La "oposición frontal" de la CEOE a la simplificación contractual defendida por la Vicepresidencia de Trabajo en el marco de la derogación de la reforma laboral responde más a una fase "ordinaria y habitual" de las negociaciones que a un golpe sobre la mesa que pueda cambiar el rumbo que hasta este momento habían tomado las negociaciones. Así lo consideran en Trabajo y así lo corroboran fuentes del diálogo social, después de la última reunión, celebrada este miércoles entre Gobierno, sindicatos y empresariado.

Tras meses de negociación, en la que las diferentes partes habían abordado buena parte de las reformas que se quieren acometer en materia de modernización del mercado de trabajo, el empresariado trasladó en este encuentro su "oposición frontal" a las medidas propuestas por el equipo de Yolanda Díaz, unas reformas que tildaron de "ideológicas" y que, advirtieron, pueden lastrar el mantenimiento y crecimiento de un tejido productivo que llega tocado por la pandemia del coronavirus.

La principal crítica de los empresarios es contra la simplificación contractual que la Vicepresidencia Tercera de Trabajo quiere acometer como vía para acabar con la precariedad y la temporalidad del mercado laboral. En concreto, el Gobierno plantea reducir las modalidades contractuales que hay en la actualidad a, básicamente, tres tipos de contrato: indefinido, temporal justificado y de formación.

La vicepresidenta tercera ha apuntado directamente a los contratos de obra y servicio, al entender que su formulación actual es una puerta abierta al fraude contractual que lamina cualquier aspiración a crear empleos de larga duración y adecuadamente remunerados.

Aunque la propuesta está negociándose en el diálogo social y no es definitiva, el objetivo de Trabajo no pasaría por eliminar directamente todas las modalidades de contratos temporales, sino por reducirlas y, sobre todo, por exigir una justificación exhaustiva de su utilización en casos determinados; es decir, que si una empresa acude a este tipo de contratación que sea realmente porque las necesidades obligan, bien sea por cuestiones de la producción (como cubrir una baja) o por cuestiones de organización (responder a picos de demanda).

A juicio de la CEOE, estas propuestas lastrarían el dinamismo del mercado laboral en un momento muy complicado para las empresas, sobre todo porque, defienden, este tipo de contrataciones son la "única" vía de entrada al mercado laboral que tienen determinados colectivos, como los jóvenes. El objetivo de Trabajo, en cambio, es precisamente cambiar esa entrada de este colectivo al mercado para que haya una serie de condiciones que garantizan que los trabajos creados son estables y no están precarizados.

La experiencia de la ley 'rider'

El viraje de la patronal y su oposición frontal a las propuestas de Díaz no han pillado por sorpresa a la Vicepresidencia de Trabajo. Fuentes del diálogo social explican que este movimiento responde más a una fase más o menos habitual del diálogo social que a un golpe sobre la mesa con capacidad para resetear las negociaciones. En este sentido, recuerdan que han tenido lugar procesos parecidos en negociaciones complejas, como la de la denominada ley rider.

En esa mesa de diálogo, después de varios meses de negociaciones, la patronal se plantó y no solo defendió una oposición frontal a las medidas propuestas, sino que incluso avanzó que se plantaba y que no negociaría nada más. Sin embargo, después de varias reuniones sin avances, los tres actores implicados (Gobierno, patronal y sindicatos) desencallaron las negociaciones y avanzaron en un acuerdo que posteriormente sirvió al desarrollo de la legislación sobre plataformas digitales (un acuerdo que recogió el problema de los falsos autónomos y que reguló, por vez primera en Europa, el acceso de los trabajadores y sus representantes a los denominados algoritmos).

En este caso, el empresariado ha manifestado su desacuerdo con las propuestas que se llevan meses trabajando, pero también ha avanzado que seguirá en las negociaciones de la mesa que aborda la modernización del mercado laboral. El aviso de la CEOE respecto a la reforma laboral llega después del posicionamiento a favor de los indultos que adoptó el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, una posición que no es compartida por la totalidad del empresariado y que ha traído polémica.

La vicepresidenta de Trabajo ha dejado claro en varias ocasiones que, aunque la prioridad es que el acuerdo llegue de la mano del diálogo social y con el máximo consenso posible, no renunciará a la derogación de la reforma laboral si la CEOE decide romper las negociaciones ya que eso, ha defendido Díaz, supondría otorgarle un derecho a veto a la patronal que desequilibraría el diálogo social.

Reducir la jornada laboral para evitar despidos

La propia vicepresidenta se ha comprometido a alcanzar un acuerdo antes de final de año en esta materia y, de hecho, ha avanzado que acudirá a Congreso de los Diputados a dar explicaciones si esto no sucede.

Desde la Vicepresidencia de Trabajo recuerdan que la simplificación contractual propuesta está avalada por la Unión Europea como mecanismo para acabar con la temporalidad y la precariedad, aunque también son conscientes de que los compromisos con Bruselas se refieren más a las cuestiones genéricas para atajar los problemas del mercado laboral español (paro juvenil, precariedad, temporalidad…) que a los mecanismos concretos para atajar estos problemas, unos mecanismos que deben salir de las negociaciones en el seno del diálogo social.

Durante la reunión del miércoles, el Ministerio de Trabajo también trasladó su propuesta sobre el denominado Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), lo que se traduciría como la extensión del mecanismo de los ERTE en un contexto estructural y no coyuntural como el de la pandemia. 

En este sentido, el departamento dirigido por Díaz propone reducir la jornada de los trabajadores en contextos de complejidad económica que impidan o limiten la actividad de las empresas como alternativa al despido para evitar la destrucción de empleo (una de las fallas del mercado laboral español es la enorme destrucción de puestos de trabajo que se produce en contextos de crisis económica, muy por encima de la media de otros países europeos).

En este sentido, las empresas que se acogieran al Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo deben hacerlo a través de una justificación objetiva y precisa y quedarán condicionadas, como sucedía en los ERTE, a cumplir con una serie de requisitos (se tienen que comprometer, por ejemplo, a mantener el empleo de las personas afectadas por la reducción de la jornada laboral). Además, como también sucede con los ERTE, los trabajadores tendrán prioridad en las capacitaciones y actividades formativas para el empleo que ponga en marcha el Estado.

Este mecanismo se nutriría de excedentes de cotización por desempleo, aunque para su puesta en marcha inicial podría contar con otras fuentes de financiación, como los fondos europeos de reconstrucción.

Para los sindicatos este es un tema esencial y confían en que haya acuerdo antes de final de año, con o sin la patronal, como se ha comprometido la vicepresidenta de Trabajo.