"Decisión histórica. La UE va a dar protección temporal a aquellos que huyen. La Unión permanece unida para salvar vidas". Así ha celebrado Ylva Johansson, comisaria de Interior, el acuerdo por unanimidad sobre la Directiva Temporal de Asilo, que dará protección automática a las personas que huyen de las "bombas de Putin".

Pero no a todos por igual. El diablo de esta medida, sin precedentes en el seno europeo, está en los detalles. Los ucranianos que abandonen el país por la ofensiva rusa tendrán garantizados de forma automática los derechos de vivienda, trabajo, educación o libertad de movimiento en todo territorio europeo. También están incluidos los refugiados o apátridas que ya contaban con protección internacional previa.

Pero la situación cambia para aquellos que no posean un pasaporte ucraniano. La situación de los nacionales de países terceros que residían durante mucho tiempo en el país queda a discreción de la decisión de cada Estado miembro, que puede decidir si aplicarla o no. Y el escenario se complica para aquellos que estudiaban o trabajaban en territorio ucraniano desde hacía poco tiempo: serán repatriados a sus países.

La ONU ha denunciado que muchas personas que quieren abandonar Ucrania están afrontando muchos problemas para cruzar fronteras. "Estoy alarmado de las informaciones verificadas que llegan sobre discriminación, violencia y xenofobia contra ciudadanos de países terceros. La discriminación en base a raza, nacionalidad, etnia o estatus migratorio son inaceptables", ha señalado Antonio Vitoriono, director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha pedido a los países implicados que lo investiguen de inmediato.

La UE impulsa inusualmente unida esta Directiva en torno a un tema tan visceral y tan pasional como ha sido el migratorio durante los últimos años. Pero lo ha hecho tras incorporar estos matices sobre personas extranjeras. Solo así se ha podido sortear el veto de los países de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chequia), que a primera hora de la mañana anunciaban que votarían en contra a la propuesta de la Comisión Europea, que sí contemplaba la protección generalizada. El instrumento de la protección automática se encontraba en el cajón de sastre desde hacía dos décadas. Se fraguó en el contexto de la guerra de los Balcanes, pero los europeos no se habían atrevido a activarlo hasta que no han visto las consecuencias de la guerra en sus propias carnes.

En tan solo siete días de ofensiva rusa, el Viejo Continente ya ha recibido a las mismas personas que durante la llamada crisis de refugiados de 2015: un millón. Los cálculos de Bruselas estiman que hasta seis millones de personas podrían abandonar a Ucrania a raíz del conflicto. El propio Emmanuel Macron, presidente francés, ha advertido tras una larga llamada telefónica con Vladimir Putin, su homólogo ruso, de que lo peor de la guerra todavía no ha llegado.

La rápida activación de la UE de esta cláusula (ha tardado apenas 72 horas en darle forma) deja dos lecciones. Por un lado, que la acogida de refugiados era y es una cuestión de voluntad política. Y, por el otro, que los refugiados cuentan con estatus diferentes dependiendo de cuál sea su pasaporte.

Desde 2015, la UE carece de una política de asilo y migración común. La llamada crisis de refugiados, en la que un gran número de sirios huían de las bombas de Bashar al Asad, hizo saltar por los aires el Reglamento de Dublín. Desde entonces, las diferencias entre los Estados miembros son insalvables. Los dramas humanitarios asociados a la migración se han afrontado con parches y soluciones ad hoc, como ha demostrado el Mediterráneo verano tras verano. Los debates más emocionales y pasionales en la mesa del Consejo Europeo, con permiso de la crisis griega, se han desarrollado en torno a la política migratoria.

Todo ello se ha traducido en un endurecimiento del discurso migratorio en Bruselas. La UE continúa debatiendo un nuevo marco legislativo para hacer frente de forma sostenible y largoplacista a este reto. Pero la propuesta que hay sobre la mesa prima el fortalecimiento de las fronteras externas y el retorno de aquellas personas a las que en la capital comunitaria se refieren como "inmigrantes ilegales". "Proteger a las personas que huyen de las bombas de Putin no solo es un acto de compasión en tiempos de guerra. Es también nuestro deber moral como europeos". Estas palabras que hoy mismo ha pronunciado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, contrastan con el tono cada vez más duro que desde la capital comunitaria se impone en torno al drama migratorio.

En 2015, los europeos impulsaron el experimento de las cuotas de refugiados. Fue un fracaso. Visegrado llevó a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por obligarle a acoger a refugiados sirios. Los países rebeldes perdieron su demanda, pero aun así no asumieron su parte y les cerraron la puerta en seco. Grosso modo, el plan de reubicación concluyó dos años después con tan solo 28.000 personas trasladadas desde Grecia a Italia a otros Estados miembros. El acuerdo fijaba la cifra en 160.000.

¿Cambio de postura del tándem anti-inmigración?

Son muchos los que consideran que en el marco de la guerra con Ucrania, Hungría y Polonia, el eje anti-inmigración por antonomasia, han dado un giro de 180º en su política de puertas cerradas. Pero hay muchos matices. Los dos países han garantizado que acogerán a los refugiados víctimas de la invasión rusa.

"Tras la propaganda desatada por Rusia, me gustaría decir que Polonia ayuda a todos. A todas las personas que huyen de la guerra. Todos los refugiados del mundo independientemente de su país de origen. Tratamos a todos con dignidad y de forma igualitaria porque es como debería de ser: un trato humano y ayudar a todos los refugiados que huyen de la guerra", señalaba recientemente Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco. "Todos aquellos que huyan de Ucrania encontrarán un amigo en Hungría", apuntó el primer ministro Víktor Orbán.

Pero lo cierto es que este movimiento viene propiciado por dos componentes: ambos países tienen frontera con Ucrania, por lo que están viviendo el drama en sus propias carnes. De hecho, a Polonia ya han llegado más de 580.000 y a Hungría más de 100.000, según cifras oficiales. Y, además, a diferencia de nigerianos, sirios o libios, ven a los ucranianos como uno de los "suyos".

Además, Budapest y Varsovia quieren ayudar al pueblo ucraniano de forma temporal y limitada. La Directiva contempla un máximo de tres años. De hecho, eran reacios a activarla para no sentar un precedente ni un efecto dominó. Sus posturas en el ámbito migratorio no han cambiado: ven la inmigración como una amenaza para sus valores tradicionales y ultranacionalistas. Además, Orbán afronta unas elecciones el próximo mes que podrían derrocarle y no va a dar puntada sin hilo en esta dirección.