Los agentes antidisturbios de la Policía Nacional volvieron a cargar. Otra vez. Era el cuatro de octubre de 2014 y en torno a dos millares de personas se habían reunido en la Puerta del Sol convocadas por la Coordinadora 25-S. La concentración, cuyo eslogan era "monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción", desembocó en un conato de manifestación que pretendía discurrir por la calle Alcalá, adyacente al madrileño kilómetro 0. Para desgracia de los allí congregados, una línea policial les impidió el paso a escasos metros. Todo lo que sucedió después, y sus responsables, será dirimido en un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid los próximos 15 y 16 de diciembre, en el que tres activistas y tres antidisturbios se sentarán en el banquillo de los acusados.

La actuación de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se saldó con cuatro detenidos. Doris Benegas, referente en el movimiento republicano y castellanista, falleció durante el proceso de instrucción, por lo que finalmente son tres los activistas que se enfrentan a un año y medio de prisión por un delito de atentado contra la autoridad. Los tres funcionarios policiales están acusados de un delito de lesiones al, presuntamente, extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. Un vídeo de los hechos esclarece lo ocurrido hace más de seis años: los agentes pegaron puñetazos, aporrearon a gente con los brazos en alto y entorpecieron la labor periodística.

Al inicio de la calle Alcalá tan solo se escuchaba un grito: "Basta ya de Estado policial". Después vendría la carga. La cinta, aportada como prueba en el proceso judicial, constata cómo un antidisturbio intenta propinar un par de puñetazos en la cabeza a los manifestantes. Segundos después, uno de sus compañeros aporrea a una periodista en el brazo con el que sujetaba su cámara para, posteriormente, volver a utilizar su defensa contra un hombre que tenía las manos en alto; todo ello justo antes de repetir la acción en la espalda de un hombre de mediana edad que se intentaba retirar del lugar. Pero aún hay más. Tras la carga, otro agente de la UIP pega un manotazo a un hombre. Es el mismo policía que después empujaría a un periodista que intentaba documentar las detenciones.

"Ni tiros al aire, ni por la nariz, fuera policías de los barrios de Madrid". Es el cántico que se reproduce en el lugar de los hechos en el mismo momento en que intentan esposar a Luis Ocampo, uno de los tres acusados, mientras dos agentes le inmovilizan en el suelo, haciéndose valer de sus rodillas para apretar el cuerpo del activista, que ahora tiene 68 años, contra el asfalto. "Todo responde a una venganza de Cristina Cifuentes, por aquel entonces subdelegada del Gobierno en la capital. Doris y yo habíamos presentado una denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar que esta señora se había extralimitado a la hora de reprimir cualquier protesta el día de la coronación de Felipe, ya que se prohibieron, de una forma totalmente paranoica, cualquier tiempo de expresión republicana. Ni siquiera te permitían llevar una camiseta o un pin con la bandera tricolor", explica el propio Ocampo.

Dificultades para acusar a los antidisturbios

Este médico de profesión y portavoz de Izquierda Castellana, considera que el tiempo les ha dado la razón en cuanto al lema de aquella protesta. "Había unas 2.000 personas en la concentración, y lo que hicieron fue separar a la cabecera de la incipiente manifestación del resto. Aparte de golpearnos de una manera inmisericorde y tirarnos al suelo, a mí me pusieron una rodilla en el cuello y otra en la espalda. Entré en una situación de presíncope, así que mis primeros momentos como detenido los pasé ingresado en la Fundación Jiménez Díaz", continúa relatando el ahora acusado. El portavoz añade que llegó al centro hospitalario con lesiones en las muñecas y contusiones por todo el cuerpo, sobre todo en la parte derecha de la cara. "A los tres o cuatro días tuvo que asistir a urgencias porque tenía un desprendimiento de vítreo en el ojo derecho", completa.

Ertlanz Ibarrondo es el abogado de Ocampo y otra de las acusadas, y esto es lo primero que recalca al atender la llamada telefónica de Público: "El procedimiento se ha demorado tanto porque hemos tenido que pleitear muchísimo durante la instrucción del caso para conseguir que los tres agentes de la Policía testifiquen en su doble condición de perjudicados y acusados por un delito de lesiones". Y continúa: "Lo realmente trascendente desde el punto de vista jurídico es lo costoso que ha sido conseguir que los policías sean acusados teniendo un vídeo tan ilustrativo de lo sucedido. No es una causa contra la Policía, sino contra unos agentes que se han extralimitado. ¿Por qué cuesta tanto que se sienten en el banquillo existiendo una prueba tan clara?", se pregunta el letrado.

El vídeo del que habla, que atestigua la carga policial y la detención de Benegas y Ocampo, constituye una prueba en el juicio. "Me acusan de atentar contra la autoridad a pesar de estar tirado en el suelo", declara Ocampo. Él no entraría en la cárcel debido a que no tiene antecedentes penales. Aun así, incide en esta cuestión: "Eso es lo que menos me preocupa. Si me absuelven, estupendo, y si me condenan yo no voy a pedir clemencia al tribunal, que sean coherentes con su decisión, así que si consideran que he cometido un delito cumpliré la pena. Evidentemente, no quiero entrar en la cárcel porque tengo muchas cosas que hacer, pero me parece demencial que la gente condenada tenga que hacer ese paseíllo torero para pedir clemencia".

Es un "juicio político"

Pero el acusado también analiza lo que pasaría si la sentencia acaba siendo condenatoria: "Eso me desagradaría tremendamente porque significaría que el tribunal está corrupto. Un tribunal con un mínimo de objetividad y sentido de la justicia, si escucha los testimonios y atiende a las pruebas documentales, estaría prevaricando si al final me condena. Demostraría un tremendo grado de corrupción, y que pasara eso en un tribunal de cierto nivel, como es la Audiencia Provincial de Madrid, sí me entristecería". En este sentido, René Otaduy, portavoz de la Coordinadora 25-S, afirma que se trata de un "juicio político, pues cualquiera que observe las imágenes verá que es completamente absurdo plantear que las personas encausadas han sido las que han agredidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", en sus propios términos.

El colectivo considera que "si este juicio ha llegado hasta la fase oral es para tratar de criminalizar, encausar y juzgar al movimiento republicano". Por otra parte, Otaduy asevera que no les sorprende que el caso haya llegado tan lejos "viendo el comportamiento habitual del poder judicial en el Estado español, que está al servicio de la represión de los movimientos sociales y políticos, como ha quedado de manifiesto en tantas ocasiones". El portavoz argumenta esta aseveración alegando que España encabeza la lista de países del mundo con artistas encarcelados y juzgados por el contenido de sus creaciones.

Al fin y al cabo, han sido seis años de larga espera para Ocampo, quien en contra de lo que se podía esperar, declara que el proceso judicial no le ha influido en su día a día. "Mi familia fue represaliada por la dictadura franquista, yo viví sus últimos años como activista, como lo sigo siendo ahora, por lo que sé cómo actúa el Estado. Eso sí, sin la solidaridad de la gente, la Coordinadora y los colectivos que siempre me han arropado durante todos estos años, la situación hubiera sido mucho más difícil de llevar", reflexiona.

La monarquía, "caduca y corrupta"

La Coordinadora 25-S, convocante de aquella movilización de 2014, se reafirma en su pretensión. "La protesta sigue más vigente que nunca, pues por desgracia vemos cómo cada día aumentan los casos de corrupción, con cuentas opacas y tarjetas black, que afectan al conjunto de la institución monárquica, no solo a Juan Carlos I", en palabras de Otaduy. Ocampo también retrotrae el debate a la actualidad cuando afirma que "poco a poco se va comprobando cómo este régimen está caduco y corrupto. Ya no es solo un problema de democracia, sino también de ineficacia".

El portavoz de la Coordinadora aporta una visión más general a lo sucedido y comenta que "no es casual que este proceso se esté llevando a cabo en estos momentos, pues un régimen político que no logra crear en torno a su existencia una legitimidad social suficiente, la única vía que le queda para perpetuarse es mediante la represión". Ante la pregunta de si España es un país democrático, Otaduy responde que tan solo lo es "formalmente". Y arguye: "Vivimos en un régimen político que tiene grandes déficits democráticos en su legitimidad de origen. La monarquía mantiene una conexión directa con el franquismo, y la Transición logró mantener en las principales estructuras del Estado a los mismos protagonistas de la dictadura. Durante estas cuatro décadas de existencia del régimen del 78, a través del propio funcionamiento del sistema, ha quedado demostrado que ese déficit democrático va en aumento, tal y como lo demuestran casos como judiciales como este", concluye.