La continuidad de la actividad en la comisaría de Via Laietana pone en pie de guerra a los memorialistas
La decisión del Gobierno de que la Jefatura de la Policía Nacional en la capital se convierta en un espacio de memoria sin abandonar sus usos actuales ha desatado el rechazo de numerosas entidades, para quienes el edificio tiene que servir para difundir la represión de forma íntegra y rigurosa.

Àlex Romaguera
Barcelona--Actualizado a
Alrededor de un centenar de personas se concentraron este martes delante de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Barcelona, situada en el número 43 de la Via Laietana. Lo hicieron siguiendo el llamamiento de la Comissió de la Dignitat y el resto de entidades implicadas en la campaña Via Laietana 43, que reclama la reconversión del espacio en un centro únicamente de memoria.
Como en las anteriores convocatorias, que se celebran el segundo martes de cada mes, los congregados escucharon el relato de activistas que fueron torturados en sus dependencias, en este caso los militantes antifranquistas Rosa Maria Fernández y Pep Palacio.
Los testigos de Fernández, arrestada en 1975 por pertenecer al Front d'Alliberament de Catalunya (FAC), y Palacio, retenido en el marco de las protestas que se producían al inicio de la Transición, se suman a otras que revelan la práctica sistemática de la tortura en los calabozos del conocido edificio. No solo durante la etapa más oscura de la dictadura y el proceso de transición política. También en octubre de 2019, a raíz de los disturbios registrados por la sentencia del procés, varios jóvenes denunciaron haber sufrido insultos, amenazas y vejaciones mientras eran interrogados por agentes en el sótano del edificio.
El conocimiento de estos casos, y la lucha de numerosas entidades para resignificar el equipamiento, ha permitido que el próximo julio la comisaría de Via Laietana pase a ser un espacio de interpretación contra la represión y la tortura. Así lo ha decretado el Gobierno, que con motivo de la conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, ha acordado que el edificio sea declarado un centro de memoria.
El acuerdo queda recogido en el sitio web España en Libertad, en el cual se especifica que también recibirán la consideración de espacios de memoria el campo de refugiados de Argelers -en la Catalunya Nord, Francia-, el memorial a Walter Benjamin, situado en Portbou (Girona), o la acción de la Caputxinada.
En cuanto a la comisaría de Via Laietana, el Estado se muestra partidario que la resignificación no impida que se mantenga la actual actividad policial. Hay que recordar que, todavía hoy, allí trabajan un centenar de agentes que desarrollan tareas de prensa y protocolo, recursos humanos, además de contar con unidades técnicas de información y ser la sede central de DNI y pasaporte. Para el movimiento memorialístico, en caso de que esto suceda, supondría banalizar la represión, a la vez que contradeciría los preceptos establecidos en materia de preservación de la memoria.
Dos años trazando el camino
La petición de resignificar la Jefatura de Via Laietana en un espacio destinado a la memoria se inició en enero de 2023, cuando el Ateneu Memòria Popular instó al Gobierno del Estado a asumir la propuesta. La petición se amparaba en la Ley de Memoria Democrática, que en el artículo 50 prevé que el procedimiento para la declaración de un Lugar de Memoria Democrática (LMD) podrá incoarse de oficio por la Dirección General o a instancia de las entidades que lo promuevan.
De acuerdo con esto, el Ateneu planteó que el edificio se transformara en un espacio que documentara la tortura y la represión que allí sufrieron varias generaciones de disidentes y activistas políticos desde que en 1929, en plena dictadura del general Primo de Rivera, se convirtió en la sede de la Jefatura Superior de la Policía en Catalunya.
Concretamente, en aplicación de la ley impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, la demanda plantea que el centro cumpla la función de identificar y señalizar el hecho que, mientras en "las plantas superiores se expedientaban documentos de identidad y otros trámites, "sus sótanos han albergado un macabro serial de interrogatorios contra personas que, en la inmediata posguerra, el tardofranquismo y en el actual periodo democrático, han luchado por los derechos y las libertades públicas", indica el Ateneu Memòria Popular.
En un manifiesto, la plataforma Via Laietana 43 –integrada además por la Associació Catalana d'Expresos Polítics, el Amical de Mauthausen, la Associació Catalana de Juristes Demòcrates o el colectivo Irídia, entre otros–, también recordaba que el Congreso aprobó en 2017 una proposición no de ley que exhortaba a las autoridades a que, en virtud de los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff, reconvirtiera el polémico inmueble en un espacio de memoria.
Así lo ha hecho Portugal con la antigua prisión de Aljube (Lisboa), reconvertida en un museo; Chile, que rebautizó las instalaciones de Vila Grimaldi, centro de detención y tortura de la policía secreta de Augusto Pinochet, en un monumento por la paz; o Alemania, que ha habilitado la antigua sede de la Gestapo en la ciudad de Colonia en un Centro de Documentación sobre el Nacionalsocialismo (NS-DOK).
Presión contra la impunidad
Finalmente, después de dos años en los que el Estado se ha resistido a vehicular la petición, Via Laietana será declarada el próximo julio un centro de memoria. Ahora bien, la voluntad del ministerio que el edificio conserve las actuales funciones policiales ha levantado una verdadera polvareda. "Ya desde el principio, hemos advertido que es incompatible mantener los usos policiales", afirma Carles Vallejo.
Para el presidente de la Associació d'Expresos Polítics, en ningún país se ha combinado espacio de memoria con otro de dolor. "Es inconcebible y, para nosotros, es una línea roja". Así lo ha reiterado el Ateneu Memòria Popular en un reciente escrito dirigido al Gobierno, donde además de subrayar la incompatibilidad de congeniar un espacio de memoria con la presencia policial, recuerda que "tampoco las actuales dependencias están en condiciones logísticas para que los funcionarios públicos que operan trabajen de manera correcta".
Vallejo atribuye la decisión del Estado a las presiones que ejercen los sindicatos policiales más conservadores, lo que explicaría que, en unas recientes declaraciones, el mismo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaksa, manifestara que la presencia del cuerpo en Via Laietana es necesaria dado que simboliza la "contribución que ha hecho y hace para fortalecer la democracia".
Según Carles Vallejo, una solución para desencallar la polémica sería que Barcelona, a través de la Generalitat, ofreciera un espacio alternativo a los agentes que continúan en la Jefatura, si bien admite que "la última decisión depende exclusivamente del Consejo de Ministros". Mientras esto no pase, la Associación d'Expresos Polítics, y por extensión el resto de entidades agrupadas en la campaña Via Laietana 43 ya han anunciado que continuarán las acciones de protesta.
Del mismo modo que la Comissió de la Dignidad tiene previsto seguir con las concentraciones quincenales si el ministerio no revierte la decisión. Así lo señala su presidente, el abogado Josep Cruanyes, que en línea con Vallejo, considera que mantener la actividad policial en el edificio sería una "burla" a las personas que han sufrido abusos y torturas en sus dependencias. "No podemos permitir que declaren Via Laietana un lugar de memoria con la policía dentro", apunta Cruanyes, consciente de la atmósfera de miedo e impunidad que la Jefatura continúa generando en el corazón de Barcelona.
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