El pacto anunciado el pasado jueves entre PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante un nuevo paquete de medidas fiscales allanó el terreno de cara a las negociaciones presupuestarias. Un avance que no significaba que estuviera todo hecho. La intención de ambas fuerzas políticas es llegar a un acuerdo cuanto antes. El objetivo es aprobarlo incluso este mismo martes en el Consejo de Ministros. Las negociaciones se producen contra el reloj. 

Fuentes de ambas formaciones políticas confirmaban durante la jornada del lunes que se estaba trabajando para presentarse el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado (PGE) el martes en Consejo de Ministros. Es más, en Ferraz, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán anunciaba una "próxima rueda de prensa" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero para anunciar las cuentas públicas. 

"En tiempo y forma", repiten desde las filas socialistas y desde Moncloa. No tienen "ninguna duda" de que el acuerdo llegará. En unos primeros momentos la fecha "oficial" señalada era el 1 de octubre. Pero la propia Montero ya dejó abierta la posibilidad públicamente de que eso no fuera así. "Lo importante es que entre en vigor desde el 1 de enero de 2023", dijo la ministra.

También están muy avanzadas las medidas para revertir los recortes del PP en materia de prestaciones por desempleo. Desde Unidas Podemos piden mejorar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), clave para determinar la cuantía de muchas ayudas sociales.

Las intenciones son también llevar los PGE al Congreso ya la próxima semana y comenzar a negociar con el resto de grupos parlamentarios. Una de las conversaciones clave será la que tendrán que abordar socialistas y morados con ERC. El partido republicano ha puesto ya encima de la mesa algunas de sus peticiones como la reforma del delito de sedición. Algo a lo que desde el Gobierno no se niegan pero consideran difícil por tener que reformarse mediante una mayoría parlamentaria cualificada y el PP estar muy lejos de esa opción. 

Uno de los principales puntos de divergencia actuales entre PSOE y UP, que ambos partidos vienen arrastrando en público desde hace meses, tiene que ver con el aumento del gasto militar. Desde las filas del PSOE insisten en los "compromisos" adquiridos por España en el marco de la pertenencia a la OTAN. En UP son tajantes: "ni un céntimo de euro" más para Defensa, dijeron este mismo lunes en rueda de prensa.  

Sin embargo, desde ambos partidos consideran que "no habrá problema" en este aspecto en lo que los PGE se refiere. Para ello, según transmitieron fuentes gubernamentales ya hace unos días, se pondrá en marcha de un Plan Especial de Defensa que "no competirá" con otras partidas relacionadas con gasto social. Es decir, ese plan no computaría en el gasto presupuestario. Se salvaría así un escollo que parecía insalvable hace unos meses. El PSOE cumpliría con sus compromisos y UP no cedería en un asunto con el que han hecho bandera política. 

Sin avances en la ley de vivienda

Entre los flecos que quedan por cerrar se encuentran las medidas de protección social para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y la inflación. En este asunto, Unidas Podemos pide, por ejemplo, ampliar las ayudas al transporte público con el objetivo de establecer una tarifa estatal de 10 euros que opere en todos los territorios.

En el marco de la negociación, pero de forma paralela a la mesa de Presupuestos, el mayor desencuentro entre ambas formaciones se da en materia de vivienda. En Podemos han pedido desbloquear la tramitación parlamentaria de la ley de vivienda para ampliar las medidas que ya recoge la norma, aprobada en Consejo de Ministros en febrero, hace ocho meses.

Los de Ione Belarra quieren incluir tres medidas: la regulación de los alquileres con el objetivo de que se puedan reducir los precios en las denominadas zonas de mercado tensionado; la ampliación del parque público de vivienda social (con la incorporación de los inmuebles vacíos de la Sareb); y la prohibición de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Desde la formación morada advirtieron este lunes de que esta norma es "estratégica para el país", pero, apuntan en Podemos, el PSOE se niega a reabrir la negociación, y en las últimas horas ni siquiera se habría reactivado la mesa que aborda este asunto. Los de Belarra también piden la derogación de la ley mordaza y la aprobación de la ley de familias (que incluye la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, y una renta universal de 100 euros por crianza).

Si finalmente los Presupuestos salen adelante sin el impulso de estas medidas, esto podría causar un malestar importante en Podemos, aunque todavía queda margen para avanzar en las negociaciones.