Este jueves ha comenzado la visita a España de los integrantes de la Comisión de Venecia (un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional) para fiscalizar la ley de amnistía. La petición fue realizada en diciembre por la Mesa del Senado, donde el PP cuenta con mayoría. Los informes de este órgano no son vinculantes.

Pero los populares quieren exprimir al máximo su estrategia de internacionalizar la medida que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez para terminar de desinflamar el conflicto de Catalunya. A tenor de las declaraciones de los presentes, los expertos no han entrado en cuestiones políticas de fondo de la ley sino más técnicas o jurídicas. 

La visita del grupo de expertos ha comenzado este jueves por la mañana y se extenderá hasta el viernes. En primer lugar se han reunido con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Según se han limitado a informar fuentes gubernamentales tras el encuentro, el ministro les ha ofrecido toda la colaboración que necesiten para llevar a cabo su trabajo.

"Es una gran oportunidad para explicar la importancia de la ley de amnistía para abrir una nueva etapa de entendimiento y su plena conformidad con la Constitución y el Derecho de la UE. El Gobierno sigue trabajando en favor de la convivencia y la concordia en Catalunya", ha destacado el Gobierno. 

Posteriormente, la Comisión de Venecia se ha desplazado hasta el Congreso de los Diputados. Allí se ha reunido con algunos integrantes de la Comisión de Justicia, espacio donde se comenzó a tramitar parlamentariamente la ley de amnistía. Allí tendrá que volver en unos días después de que Junts decidiera votar en contra en el Pleno celebrado la semana pasada. 

La movilización del PP ha sido total, con varios integrantes de peso en el partido como su secretaria general, Cuca Gamarra, el portavoz
en el Congreso, Miguel Tellado, la portavoz adjunta, Cayetana
Álvarez de Toledo y la portavoz de Justicia, María Jesús Moro. Ha sido Álvarez de Toledo la encargada de ofrecer declaraciones a los medios. 

En la tónica habitual del PP, la diputada ha señalado que la ley de amnistía "es una transacción corrupta incompatible con la Constitución Española y con el derecho europeo". Álvarez de Toledo ha insistido en que "no es un asunto interno español" ya que "condenaría" no solamente a España sino también a Europa. "Lo que está en juego no es la convivencia entre catalanes, o entre catalanes y españoles, sino la vigencia del Derecho en España y por tanto la vigencia del Derecho en Europa", añadió. 

Por parte del PSOE, el diputado Francisco Aranda, portavoz de Justicia, ha afirmado que su grupo estaba encantado de recibir a la Comisión y explicar la postura. "Hemos intentado explicar la conveniencia de esta ley, impecable, sólida y constitucional y que viene a resolver una problema político". El diputado socialista ha destacado el objetivo de 
"desjudicializar la política" y considera que los expertos se han llevado una "buena sensación" de sus explicaciones.

El diputado socialista ha defendido en la reunión, celebrada a puerta cerrada, la prevalencia del Estado de Derecho "frente a aquellos que de manera reiterada dibujan una realidad que no existe". "El Estado de derecho está más fuerte que nunca", ha manifestado. 

"Lo que les hemos pedido es que nos den el tiempo suficiente para que llegue toda la documentación más técnica y más jurídica que avale que esta amnistía es constitucional, que está amnistía tiene garantía dentro del marco europeo y que lo que nosotros queremos es que acabe siendo una amnistía integral", ha destacado por su parte el portavoz de Justicia de Junts, Josep María Cervera. 

Para ERC, según su diputada Pilar Vallugera, los integrantes de la Comisión de Venecia "han sido absolutamente neutrales y han escuchado algún mitin". La parlamentaria republicana ha apuntado que los expertos estaban preocupados sobre todo "por temas de separación de poderes y por temas de procedimiento". Algo que, a juicio de Vallugera, ha quedado "muy claro" ya que la tramitación de la ley de amnistía no está afectando a la separación de poderes. 

Fuentes de Sumar señalan que su grupo se ha centrado en la justificación política de la ley y el encaje de la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico y en el marco europeo. También se ha puesto encima de la mesa el precedente de las amnistías fiscales. Según las fuentes consultadas, desde la Comisión de Venecia se manifestó el interés más por la cuestión técnico-jurídica que por la política.

Para las fuentes consultadas, los discursos de PP y Vox dentro de la reunión fueron "los esperados", mencionando conceptos como "golpe de Estado", "asalto al poder judicial", "terrorismo" o "compra de votos a cambio de la investidura". Es decir, "exactamente igual que las intervenciones del pleno", según estas fuentes. 

Las fuentes consultadas confirman que los expertos de la Comisión no han entrado a valorar su contenido, ni han pedido detalles sobre todo lo relacionado con delitos de terrorismo. Su vicepresidente, el jurista holandés Martin Kuijer, ha dejado claro a los diputados que su función no es valorar la idoneidad de la futura ley sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación.

La gira de los expertos de la Comisión de Venecia ha continuado por la tarde con cuatro asociaciones judiciales y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte. Según fuentes consultadas, los expertos se han limitado a tomar nota de las posiciones de las asociaciones sobre la amnistía, así como de otros asuntos que les preocupan como las comisiones de investigación sobre el lawfare o la hipotética reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Luego han acudido al Senado para reunirse con su presidente, Pedro Rollán, y los grupos parlamentarios. Este viernes será el turno de una reunión con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde Pumpido.