Interior abre una investigación de oficio sobre la brutalidad policial denunciada en Lavapiés

El Ministerio del Interior ha abierto una investigación de oficio sobre la actuación policial de dos agentes en el barrio madrileño de Lavapiés tras hacerse viral en redes sociales un caso de brutalidad policial en Lavapiés contra dos personas racializadas.

El Ministerio del Interior ha informado este lunes que ha sido la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH), dependiente de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, la que ha abierto de oficio una información para aclarar estos hechos.

La Delegación del Gobierno en Madrid informó este domingo de que se había abierto, además, una investigación sobre la actuación de los agentes de la Policía Nacional el pasado viernes en Lavapiés, y que se viralizó en redes sociales.

"En estos momentos se mantiene abierta una investigación al respecto. La proporcionalidad es y debe ser un componente principal de la acción policial", destacó el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

Las denuncias tras viralizarse las imágenes provocaron que este domingo alrededor de 300 personas se manifestaran en el barrio madrileño contra el "racismo institucional" y pidieran la dimisión del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, ha reclamado al Ministerio del Interior que depure todas las responsabilidades necesarias por la "desmesurada actuación" de los dos agentes de la Policía Nacional.

El portavoz de la formación, Ernest Urtasun, ha desgranado en rueda de prensa que van a ser "muy contundentes" con este asunto, como han planteado a Interior al exigir una investigación "hasta el final" sobre este incidente.

También ha recordado que el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ya avanzó una pregunta parlamentaria para pedir explicaciones por esta actuación policial al Ministerio liderado por Grande Marlaska.

"Desde Sumar condenamos esos hechos y queremos que se investigue en profundidad esa actuación policial. No cabe en la sociedad española actuaciones de este tipo, no cabe actuaciones que son claramente un uso absolutamente desmesurado de la fuerza hacia personas migrantes y racializadas", ha ahondado Urtasun.

Ione Belarra, diputada de Podemos y exministra, ha ido un poco más lejos y ha pedido directamente la dimisión del ministro Marlaska. 

A guisa de respuesta, varios sindicatos de la Policía Nacional han arremetido este lunes contra el Ministerio del Interior pero por razones opuestas a Sumar y Podemos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que Interior, "lejos de impedir la cacería hacia servidores públicos que cumplían con su deber" lo que ha hecho es dejarlos a los pies de los caballos ante un organismo de dudosa imparcialidad".

"La única instancia que debe depurar responsabilidades en un Estado de derecho son los tribunales de Justicia", ha continuado el SUP en declaraciones a Europa Press, que añade que estudian interponer acciones legales contra quienes "injurian" a sus compañeros de forma "infundada".

Piden que los agentes lleven cámaras

"Esto no es una cuestión de blancos contra negros o de racismo, sino de acciones que constituyen delitos y de delincuentes; esa es nuestra única guía de actuación", añaden desde el SUP. El sindicato recuerda que las personas reducidas por los policías fueron detenidas por delitos contra la salud pública y por robo con violencia.

En este sentido, los sindicatos han vuelto a reclamar al Ministerio del Interior que todos los agentes dispongan de cámaras personales para grabar este tipo de actuaciones y, de esta forma, "evitar cualquier duda". Además, ha subrayado que lo que no pueden permitir es que haya "zonas de impunidad delictiva a golpe de mentiras y calumnias".

La Confederación Española de Policía (CEP) también ha reaccionado al anuncio de Interior de abrir una información a través de su oficina por si se han vulnerado los derechos humanos en la actuación de Lavapiés. "Este Ministerio se sitúa frente a todos los policías y no detrás de ellos. La brecha que se ha abierto entre el colectivo policial de este país y el departamento que dirige Grande-Marlaska es ya insalvable", ha señalado CEP.

El sindicato se queja de que se ha "descontextualizado" la intervención policial en Lavapiés para poner el foco de la sospecha sobre los agentes, "cuya presunción de inocencia ya está gravemente tocada al anunciarse una investigación a cargo de una Oficina de Derechos Humanos".

Desde el sindicato ultra JUPOL también se ha reaccionado a la polémica de Lavapiés recordando que el vídeo viralizado fue "editado y sacado de contexto para apreciar sólo una parte sesgada".