El PP ha logrado colocar a uno de los suyos como secretario general de la Cámara de Cuentas, el órgano que fiscaliza las cuentas del Gobierno andaluz. El elegido para ese puesto, que es clave para el buen funcionamiento de la Cámara porque tiene, entre otras, las funciones de ejecución de acuerdos, el asesoramiento jurídico y la jefatura de personal, es Francisco Gutiérrez. Llega al puesto directamente desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que dirige Carmen Crespo (PP).

Gutiérrez no es funcionario, es doctor y profesor de Derecho y lleva desde el año 2005 –con pequeños parones– en diversos cargos, siempre a propuesta del PP: primero fue consejero del Consejo Audiovisual de Andalucía, después adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz y antes de entrar en el Gobierno fue también miembro del Consejo Consultivo de Andalucía.

Para ser nombrado, en un plenario este jueves, ha hecho falta el voto de calidad de la presidenta de la Cámara, Carmen Núñez, porque se ha producido un empate. Junto a Núñez, han votado a favor de Gutiérrez los dos consejeros nombrados a propuesta del PP y en contra los dos propuestos por PSOE y Adelante Andalucía. La consejera elegida a propuesta de Vox se ha abstenido, porque tenía reparos al no ser Gutiérrez funcionario.

Los tres consejeros que votaron en contra de Gutiérrez preparan ahora un voto particular porque consideran que el acto administrativo de su nombramiento es nulo de pleno derecho, ya que Francisco Gutierrez no es funcionario, lo que consideran un requisito esencial para el desempeño de las funciones propias del cargo de secretario general.

Según un profuso y documentado informe jurídico del 25 de febrero de 2020, firmado por la letrada jefe de la Cámara de Cuentas, "no cabe duda que las funciones públicas de secretaría, en su doble vertiente, de asesoramiento y fe pública, implican el ejercicio de potestades públicas […] deben estar reservadas a funcionarios públicos, en garantía de las notas de objetividad, imparcialidad e independencia".

El nombramiento de Gutiérrez se produce además después de que el PP y Ciudadanos reventaran el acuerdo al que habían llegado con el PSOE a principios de la legislatura para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria y asaltaran la institución, en la que colocaron a Núñez como presidenta, justo en el momento en que a los técnicos y consejeros les tocaba fiscalizar la etapa de Gobierno de Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Ciudadanos).

La Cámara de Cuentas, en la época de los gobierno del PSOE, cumplió su papel con cierta dignidad y emitió informes y elaboró trabajos que han acabado en los tribunales y que contribuyeron a poner el foco sobre la corrupción que se instaló en la Consejería de Empleo en los últimos años de gobierno de Manuel Chaves (PSOE).