MADRID.- Era la x en la ecuación del programa económico de Podemos, y hoy queda despejada. El partido de Pablo Iglesias quiere plantear una renta básica de 7.500 euros al año por persona, y de 2.250 euros para los menores de edad. Así lo recoge el documento Propuesta de programa económico, La reforma fiscal que España necesita, al que ha tenido acceso Público, y que será desglosado en un par de entregas, antes de la publicación del programa marco del partido el próximo martes. Fuentes de Podemos aseguran que el texto, firmado por el Círculo de Economía, Ecología y Energía (3E) constituye el “proyecto de programa” fiscal de la formación, mientras que la dirección estatal asegura que en el documento final no necesariamente tendrán cabida todas las ideas expuestas en este texto de 44 páginas. 

El documento del 3E —uno de los círculos sectoriales con más peso en la toma de decisiones de la formación— no da una estimación sobre el número de beneficiarios de esta renta básica ni aclara cuál será su coste, pero sí defiende su implementación “durante la legislatura, una vez constatada la efectiva recaudación de los recursos que han de generar las modificaciones del sistema tributario propuestas”. Es decir: una vez hayan verificado la efectividad recaudatoria de sus medidas antifraude, otro de los ejes de su programa fiscal.

Junto con la auditoría de la deuda, la renta básica ha sido una de las propuestas más polémicas de la formación, y hoy el Círculo 3E se apoya en los recientes trabajos de los profesores Jordi Arcarons, Antoni Domènech, Daniel Raventós y Lluís Torrens para defender la viabilidad de esta medida, que “en ningún caso incrementará la tributación actual de las rentas salariales bajas y medias”. En lo que respecta a la otra cara de la moneda, la auditoría de la deuda, el texto es aún más parco en detalles y avanza que la deuda pública será auditada anualmente, “para asegurar que el gasto que financia responde a una asignación equitativa y eficiente de los recursos públicos”. También avanza que la deuda “declarada ilegítima determinará la exigencia de las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar”.

Subida del IVA

El partido estudia aumentar el IVA superreducido del 4% al 5%   —pasaría a llamarse reducido—, “para los bienes y servicios que suponen necesidades básicas”. El tipo general también subiría un punto, del 21% al 22%, para proporcionar “una mayor recaudación que permitiría contribuir a financiar el coste de los programas de lucha contra la pobreza, pero sobre todo mejoraría el impacto redistributivo del impuesto”, asegura el texto.

El documento abre la puerta a la introducción de nuevos tramos de IRPF “para garantizar la progresividad y evitar los indeseables saltos en los tipos marginales”, y aboga por eliminar la compensación entre rendimientos y “los gastos fiscales incluyendo la desgravación por tributación conjunta” o las deducciones de vivienda.

“Unidad central de inspección de grandes patrimonios”

“El fraude fiscal es la principal fuente de injusticias e ineficiencias”, reza el documento. Para ponerle freno, el Círculo 3E propone reformar la Carta Magna para “respaldar constitucionalmente la misión de la Inspección de los Tributos”. Así, los inspectores tendrían más facilidades para “acceder al domicilio de las sociedades mercantiles y a la sede de las empresas en el ejercicio de su función, superando la "indebida extensión de la inviolabilidad del domicilio de las personas físicas a entidades a las que difícilmente se les puede reconocer un derecho a la intimidad constitucional protegible”. Para introducir esta modificación Podemos no descarta abordar una reforma urgente de la Constitución “en un proceso similar al que determinó la modificación del artículo 135 en el verano de 2011, pero con la debida publicidad y debate parlamentario”.

El texto propone derribar la "indebida extensión de la inviolabilidad del domicilio de las personas físicas a entidades"

Otra de las medidas estrella en su lucha contra el fraude sería la creación de una “Policía Fiscal”, “de la que constituye su embrión los funcionarios de Vigilancia Aduanera”. A esta le seguiría la inauguración de una “unidad central de inspección de los grandes patrimonios ubicada en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), o “conformada por la acción coordinada de las Administraciones territoriales, funcionando en red con una base de datos única”.

En la batalla contra el “gravísimo cáncer” del fraude fiscal, Podemos estudia reforzar la AEAT reconociéndole legalmente “la competencia para investigar los delitos contra la Hacienda Pública”. También defiende dotarla de más medios personales y de un Estatuto básico que deje el nombramiento del director general en manos del Parlamento, ligándolo a la presentación de un contrato-programa de cinco años.

En resumen, el “proyecto de programa” de 44 páginas que obra en manos de este diario hace referencia a las propuestas fiscales de Podemos en el ámbito nacional, pero también menciona a las comunidades autónomas y a las “entidades locales”. El texto guarda coherencia con el documento base redactado por los profesores Vicenç Navarro y Juan Torres, presentado a mediados de noviembre, y aunque deja algunos cabos sueltos ya esboza las primeras medidas concretas de la formación, que dará más detalles el próximo martes.