El Ministerio de Trabajo quiere dedicar unos 800 millones de euros al empleo juvenil para tratar de acabar con la temporalidad, la precariedad y la ausencia de oportunidades laborales que sufre este sector en España. Así lo han anunciado la vicepresidenta tercera de Trabajo, Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, este viernes en una rueda de prensa en la que han desgranado las inversiones, objetivos y planes diseñados para transformar y actualizar las denominadas políticas activas de empleo.

Este martes el Consejo de Ministros dio luz verde a un fondo de más de 2.100 millones de euros que Trabajo quiere repartir entre las comunidades autónomas para impulsar la lucha contra el desempleo. El 28 de abril el Ejecutivo y las autonomías se reunirán en la Conferencia Sectorial de Empleo para ratificar este fondo y acordar su distribución territorial.

Lo que sí tiene claro el departamento dirigido por Yolanda Díaz, y así se lo ha trasladado a las comunidades, es que estas inversiones (reforzadas por los fondos europeos y superiores en más de un 35% a las que se aprobaron el año anterior) tienen que estar destinadas a varios "objetivos diana" que son prioridad para el Ejecutivo.

Uno de estos objetivos es la lucha contra el desempleo juvenil; en este sentido, Trabajo propone dedicar 600 de los 2.100 millones que se distribuirán entre las comunidades. La cifra total alcanzará los 800 millones a través de otras inversiones y planes distintos a los que previsiblemente se ratificarán el día 28 en la Conferencia Sectorial de Empleo.

Otro de los objetivos diana, al que también se dedicará una buena parte de estas inversiones, es la formación y recualificación de los trabajadores en ERTE. "El tiempo en ERTE se tiene que aprovechar para formar y para impulsar las posibles transiciones profesionales que se puedan dar", ha defendido el secretario de Estado de Empleo. En la actualidad, según ha anunciado el propio Pérez Rey, han recibido formación más de un millón de trabajadores en esta situación, sobre todo en competencias digitales.

La AIReF evaluará el gasto en políticas activas de empleo

De este dinero, 260 millones irán destinados al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA) y 82 millones para reforzar la red de orientadores que acompañarán la inserción en el empleo de desempleados, jóvenes y mujeres, una red que cuenta en la actualidad con 4.000 trabajadores y al que el departamento dirigido por Díaz quiere sumar 3.000 trabajadores más. Además, el objetivo, ha dicho la ministra, es el de mejorar las condiciones laborales de los orientadores y acabar con la temporalidad que sufren a través de su integración en las plantillas de los servicios públicos de empleo.

Desde Trabajo han destacado una de las grandes transformaciones que se quiere llevar a cabo en materia de políticas activas de empleo: su revisión y control (tanto de su eficacia, constatando que son eficaces para evitar la destrucción del empleo, como de la ejecución de los presupuestos consignados). En este sentido, han precisado que, como se había avanzado, una parte de la financiación destinada a las comunidades en esta materia (la ministra quiere que sea el 45%) estará condicionada a los resultados en materia de despliegue y ejecución de políticas activas, de manera que los territorios con peores datos serán más perjudicados en el reparto de los fondos.

Sin embargo, tanto Díaz como el secretario de Estado de Empleo, han insistido en que se tendrá en cuenta la especificidad de cada territorio "en todos los niveles" (no solo el autonómico), de manera que no habrá una sola vara de medir entre aquellas comunidades, provincias o comarcas que presentan diferencias, por ejemplo, en su grado de industrialización o en la fuerza de sus sectores productivos más desarrollados (elementos que se deberán tener en cuenta en la evaluación).

Este control, ha avanzado la ministra, no lo llevará a cabo el Ministerio de Trabajo ni el Gobierno de España (administraciones que también deberán someterse a la evaluación, como las comunidades), sino que será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la encargada de llevar a cabo este análisis y determinar cuándo ha habido un buen despliegue de políticas activas de empleo y cuándo no.