Feijóo eleva la presión sobre Mazón y condiciona ahora su futuro a la investigación judicial

Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro esta semana que el futuro de Carlos Mazón ya no depende del éxito de la reconstrucción sino de lo que vaya trascendiendo de la investigación judicial abierta. Un giro en el argumentario de los populares, que hasta ahora insistían en que el president de la Generalitat estaba en manos de si los valencianos aprobaban o suspendían su gestión de la recuperación de la provincia de València. El último auto de la jueza de Catarroja es tan duro con el papel de la Generalitat en la tarde del 29 de octubre que el presidente nacional del PP ha elevado la presión sobre Mazón. 

"Los muertos en València necesitan que los políticos asumamos responsabilidades", ha dicho este viernes Feijóo, apuntando directamente a la causa judicial abierta. "Quiero saber qué pasó, quiénes fueron los responsables y que se investigue hasta el final", añadió. Preguntado por los periodistas sobre qué tendría que ocurrir para que decidiera romper del todo con Mazón y retirarle públicamente su apoyo para seguir como president de la Generalitat, Feijóo señalado que "la línea de investigación va a seguir y mientras no haya novedades al respecto", dijo, no va a "improvisar respuestas que no tengan calado ni contenido ni siquiera un mínimo de reflexión". "Vamos a investigar y saber lo que ha pasado".

Feijóo ya dejó caer esta idea este jueves durante una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa en la que solo quería hablar de defensa pero, como les viene ocurriendo a los populares desde hace meses, hubo preguntas sobre Mazón. En concreto, si seguía considerando que debe seguir en el puesto. "Dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos", respondió. "Los hechos es que hay un auto que imputa a una ex consejera de un gobierno y a un ex director general. Esos son los hechos. Por consiguiente, la forma es la garantía de las cosas. Todo en su momento. Y de momento no hay ninguna novedad que me haga cambiar de posición", añadió.

Lo cierto es que la jueza del juzgado de Catarroja le ha ofrecido a Mazón que declare voluntariamente como investigado —una vez solo Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia podría imputarle— y el president lo ha rechazado.

La presión creciente de Feijóo sobre Mazón se debe a que en las últimas semanas, a medida que avanza la instrucción del caso de la DANA, el PP ha comprobado que la crisis política solo va a más día a día y que torpedea su estrategia de oposición. Tanto es así que Génova incluso ha tratado de mover de ciudad el congreso del Partido Popular Europeo previsto a finales de abril en València para no empañar la cumbre. El PPE, finalmente, ha decidido seguir adelante con los planes para no hacer frente a los costes de cambiarlo.

En las filas populares también empieza a inquietar que Feijóo no mueva ficha de manera más contundente, pero, como ya contó este periódico, no tiene intención de hacerlo de forma inmediata y confía en que llegue el momento en el que sea Mazón quien quiera poner fin a su desgaste político, pero también personal.

Además, el PP teme nuevas revelaciones sobre la implicación del jefe del Consell en las decisiones —o la ausencia de ellas— que se tomaron la tarde de la DANA que comprometan aún más a su presidente autonómico. Especial relevancia tendrá la declaración de la exconsellera responsable de Emergencia, Salomé Pradas. De ella dependerá que la jueza Nuria Ruiz Tobarra pida al TSJ que investigue a Mazón. Un paso que sería definitivo para que Génova pidiera a Mazón su dimisión.

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Samuel Martínez

En la causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja se investigan como homicidios imprudentes las 226 muertes provocadas por las riadas en València. La jueza, en distintos autos, ha determinado ya que la mayoría de los fallecimientos se produjeron antes de que se enviara la alerta a la ciudadanía y que ésta fue "tardía" y errada en su contenido; además, considera que el mando único de la emergencia era de la Generalitat.