El arranque de la XIII Legislatura dejó en la sesión de constitución del Congreso imágenes de tensión entre los grupos a cuenta de situaciones inéditas, como la entrada de la ultraderecha a la Cámara o la presencia de diputados que se encuentran en prisión preventiva. Es difícil que de esta dinámica se escape la Mesa del Congreso, órgano que ya adquirió un protagonismo especial y fue un foco de críticas por el bloqueo legislativo en la pasada legislatura, y que en esta se estrena nada menos que con la posibilidad de tener que decidir sobre la suspensión de los presos del procés, según se establece en el Reglamento de la Cámara y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Mesa celebra su primera reunión este jueves, y sus miembros, recién escogidos entre los diputados este martes, debatirán sobre un asunto que, en ningún caso, suscita un mínimo acuerdo entre los grupos, y cuya resolución sentará importantes precedentes jurídicos y políticos, si finalmente sale de las Cortes. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha optado por alejar cualquier posibilidad de decisión de esta primera toma de contacto entre los representantes del órgano.

Las primeras reuniones de las mesas recién constituidas suelen servir a modo de trámite burocrático que conecte el trabajo de la pasada legislatura con el nuevo ciclo político, a través de la rendición de cuentas de las actividades (presupuestarias, legislativas...) llevadas a cabo en la pasada etapa. Sin embargo, en esta ocasión la primera reunión del órgano está lejos de parecerse a un trámite burocrático. Grupos como el PP y Ciudadanos ya han exigido a la presidenta de la Cámara que comience con los procedimientos para suspender a los diputados en prisión preventiva de ERC (Oriol Junqueras) y de JxCat (Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull).

Sin embargo, Batet ha optado este miércoles por tratar de alejar cualquier posible decisión en este sentido de la primera toma de contacto de los miembros del órgano. La tercera autoridad del Estado ha remitido un escrito al Tribunal Supremo solicitando al órgano judicial información sobre la manera de proceder con los parlamentarios presos, lo que de facto significa que el Supremo decida el futuro de los políticos catalanes (su suspensión o no como diputados, y la forma de llevarla a cabo).

Batet ha recordado en este sentido que fue el Tribunal el que decidió que los presos fueran a la sesión constitutiva de las Cortes y que, por lo tanto, como órgano "que enjuicia conductas y que determina qué pueden hacer o no estas personas", debería decidir cómo proceder con estos parlamentarios "durante el resto de la legislatura". 

Sin embargo, aunque con este movimiento ha descartado que la Mesa resuelva en sus primeras reuniones el futuro de los presos, sus miembros no van a afrontar la reunión de este jueves como un mero trámite. Desde PP y Ciudadanos no solo presionan a la presidenta para que inicie la suspensión de los diputados, sino que la acusan de "dilatar" de forma intencionada los procedimientos y de tener una "actitud cómplice" con el independentismo.

Tras conocer que Batet había dejado la decisión en manos del Tribunal Supremo, el líder de Cs, Albert Rivera, aseguró que "el PSOE sigue dilatando la decisión de suspender a los políticos procesados por el golpe en Catalunya. Cada minuto que pasa es un minuto de humillación al pueblo español. Ni un euro de sueldo ni un solo escaño para los que intentaron destruir nuestra democracia. Basta ya, Sánchez", escribió en su cuenta de Twitter.

Pero más allá de la presión de las derechas, ni siquiera los miembros de Unidas Podemos que pertenecen al órgano han decido aún que van a votar en caso de que finalmente sea la Mesa la que apruebe la suspensión de los diputados en prisión preventiva. El diputado de En Comú Podem Jaume Asens aseguró este miércoles que el grupo confederal estaba debatiéndolo, y reconoció que se trataba de "una situación compleja".

Suspensión temporal y suplicatorio

En una entrevista al diario Nació Digital, el también diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello, que además es secretario primero de la Mesa del Congreso, avanzó que se opondrían a la suspensión de los diputados y apostó, en caso de que finalmente fuera inevitable, por la misma fórmula que se siguió en el Parlament de Catalunya: la suspensión temporal; aunque el Reglamento de la Cámara Baja tiene bastantes diferencias con el de la cámara autonómica, sobre todo en las posibilidades de delegar el voto (en el Congreso no se puede, el voto es indelegable).

"De las soluciones que tenemos al alcance, si es que finalmente la suspensión se impone, porque nosotros creemos que no hay argumentos para que sea así, el único antecedente que tenemos es el del Parlament y la posibilidad de la suspensión temporal", explicó Pisarello. En el PSOE insisten en que lo más importante de este proceso, más allá de las hipótesis que se manejen, es la necesidad de ser garantistas con los procedimientos y de ajustarse a la ley; además de que se trata de una cuestión procedimental, informa Manuel Sánchez. La propia Batet defendió en una entrevista en la Cadena Ser que cualquier decisión que se tome en la Mesa sobre este asunto será "estrictamente jurídica" y no política.

En el caso de que finalmente la decisión recaiga en manos de la Mesa del Congreso y no del Tribunal Supremo, la suspensión se aplicará en virtud del artículo 21, lo que podría abrir un nuevo conflicto técnico-jurídico que debería afrontar el órgano junto con los servicios jurídicos de la Cámara. Esto es así porque el artículo exige que para suspender a un diputado de sus funciones no solo es necesario que se encuentre en situación de prisión preventiva y tenga un auto de procesamiento en firme, sino que la Cámara debe haber concedido la autorización de suplicatorio al tribunal que enjuicia al diputado, en este caso, el Supremo.

Este requisito procedimental consiste en una petición por parte del tribunal dirigida a la Cámara para proceder penalmente contra el parlamentario (que goza de la inmunidad parlamentaria recogida en el artículo 71 de la Constitución), y que tiene que ser aprobada en última instancia por el Pleno del Congreso, según establece el artículo 13 del Reglamento de la Cámara Baja.