El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que el apoyo del Gobierno a la monarquía "está fuera de toda duda" y ha criticado a los que la usan como "ariete para la lucha política", tras insistir en que la ausencia del rey en la Escuela Judicial fue "una cuestión hablada" con la Casa Real.

Campo ha vuelto a defender que fue "acertada" la decisión de que el rey no presidiera, por primera vez, el acto de entrega de despachos de los nuevos jueces del pasado 25 de septiembre en Barcelona, pese a admitir que "quizá faltó un mayor detalle" al informar del asunto, según ha proclamado en una entrevista este domingo en La Vanguardia.

Según Campo, la decisión de que el rey no asistiera al acto obedecía a la necesidad de proteger "la convivencia en Catalunya" y al propio monarca, aunque "no por una cuestión de seguridad". "Se quiso evitar que su presencia pudiera ser mal entendida y que se dieran situaciones que ninguno queremos ver", sostiene.

El ministro, que ha recordado que cuando el acto se celebró era inminente la sentencia del Supremo sobre el expresidente catalán Quim Torra y el tercer aniversario del 1-O estaba muy próximo, ha mantenido que la Corona "siempre ha dado muestras de sensatez y sosiego y con esos criterios se coordinó la agenda".

"Este país no puede funcionar sobre la base de estar tirándonos siempre Catalunya por la cabeza", ha añadido el ministro. Campo ha criticado a los que utilizan a la monarquía como "arma arrojadiza" y ha apuntado que oye "más ruido en el PP o Vox" que en aquellas formaciones que no están "muy conformes" con ese modelo de Estado.

El titular de Justicia ha defendido la reforma de la sedición que plantea el Gobierno, un delito que considera "decimonónico", y apunta: "A lo mejor alguna de las cuestiones que nos han dicho desde Europa en los tres últimos años obedecen también a que nuestro código penal chirría".

Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha admitido que se está estudiando reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar el funcionamiento de las instituciones "aun cuando sus operadores pudieran comportarse de modo irresponsable, como ocurre con el bloqueo del PP".

No obstante, ha garantizado de forma "tajante" que el Gobierno no se plantea "en absoluto" que los nombramientos efectuados por un CGPJ prorrogado puedan ser reversibles.