La Mesa del Congreso, con los votos del PP y Cs, ha ratificado hoy el veto del Gobierno a la Ley de Vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que fue registrada con la firma de los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC y Mixto.

La Constitución otorga al Ejecutivo la prerrogativa de oponerse a la tramitación de aquellas iniciativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios.

En el caso de esta proposición de ley, el Ejecutivo calcula que tendría un sobrecoste presupuestario cercano a los 90.000 millones de euros para los próximos diez años.

Los grupos proponentes tienen intención de presentar un recurso de reconsideración a la Mesa.

La iniciativa bloqueada incluye varias medidas destinadas a pinchar la llamada burbuja del alquiler, reforzar el parque público de pisos, combatir la pobreza energética e implantar la dación en pago retroactiva.

El diputado de En Podem Comú y secretario tercero de la Mesa del Congreso, Marcelo Expósito, ha criticado la actitud del Ejecutivo y del PP y Cs que han avalado el veto, cuando se trataba de una proposición que intentaba saldar una "deuda" que se viene arrastrando desde décadas con el conjunto de la ciudadanos.

Su compañera de grupo parlamentario Lucía Martín ha denunciado que el Gobierno acumula ya casi 60 vetos en la Mesa en un "intento de secuestrar la democracia" que refleja el "bipartidismo" por parte del PP y Cs.

También ha criticado el veto del Gobierno el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que ha expresado su preocupación porque el Gobierno esté "castrando" la capacidad de legislar del Parlamento.

Desde la PAH, Luis San Martín, también ha denunciado que el PP y Cs pretendan "secuestrar" la democracia y quieran convertir el Congreso en su "coto privado de negocio".

Para San Martín, su ley es un "referente" internacional como demuestra a su juicio, que el relator de vivienda de la ONU la haya situado como un ejemplo para que otros países de la UE sigan su camino en políticas sociales.

Además de este veto, la Mesa del Congreso ha avalado otras dos escritos del Gobierno que se oponen a la tramitación parlamentaria de dos iniciativas de la oposición sobre bomberos forestales y oficialidad de las lenguas distintas del castellano.