La Fiscalía ha solicitado la busca y captura de Carles Puigdemont, presidente de la Genertalitat cesado, y cuatro de sus consejeros, también destituidos, ya que ninguno se han presentado este miércoles a declarar en la investigación abierta contra ellos por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos y permanecen en Bélgica.

En concreto, el ministerio público ha solicitado a la juez central de instrucción 3, Carmen Lamela, que dicte una orden de busca, captura y detención nacional e internacional contra Carles Puigdemont, así como Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), quienes hasta este jueves permanecen en Bélgica.

La Fiscalía constata que todos ellos se encontraban en Bélgica, por lo que solicita además a la juez que curse una orden europea de detención contra ellos.
Sí que han comparecido ante la Audiencia Nacional el resto del Govern que declaró la independencia de Catalunya: el vicepresidente cesado Oriol Junqueras y los consejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Santi Vila (Empresa), Meritxell Borrás (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia) y Dolors Bassa (Trabajo).

Todos ellos permanecen a la espera de que la juez resuelva la petición fiscal del ingreso en prisión incondicional, a excepción de Vila para el que el ministerio público ha pedido prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

El expresident catalán Carles Puigdemont durante su comparecencia ante los periodistas en el Press Club Brussels Europe, en la capital belga, el pasado 31 de octubre. REUTERS/Yves Herman Eñ ex

Los jueces belgas tendrán ahora dos alternativas cuando reciban la orden de detención europea: tomar declaración a Puigdemont o bien aceptar su traslado temporal, cuyas condiciones de traslado se determinarán por las dos autoridades judiciales.

Por lo tanto, Carles Puigdemont y sus cuatro consejeros serían entregados de manera temporal a la Audiencia Nacional en aplicación del artículo 8 de la ley que regula la orden europea de detención.

Lo habitual es que el procedimiento dure diez días, si el investigado está conforme. En caso contrario, se prolonga hasta dos meses e incluso hasta tres meses cuando con causa justificada la justicia no pueda resolverlo antes.

A estos 90 días habría que sumar otros 10 para ejecutar la orden, por lo que el procedimiento culminaría en marzo de 2018.

La orden europea de detención y entrega es un sistema ágil basado en la cooperación judicial y que sustituye en la UE el tratado de extradición, que en el caso de España y Bélgica está vigente desde el 1 de enero de 2004 sobre la base del principio de reconocimiento mutuo.

Todo apunta a que Puigdemont se apresta a presentar batalla para prolongar este proceso en el tiempo y presentarse ante Europa y sus conciudadanos como una presidente en el exilio.

Dado el calendario, el inicio del proceso sobre la entrega de Puigdemont se celebraría en Bélgica en plena campaña electoral del 21 de diciembre, convocada por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución y al que se presenta el PDeCat.

La estrategia defensiva de Puigdemont se basa en argumenta que los delitos de rebelión y sedición por el que es investigado en la Audiencia Nacional no existen en el Código Penal belga, tal y como está esbozado en la querella de la Fiscalía. Esto que, que no existe una doble incriminación, a excepción del delito de malversación del que también está acusado.

La orden europea de detención elimina la posibilidad de que el Estado de ejecución deniegue la entrega porque los hechos no están tipificados como delitos en su legislación cuando la ley penal española prevea pena de cárcel de más de tres años. Y excluye la exigencia de la doble incriminación a una lista de 32 delitos comunes donde no figura la rebelión (organización delictiva, terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de los niños y pornografía infantil, tráfico de drogas y armas, corrupción –donde entraría la malversación-, fraude que afecte a los intereses financieros europeos, blanqueo, homicidio, secuestro, robos a mano armada, estafa, chantaje, violación…).

El Código Penal belga contempla el delito de rebelión en su artículo 269, que define como “cualquier ataque, cualquier resistencia con violencia o amenazas” a autoridades y funcionarios así como “oficiales o agentes de la policía administrativa o judicial, que actúan para la ejecución de las leyes, órdenes u ordenanzas de la autoridad pública, los mandatos de la justicia o los juicios”.

Paul Bekaert, el abogado belga del expresidente catalán Carles Puigdemont, en la entrada de sus oficinas en la localidad belga en Tielt. REUTERS/Yves Herman

En este tipo de artículo entrarían los hechos de Barcelona del 20 y 21 de septiembre, cuando una multitud rodeó la consejería de Economía mientras una comisión judicial practicaba un registro, así como la celebración del referéndum del 1 de octubre, si prospera el planteamiento de la Fiscalía en el que acusa a Puigdemont de rebelión por “imponer la fuerza de la muchedumbre” y cuando sabía que habría “actos de violencia” el 1 de octubre, al convocar el referéndum independentista prohibido por el Tribunal Constitucional.

El abogado belga Paul Bekaert, contratado por Puigdemont, es especialista en ganar estos pleitos para miembros de ETA sobre la base de una hipotética vulneración de los derechos fundamentales en caso de entrega a España. Su estrategia defensiva pasará por presentar a Puigdemont como víctima de una persecución por sus ideas políticas –esto es, una supuesta violación de sus derechos-, así como por definir las cargas policiales del 1-O como otra violación de derechos fundamentales.

El artículo 104 del Código Penal Belga castiga la rebelión con 20 a 30 años de cárcel como un intento de destruir o cambiar la forma de gobierno, la sucesión al trono o hacer que los ciudadanos se “levanten en armas”.

Puigdemont se ofreció a declarar por viodeconferencia ante la Audiencia Nacional, pero este tribunal no aceptó este método que recientemente también denegó a Mariano Rajoy, quien debió de comparecer como testigo en el juicio del caso Gürtel.