Pablo Iglesias y su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, han presentado en la Audiencia Nacional sus respectivos escritos de acusación en el llamado caso Dina, sobre el robo del teléfono de Bousselham, en 2015, y la difusión posterior de parte del contenido de la tarjeta del móvil, a partir de julio de 2016. 

Ambos piden cuatro años de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros tantos para cada uno de los dos periodistas procesados: Alberto Pozas, director de la extinta revista Interviú, y Luis Rendueles, exsubdirector del mismo medio. 

Iglesias y Bousselham, perjudicados en el caso Dina, pieza separada de la macrocausa Tándem o caso Villarejo, acusan a los periodistas de haber entregado el contenido de la tarjeta de la exasesora al comisario Villarejo y a este de haberlo distribuido a OKdiario, de Eduardo Inda, que publicó parte de unos chats incluidos en la memoria del móvil.

El móvil fue robado el 1 de noviembre de 2015 y poco después la tarjeta de memoria mini SD de la marca Samsung llegó a la revista Interviú, donde los periodistas acusados descargaron el contenido y lo examinaron, consta en el escrito de Iglesias y Bousselham, "visionando fotos entre las que las hay de contenido muy íntimo" y teniendo acceso no solo a esas imágenes sino también "al resto de material procedente de su intimidad personal y familiar, sin interés informativo público alguno, no alertando de lo que claramente es el robo de una tarjeta de un teléfono móvil (o su copia), ni tampoco contactando con Doña Dina, claramente propietaria de esa información y fotografías". 

Los dos escritos de acusación relatan la secuencia temporal, una vez que los responsables de la revista deciden que no se puede publicar nada relacionado con el contenido del móvil, a través de las anotaciones de las agendas de Villarejo, donde constan las supuestas reuniones con estos dos periodistas. 

Los periodistas de Interviú han declarado ante el juez que entregaron el contenido de la tarjeta de Dina Bousselham a Villarejo porque el comisario se lo requirió verbalmente de cara a elaborar un informe policial. 

Pero Pablo Iglesias indica que "no existe requerimiento oficial alguno a los Sres. Pozas y Rendueles, ni policial, ni judicial, ni consta entrega alguna con diligencia de constancia, con identificación de expediente policial, investigación judicial y/o policial, ni se produce en dependencias oficiales". 

La Policía encontró los archivos en el registro de la casa de Villarejo en noviembre de 2017, cuando fue detenido.

Pablo Iglesias solicita 1.000 euros a los tres acusados por los "daños morales, por los perjuicios, molestias y sufrimientos causados".  Y Bousselham pide 6.000 por el mismo concepto.

Por otro lado, el juez Manuel García Castellón, que lleva la investigación del caso Villarejo, ha perdido la batalla de que los juzgados de Madrid averigüen si Dina Bousselham cometió falso testimonio y un delito de denuncia falsa en relación al robo de su móvil. El Juzgado de Instrucción 12 de la capital ha rechazado la pretensión del juez. García Castellón también intentó imputar, sin éxito, a Pablo Iglesias en la causa por considerar que el exlíder de Podemos retuvo en su poder la tarjeta, una vez que se la entregó el propietario de la revista Interviú, Antonio Asensio.