El Partido Popular ha registrado este martes una Proposición de Ley para reformar el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual. Se trata de dos modificaciones que endurecerían las penas en los supuestos de delitos cometidos por dos o más personas, en donde los jueces vean prevalimiento (como en el caso de la Manada), y en los supuestos de la utilización de sumisión química para anular la voluntad de la víctima. Con esta modificación, estos delitos pasarían de ser considerados abusos, como ocurre en la actualidad, a ser considerados agresiones (violación), lo que supone un endurecimiento de las penas.

Hasta el momento, el Código Penal reconoce que estos dos tipos de delitos son agresiones sexuales siempre que se demuestre que fueron cometidos con violencia e intimidación. Esta modificación obligaría a jueces y magistrados a considerarlas como agresiones sexuales y no interpretarlas como abusos. Según la propuesta del Partido Popular Esta modificación se traduciría en que si la agresión se produce con violencia o intimidación, mediante la anulación de la voluntad por la sumisión química, o por la actuación conjunta de dos o más personas, lleve aparejada la pena de seis a doce años de prisión que ya recoge el Código Penal en su redacción actual.

Para el Partido Popular, con esta modificación quedaría claro que si el "acceso carnal se produce con violencia e intimidación o mediante la anulación de la voluntad por sumisión química o por la actuación conjunta de dos o más personas, no quepa duda de que se contempla la violación y esta lleve aparejada la pena de prisión de seis a doce años que ya recoge el artículo 179 [del Código Penal] en su redacción actual", tal como reza su proposición.

María Jesús Bonilla, portavoz adjunta del PP, ha explicado esta mañana que su grupo estaba "esperado un tiempo prudencial" antes de registrar esta proposición por si el Gobierno actuaba en esta materia, y afirmó que llevan trabajando en ella "desde antes del caso de 'La Manada'". La conservadora sostiene que esta Ley se hace con la intención de "dotar de instrumentos más eficaces" a jueces y tribunales y va "dirigida a todas las personas con independencia de su condición sexual, su edad y su género" aunque recalca que "desgraciadamente, esto lo sufren mayoritariamente mujeres y niños".

Bonilla ha recalcado que esta modificación "es justa" y que  pone el foco "en el agresor". En la misma línea se ha expresado la portavoz 'popular', Dolors Montserrat, que ha defendido que esta propuesta es "en favor y defensa de las víctimas". Desde el Partido Popular esperan que, al menos, se entre a debatir esta proposición en el Pleno del Congreso, aunque aseguran que están dispuestos a estudiar las enmiendas de los demás grupos.

Si bien el texto presentado por el Partido Popular hace referencia a los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de delitos contra la libertad sexual, y expresamente al Convenio de Estambul, el texto sigue manteniendo la diferenciación entre abusos y agresiones sexuales y no pone en el centro del debate el consentimiento, tal como exige el tratado. 

Tampoco tiene en cuenta las deliberaciones que están teniendo lugar en el grupo de expertos Comisión General de Codificación, que llevan meses debatiendo la modificación revisando la posibilidad de modificar el Código Penal en relaci´n a los delitos de libertad sexual. Según las últimas informaciones, esta comisión se decantaría por eliminar la distinción entre abuso y agresión y aunarlos en una única categoría de "violación". 

El asado mes de julio, Unidos Podemos registró también en el Congreso una proposición de Ley integral que propone un cambio de paradigma sobre las agresiones sexuales para que no sean tratadas como un problema individual, sino como un tema social y en las que el consentimiento sea el centro del debate. Por su parte la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo afirmó este verano que el Gobierno quiere reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se considere agresión sexual todo lo que no sea un "sí" explícito de la mujer vuelve a situar la cuestión del consentimiento en el centro del debate político y social, con la sentencia de La Manada de trasfondo.