El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció hace unos días el inicio de una nueva investigación a la Federación Rusa por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el marco de las pesquisas iniciadas a petición de Ucrania por los sucesos de Maidán (2013-2014) y la adhesión de Crimea (2014-2015). Pero la invasión rusa de Ucrania no podrá ser enjuiciada como delito de agresión, porque se exige que los dos estados en liza --la nación agredida y la agresora-- hayan ratificado el Estatuto de Roma, por el que se rige la CPI. Algo que no ha sucedido. 

Las posibilidades de juzgar a Putin por la invasión de Ucrania, que ya ha dejado 1.123 víctimas civiles entre muertos y heridos muertos, según la ONU, son remotas en estos momentos, debido a la complejidad que reviste el delito de agresión que entró en vigor en la CPI en 2018. Sin embargo, ya están activadas las bases para un futuro juicio por crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

"El fiscal puede pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que dicte una orden de detención contra Putin", dice el abogado Blas Jesús Imbroda Ortiz, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, que añade: "Debería  la Corte Penal Internacional actuar ahora con la máxima celeridad. Cierto es que en estos momentos será imposible detener a Putin, pero la orden de detención también significa que Putin no podrá poner un pie en los 123 países miembros de la CPI".

Rusia retiró en 2016 su firma del Estatuto de Roma, que entró en vigor en 1998, impidiendo así que sus militares o él mismo puedan ser juzgados por crímenes de guerra. La otra posibilidad es que se inste desde el Consejo de Seguridad de la ONU un procedimiento ante la CPI, pero el derecho de veto que posee Rusia impediría que se pudiera aprobar una resolución semejante. 

Sin embargo, pese a estos impedimentos, la Corte Penal Internacional está investigando posibles crímenes perpetrados por la Federación Rusa en Ucrania, gracias a un resquicio del Derecho Internacional que aprovechó Ucrania, que tampoco ha firmado el Estatuto de Roma. En 2014 y 2015 reconoció y solicitó la competencia de la Corte Penal Internacional en dos ocasiones, instando una investigación prejudicial por parte de la Fiscalía de la CPI.

En primer lugar, Ucrania llevó al tribunal de La Haya los sucesos sangrientos ocurridos a raíz de las revueltas de Maidán, la Plaza de la Independencia de Kiev, en noviembre de 2013, en protesta por la política prorrusa del entonces presidente ucranio Viktor Yanukovych, que meses después tuvo que huir a Rusia. Miles de personas ucranianas tomaron las calles para exigir el final de la influencia rusa en la política nacional y la firma de un acuerdo con la Unión Europea. La policía abrió fuego contra las manifestaciones, provocando un centenar de fallecimientos. 

El presidente Petro Poroshenko, que ganó las elecciones de mayo de 2014, acusó directamente a Vladislav Surkov, asesor de Putin, de haber dirigido a un grupo de francotiradores extranjeros en Maidán. Rusia negó participación alguna en los sucesos y tildó de golpe de Estado lo ocurrido en el país vecino.

La segunda petición de Ucrania al tribunal de La Haya fue motivada por la adhesión rusa de Crimea, en marzo de 2014, como consecuencia directa e inmediata de los sucesos de Maidán. Se produjeron manifestaciones en Crimea y en la ciudad de Sebastopol por parte de personas prorrusas que pedían la adhesión a la Federación rusa. Rusia acabó interviniendo militarmente en la zona con la excusa de garantizar la integridad de la ciudadanía de origen ruso.  

Resultado de la investigación de la fiscal

La CPI estimó las peticiones ucranias y abrió un examen preliminar fusionando ambos hechos. La anterior fiscal, Fatou Bensouda, concluyó en diciembre de 2020 que "existe una base razonable en este momento para creer que una amplia gama de conductas que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad se han producido en el territorio de Ucrania" y anunció que el "próximo paso será solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para iniciar investigaciones". Sin embargo, nunca lo hizo. 

Después de la parálisis de la investigación en el Tribunal de La Haya, ahora el actual fiscal, Karim Khan, ha anunciado que va a proponer, por fin, el inicio de la investigación judicial. Así, mientras se investiguen los crímenes relacionados con los sucesos de Maidán y la adhesión de Crimea, Khan iniciará su examen preliminar sobre los delitos de guerra derivados de la invasión de Ucrania. Pero ¿existe alguna manera de poder sentar en el banquillo a Putin por un delito de agresión por la invasión a Ucrania mientras ninguno de los dos países firme el Estatuto de Roma?

Montserrat Abad Castelos, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid, cree que sí. "Hay que tener en cuenta que el crimen de agresión es un crimen de liderazgo, por lo cual es muy difícil llegar a juzgar a sus perpetradores mientras no haya un cambio de régimen en el país de nacionalidad de los mismos --dice--, pero existe la posibilidad de que se pueda crear un tribunal ad hoc, específico para juzgar el crimen de agresión". 

Esta propuesta ha sido presentada por el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, apoyado por personas expertas en Derecho Internacional. "Sin duda, esta propuesta tiene un enorme carácter simbólico, tiene fundamento y puede tener viabilidad jurídica", indica la profesora Montserrat Abad, que también apunta "los múltiples inconvenientes prácticos" que existen para que finalmente pudiera hacerse justicia. "Si no ocurre un cambio de régimen en Rusia, sería inviable obtener la custodia de Putin y de los máximos jerarcas", dice. 

Ucrania podría firmar el Estatuto de Roma desde este mismo momento, pero eso no permitiría a la Corte Penal Internacional investigar a Rusia por un delito de agresión, "ya que es imperativo legal que ambos estados sean parte de la CPI", insiste el abogado Blas Jesús Imbroda Ortiz, decano del Colegio de Abogados de Melilla. Por su parte, la catedrática Abad indica que "Ucrania podría firmar el tratado para ser miembro, pero ello no ampliaría la jurisdicción de la Corte hacia el pasado".

Hechos consumados 

La comunidad internacional está sumida en buscar soluciones para impedir que Putin quede sin castigo, aunque sea a medio o largo plazo. El profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz Miguel Acosta Sánchez explica que académicas y otras personas especialistas en la materia han sacado a la palestra en los últimos días la posibilidad de privar a la Federación Rusa de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en base a una "presunta fraudulenta adjudicación de su sillón" cuando se desintegró la URSS, en 1991. 

"La URSS y Rusia no son la misma potencia, tienen fronteras y dimensiones diferentes, pero se aceptó en aquel momento que la Federación Rusa sustituyera a la URSS en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y yo creo que eso no tiene solución. Son hechos consumados --indica el profesor Miguel Acosta-- Y mientras Rusia tenga derecho de veto, de la ONU o de la CPI no se puede esperar un procedimiento penal a Putin como responsable de las fuerzas armadas de un país que invade otro". 

Jurisdicción Universal

Otra posibilidad es que en un futuro Vladimir Putin pueda ser juzgado en Ucrania o en cualquier otro país en aras de la jurisdicción universal, en aquellas naciones donde esté en vigor. En España la reforma en 2014 vació de contenido el principio de jurisdicción universal y en estas condiciones no se podría juzgar a Putin por delitos de lesa humanidad.

"Dado que el fiscal Khan ha ordenado a su oficina para que se recaben todas las pruebas que se puedan sobre el terreno, en un futuro esto podría servir para que pudieran ser utilizadas por las jurisdicciones nacionales en virtud del principio de jurisdicción universal --dice Montserrat Abad--. Un efecto claro de esta guerra de agresión debería ser que Putin y sus acólitos se conviertan en unos "parias", como dijo el presidente Biden, de modo que, entre otras implicaciones, no puedan abandonar el país, a riesgo de poder ser juzgados (mediando o no extradición) por cualquier Estado cuya legislación nacional se lo permita".