Pese a los intentos del Grupo Parlamentario Popular para hacerse con la presidencia de la Comisión de Seguimiento del Pacto contra la Violencia de Género, en un principio casi con la aquiescencia del PSOE para evitarse líos internos, serán los socialistas quienes lleven las riendas de dicha comisión, mientras que la vicepresidencia corresponderá a Unidos Podemos.

Así se acordó hace unos días, con muchos meses de retraso, y la Comisión se constituirá formalmente el próximo miércoles para iniciar de forma inmediata sus trabajos que consistirán en velar por el cumplimiento de los acuerdos incluidos en el Pacto.

Lo sorprendente es que el PSOE todavía no ha decidido que persona de su grupo presidirá la comisión, un nombre que no se conocerá hasta este lunes, tras las respectivas reuniones de la Ejecutiva Federal y la dirección del Grupo Parlamentario.

Sobre este asunto hay cierta polémica, ya que no está claro que será la portavoz de la Comisión de Igualdad, Ángeles Álvarez, quien esté al frente de la misma, como parecería lo lógico ya que la diputada ha sido la gran impulsora de los acuerdos del Pacto contra la Violencia de Género.

El motivo que no ocultan varios diputados es que Álvarez tuvo una participación muy activa en las primarias a la Secretaría General del PSOE en favor de la presidenta andaluza, Susana Díaz. Y, aunque no fue sustituida como portavoz en la Comisión de Igualdad, su protagonismo tanto en Ferraz como en el mismo Grupo Parlamentario ha decaído mucho desde entonces.

Fuentes de la dirección del grupo rechazaron esta lectura, e indicaron que se está buscando la persona que pueda desempeñar mejor este trabajo, y no descartaron que fuera la propia Álvarez. Dichas fuentes apuntaron que lo más importante es que haya habido acuerdo para que sea el PSOE quien presida la comisión, ya que se consideraba un auténtico escándalo que el PP pretendiera hacerse con las riendas de la misma para controlar a su propio Gobierno y para mostrarse exigente en cuanto a la ejecución del pacto.

El PSOE quiere que la comisión se convierta en un importante instrumento para impulsar la puesta en marcha de las medidas acordadas en el pacto que, en su mayoría, siguen paralizadas, pese a los meses que han transcurrido desde su aprobación.

Además, también se exigirá desde este órgano que el Gobierno cumpla lo acordado y presupueste los 200 millones para luchar contra esta lacra, y rectifique la jugada hecha en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, donde sólo figuran 80 millones y el resto pretenden derivarse al sistema de financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.