padres, abuelos o tíos y esperan ahora un informe global sobre la estructura del Valle de los Caídos para conocer la viabilidad de las exhumaciones.

"La cuestión no es sí o no a las exhumaciones, sino cómo se exhuman", explica a Efe Eduardo Ranz, abogado de las familias, consciente de las dificultades que pueden entrañar algunos de los procesos desde el punto de vista técnico y científico.

Sus esperanzas cogieron fuerza en 2016, cuando un juzgado de San Lorenzo de El Escorial reconoció a la familia de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás el derecho a recuperar sus cadáveres para trasladarlos a su localidad natal. Procedentes de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), fueron fusilados por las tropas franquistas en 1936 y enterrados en Calatayud, pero en 1959 fueron reinhumados en el Valle de los Caídos.

La dirección de Patrimonio Nacional les reconoció entonces el derecho a la exhumación de los cuerpos y fue tomando después la misma decisión con otras familias, mientras el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses recogía muestras de su ADN para avanzar en el proceso.

El informe encargado por Patrimonio a un instituto del Centro Superior de Investigaciones Científicas determinó que, aún con restricciones por motivos de seguridad y por el estado de conservación, es posible el acceso al nivel 3 de la cripta adyacente a la Capilla del Sepulcro, donde con alta probabilidad se encuentran los restos de los Lapeña.

Nuevo informe global sobre la estructura del Valle

El estudio realizado posteriormente por el Consejo Médico Forense sobre el procedimiento para localizar, identificar y exhumar sus restos puso de manifiesto las dificultades de un proceso que obliga a mover más de 700 cajas con cuerpos para localizar los columbarios en los que se cree que están los hermanos Lapeña, junto a alrededor de 80 cadáveres que fueron trasladados desde Catalayud.

Para extraer las cajas, explica Ranz, se necesita además un amplio espacio de trabajo que podría implicar el cierre de la capilla, un trámite complicado pues exigiría contar con la autorización de la Abadía.

Pero no todas las víctimas cuyos familiares han solicitado la exhumación se encuentran en la misma cripta, por lo que Patrimonio solicitó un nuevo informe global sobre la estructura del Valle y las distintas criptas y columbarios.

Trámite a trámite el proceso abierto en 2016 se alarga, pero las familias mantienen vivas sus esperanzas.

Varias de ellas fueron recibidas el pasado mes de noviembre en el Palacio de La Moncloa y después tuvieron ocasión de visitar la cripta del Valle acompañadas de expertos de Patrimonio. En marzo, en el Ministerio de Justicia, una veintena de personas –hijas, nietos, sobrinos...– recibieron certificados de reparación y reconocimiento personal como familiares de once víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en Cuelgamuros.

En la mayoría de los casos sin consentimiento ni conocimiento de las familias; según el censo del Ministerio de Justicia en el Valle de los Caídos fueron enterrados entre 1959 y 1983 los restos de 33.833 personas (21.423 identificados y 12.410 sin identificar) de ambos bandos de la Guerra Civil.