El plan para ampliar las hectáreas de regadíos en el entorno de Doñana ya no es (solo) un choque entre la Junta de Andalucía y el Gobierno. Tampoco una batalla política más entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular le ha dado otra dimensión al asunto al colocarlo en el punto de mira a la Comisión Europea, que en las últimas horas les ha desmentido hasta dos ocasiones: ni hacen "campaña para Sánchez", como dijo el presidente del PPE Manfred Weber, ni el hijo del ministro Luis Planas "hace los papeles" de Bruselas que rechazan sus planes para Doñana.

Aún así, lo populares han cerrado filas en torno a Juan Manuel Moreno Bonilla, el barón más 'pesado' del PP—al menos hasta el próximo 28 de mayo—. Algo que no sucedió, por ejemplo, cuando Alfonso Fernández Mañueco pactó con Vox la implementación de un protocolo antiaborto en Castilla y León. Entonces, con una rapidez inusitada, Génova intervino para que Mañueco diese marcha atrás.

Pero en este caso los cálculos son otros. En el PP están convencidos de que a nivel electoral —el primer nivel a menos de un mes para las elecciones municipales y autonómicas— no les penalizará. Es más, afirman que en los municipios del entorno de Doñana (en la provincia de Huelva) y en otras localidades de Andalucía "preocupadas por la escasez del agua" incluso les reforzará. Acto seguido, preguntados por si el acelerón a la norma en el Parlamento andaluz a las puertas del 28M había sido una estrategia electoralista, lo niegan rotundamente. Es el Gobierno, dicen, quien lo está utilizando así porque la propuesta ya se había hecho, justifican.

Es cierto, la proposición de ley que legaliza hectáreas de regadío ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana se presentó en enero de 2022. Otro año electoral en el que Moreno Bonilla se hizo con la mayoría absoluta y logró frenar el ascenso de Vox en el campo, donde tiene uno de sus principales caladeros de voto. La pugna por la papeleta rural estuvo detrás del plan de Moreno Bonilla entonces y lo está también ahora, cuando los populares pretenden ganar Huelva, tanto el ayuntamiento como la Diputación.

Así, el PP nacional ha hecho seguidismo del presidente andaluz y ha asumido como propio su discurso sobre el plan para Doñana. Que no "toca" el parque —la ley con la que se pretende ampliar miles de hectáreas de regadío que secarían el ecosistema—, que es "dar respuesta a los problemas de las familias" o que, señala una fuente de peso en el partido, las medidas para hacer frente a la sequía "son siempre impopulares". Los populares se han erigido como defensores de los agricultores, aun poniéndose enfrente de la Comisión Europea, porque el voto rural tiene más peso que el medioambiental, calculan en Génova — "¿Ves a la gente preocupada por eso?", pregunta un diputado irónico— y tienen que darle la batalla a la extrema derecha.

Piden a Moreno "no ceder"

Eso explica también que algunos dirigentes de peso del partido defiendan que Moreno Bonilla no debería "cambiar nada" del proyecto de ley. "No cedería", apuntan fuentes populares una semana después de que el presidente andaluz se abriese a hacer cambios en el texto. "Lo que no quiere Juanma es una pelea con la Comisión", explica un miembro del PP nacional, pero "la propuesta está bien como está", matiza. Génova pretende ahora rebajar el choque con Bruselas para que no salpique mucho a Núñez Feijóo, con la sensación de que su mensaje ya ha calado entre los agricultores.

De eso van a ir las próximas cuatro semanas: de colar mensajes. El PP, que compite a izquierda y a derecha, tiene que hacerse fuerte frente a Vox si quiere que su presencia en gobiernos autonómicos y municipales sea lo más extraordinaria posible para que los pactos con la extrema derecha —más que asumidos dentro del partido—no arrastren a Feijóo. Por eso ha aprovechado también el debate sobre vivienda impulsado por el Gobierno —esta semana el Congreso aprobó la primera ley de vivienda en España— para agitar otras de las banderas de los de Santiago Abascal: el miedo a la okupación.

No existe una declaración de algún dirigente del PP en la que exponga las propuestas del partido para facilitar el acceso a la vivienda sin que centre buena parte de su discurso en la okupación. Así, los populares han ido desviando su argumentario en torno a la ley de vivienda: la principal crítica ya no es que topar los precios vaya a reducir la oferta de pisos, sino que la norma es "un chollo" para los okupas. Lo dijo el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, a inicios de semana y lo han ido repitiendo todos los dirigentes conservadores.

Sémper dijo también que "la okupación se ha incrementado un 50% en los últimos años", cuando, según datos del Ministerio del Interior publicados por Newtral y el diario El País, las denuncias por okupación disminuyeron en 2022. La primera vez en siete años. A pesar de los discursos alarmistas.