¿Cómo puede mejorarse la "justicia tributaria" del sistema fiscal catalán?

El modelo de financiación autonómica es ahora mismo uno de los elementos centrales de la política catalana, sobre todo desde que el año pasado ERC y PSC -con el aval del PSOE- pactaron una reforma que debería suponer un incremento muy significativo de los ingresos fiscales de la Generalitat. A pesar de que la previsión es que la aplicación inicial del nuevo sistema arranque ya el año que viene -con la gestión del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya (ATC)-, las negociaciones para que esto sea así todavía están lejos de culminar. 

Ahora bien, el debate fiscal en Catalunya va más allá de lo que suceda con la financiación autonómica. Por un lado, por ejemplo, existe la demanda constante de los partidos de derechas -sobre todo Junts y el PP- y las patronales para suprimir o reducir al mínimo impuestos de marcado carácter redistributivo, como el de patrimonio o el de sucesiones y donaciones. Y, del otro, encontramos los recientes acuerdos cerrados entre el Govern y los Comuns que, a la espera de obtener la validación del Parlament, deben permitir incrementar la recaudación de la tasa turística o del impuesto de transmisiones patrimoniales y, al menos parcialmente, hacerlos fiscalmente más justos.

A diferencia de lo que propugnan determinados lobbies económicos, también hay sectores que abogan por mejorar la progresividad y la capacidad redistributiva del sistema fiscal catalán, todo ello bajo la premisa de "quien más tiene, más paga". Además, defienden grabar las externalidades negativas que provocan determinadas actividades, ya sea el turismo o la contaminación de sectores industriales o el transporte. Un ejemplo es la Plataforma per una Fiscalidad Justa, Ambiental i Solidària, que reúne a decenas de entidades, como la Confavc, Ecologistes en Acció, Oxfam Intermon o los sindicatos UGT y CCOO, entre otros. Hablamos con su presidente, el economista y doctor en Derecho tributario Xavier Martínez-Gil.

El peso del modelo de financiación

Según los datos publicados por el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, en la última década los ingresos no financieros del Govern se han doblado, al pasar de los 20.090 millones de 2014 a los 40.500 de 2024. De este total, cerca del 75% de los fondos provenían el año pasado del modelo de financiación, puesto que entre los anticipos y la liquidación sumaron 29.844 millones. Además, se ingresaron más de 5.500 millones con los impuestos propios o cedidos totalmente, unos 1.200 a través de tasas y 3.850 vía transferencias, ya sean del Estado o europeas, como los fondos Next Generation.

La Plataforma per una Fiscalitat Justa aboga por mantener tributos como el de sucesiones y el de patrimonio justamente por su capacidad redistributiva y, por lo tanto, porque son fundamentales para garantizar la "justicia tributaria". Paralelamente, Martínez-Gil ve margen de actuación en la fiscalidad ligada a las operaciones inmobiliarias, básicamente a través del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), para grabar más todo lo que no sea vivienda habitual. Además, defiende una reforma del IRPF que permita "hacer aflorar a los mega-ricos para que paguen", plantea revisar regularmente los beneficios fiscales -que solo en Catalunya suponen unos 11.000 o 12.000 millones anuales- para comprobar su efectividad y que no acaben siendo "regresivos", y considera que también se puede actuar en el ámbito de la fiscalidad verde.

La importancia de sucesiones y patrimonio

Vayamos por partes. Entre otras cuestiones, el acuerdo que ERC y PSC cerraron para la investidura de Salvador Illa como presidente del Govern establecía mantener los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones en el tipo actual. Precisamente, estos son dos de los tributos que desde hace años los sectores de derechas tienen en el punto de mira para suprimirlos o reducirlos a la mínima expresión, siguiendo el ejemplo de la política neoliberal de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Los dos son impuestos estatales cedidos a las autonomías, que tienen cierta capacidad normativa, por ejemplo, para aplicar bonificaciones y deducciones.

Sobre sucesiones, Martínez-Gil plantea que "contribuye a hacer efectiva una redistribución más justa de la riqueza". Y reflexiona que "cuando se parte de posiciones desiguales nunca se puede dar la igualdad. No estamos diciendo que cuando una persona muera todo pase en el Estado, pero debemos tener claro que no todo el mundo parte de la misma situación. Por ejemplo, si alguien tiene muchos inmuebles, sus descendentes partirán de una ventaja brutal respecto al resto".

Relacionado con este tema

La recaudación de más IRPF es clave para que la financiación singular de Catalunya sea eficaz, según los expertos

David Rodríguez

No se pueden menospreciar los ingresos que aporta este tributo a las arcas catalanas, que se han doblado desde 2020, a raíz del acuerdo presupuestario del Govern -integrado en aquel momento por Junts y ERC- y los Comuns para suprimir algunas de las bonificaciones fiscales. Si en 2020, la recaudación del impuesto se situó en 596,5 millones, el año pasado ya se elevó a 1.152,7.

En cuanto a patrimonio, el economista y doctor en Derecho Tributario subraya que "es un impuesto que afecta a la clase alta, lo paga gente que tiene unos determinados recursos". Y añade que "hay una cosa que se llama justicia tributaria y que implica que quien más tiene, más paga y equiparar a todo el mundo a no pagar nada es una injusticia fiscal". En Catalunya, el mínimo exento de patrimonio es de 500.000 euros y a partir de aquí la tarifa es progresiva, desde un tipo del 0,21% hasta un máximo del 2,75% cuando la fortuna se sitúa por encima los 10,7 millones. A la hora de la verdad, la cuota a liquidar baja casi siempre gracias a los beneficios fiscales.

Relacionado con este tema

ERC y Junts reactivan la pugna por la hegemonía independentista tras los acuerdos con el Gobierno

Ferran Espada

Según los datos de la Agencia Tributaria estatal correspondientes a la liquidación del 2022 -los últimos disponibles-, aquel año lo pagaron 84.867 catalanes, poco más del 1% de la población, que acumulan un patrimonio medio superior a los 2,7 millones. La recaudación fue de 761,1 millones el año pasado, un 76,4% más que debe años atrás.

A finales de febrero, el Govern y los Comuns acordaron cambios en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) que, entre otras implicaciones, supondrán que pase del 10% al 20% para los grandes tenedores o la compra de edificios enteros, siempre que reciba el aval definitivo del Parlament. Según los cálculos del ejecutivo, la recaudación podría aumentar en 200 millones, de un tributo que en 2024 aportó 2076,8 millones a la Generalitat.

Martínez-Gil plantea aumentar la fiscalidad para todas las viviendas que no sean de uso habitual

Para el presidente de la Plataforma per una Fiscalitat Justa se puede ir más lejos porque "parece lógico que se haga una distinción en función de si es una vivienda de uso habitual o no". En este sentido, comenta que cuando es vivienda habitual es un "bien de primera necesidad" y, como tal, "tendría que tender a una fiscalidad nula o muy baja", mientras que a partir de aquí debería tener un tratamiento similar al del IVA más común y tender a un gravamen del 21%.

"Hacer tributar el IRPF a los mega-ricos"

Las últimas semanas se ha hablado mucho de la tributación del IRPF, especialmente a raíz del intenso debate sobre si lo tendrían que tributar o no los perceptores del salario mínimo interprofesional. A nivel catalán se debe de añadir la rebaja de un punto para aquellos trabajadores que cobren menos de 33.000 euros anuales, acordada entre el Govern y ERC.

El IRPF es el tributo de mayor recaudación -la Generalitat obtuvo casi 15.000 millones el año pasado- y para Martínez-Gil lo que habría que hacer para mejorar la justicia fiscal es reformarlo para "aumentar la base de cotización y buscar el fraude fiscal para hacer tributar a los que no lo hacen y, sobre todo, hacer aflorar a los mega-ricos, que son los que menos pagan". A banda, defiende la necesidad de deflactarlo para adaptarlo a la evolución del IPC y evitar una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Paralelamente, el experto plantea la necesidad de revisar anualmente los beneficios fiscales que se aplican a los principales impuestos. Argumenta que "debe de haber un control, porque al final un beneficio fiscal implica menos dinero para la administración y es una manera de dar dinero público". Y, por lo tanto, defiende que hace falta analizar "qué se pretendía lograr con la medida, evaluar si se ha conseguido, qué coste ha tenido y a partir de aquí valorar qué hay que hacer con él, si mantenerlo, rediseñarlo o eliminarlo si al final es regresivo", es decir, va en detrimento de la justicia fiscal. Solo en Catalunya, el impacto del conjunto de beneficios fiscales supera los 10.000 millones anuales.

El impacto de los beneficios fiscales en Catalunya supera los 10.000 millones anuales

A nivel de fiscalidad ambiental, Martínez-Gil reconoce que "en Catalunya se han dado pasos importantes" en los impuestos verdes. Así, por ejemplo, en 2020 se creó un impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, que en 2024 recaudó casi 190 millones, y desde 2021 también está vigente el tributo a las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, que obtuvo 51,2 millones el año pasado. En todo caso, el experto plantea que cuestiones como las emisiones, "que son planetarias", se deberían abordar a escala europea e ir hacia una "convergencia de criterios" sobre cómo grabarlas. También defiende una "reordenación y unificación" de los tributos ligados al automóvil.

Finalmente, ve con buenos ojos el incremento de la tasa turística, pero considera que los ingresos obtenidos "se tienen que destinar a paliar y compensar las externalidades de la actividad y no a su promoción". Hasta ahora, el grueso del dinero de la tasa servía, justamente, para promocionar el turismo, y con la modificación aprobada una parte de los nuevos recursos se utilizarán para políticas de viviendas.