La negociación para el desbloqueo de la tramitación de la ley de vivienda avanza y las distintas partes ya se centran en las cuestiones que cada una considera fundamentales para cerrar un acuerdo. El PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu son los principales partidos que en la actualidad tratan de cerrar un pacto para lograr una mayoría que garantice que esta propuesta sale adelante en el Congreso de los Diputados.

En el caso de la formación morada, el punto en el que actualmente se centran los de Ione Belarra es en la limitación efectiva de los precios del alquiler de todos los inmuebles que se encuentran en el mercado. Más allá de la distinción entre la normativa a aplicar para los denominados grandes tenedores y para los pequeños propietarios (que también forma parte de la negociación), Podemos ha puesto el foco en otro ámbito.

A priori, la limitación que establece la norma parece clara para las viviendas que en la actualidad ya forman parte del mercado del alquiler. En estos casos, la proposición de ley recoge que a la hora de prorrogar los contratos entre arrendadores y arrendatarios, o de hacer nuevos contratos, se tendrán en cuenta distintos criterios para contener subidas abusivas, en función de si se trata de inmuebles de pequeños o de grandes tenedores.

En el caso de los grandes propietarios (los que tengan más de 10 viviendas, según establece la ley), deberán congelar el precio en las prórrogas de sus contratos (no podrán subirlo) y, si optan por hacer un nuevo contrato, deberán ajustar el precio al índice de referencia de precios del alquiler que tendrá que definir el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para las denominadas zonas de mercado tensionado.

En el caso de los pequeños propietarios (menos de 10 inmuebles), la renovación de contrato también implica la congelación del precio (aunque podrán revalorizar la renta de forma anual en base al IPC, como sucede en la actualidad). Si optan por hacer un nuevo contrato podrán subir la renta hasta un máximo del 10% si antes de la firma del nuevo contrato (entre un contrato y otro) se han introducido mejoras en la vivienda de accesibilidad o eficiencia energética. Además, los pequeños tenedores podrán acceder a beneficios y exenciones fiscales si bajan de forma voluntaria el precio de sus alquileres al menos en un 5%.

Más allá de esta regulación, Podemos ha detectado un vacío que podría dar al traste con los intentos de contener los precios abusivos del alquiler. La normativa contempla una regulación bastante clara para los contratos (nuevos o prorrogados) de viviendas que ya forman parte del mercado del alquiler; sin embargo, no se estaría contemplando lo suficiente la regulación de los contratos de las viviendas que no forman parte del mercado, esto es, de los inmuebles que se incorporarían ex novo. 

Una limitación también para pequeños propietarios

Estas viviendas no solo serían, por ejemplo, las de nueva construcción, sino cualquiera que no estuviera en régimen de alquiler y cuyo propietario decidiera incorporarla al mercado. Atendiendo a esta situación, podría darse, incluso, el caso de que una vivienda que actualmente está en el mercado fuera retirada del mismo antes de la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda y reintroducida posteriormente, de manera que no se sometería a la regulación tipificada por la norma.

Para evitar esta situación y para garantizar la limitación efectiva de los precios, los de Ione Belarra quieren que la regulación se extienda también a los contratos de las viviendas que se incorporan al mercado del alquiler. En concreto, Podemos propone que los precios de estos inmuebles en las denominadas zonas de mercado tensionado no puedan superar los establecidos por los índices de referencia oficiales de los precios del alquiler, sean de pequeños o de grandes propietarios.

La formación morada incluye en esta regulación para nuevas viviendas a los pequeños propietarios porque, al contrario de lo que sucede con las viviendas que ya están en el mercado, las que se incorporan no tienen un antiguo alquiler al que poder referenciarse para congelar o limitar un precio que ya existía. El único baremo existente es el índice oficial de cada zona.

Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que el PSOE estaría dispuesto a estudiar esta fórmula y que las negociaciones avanzan en varios puntos de la ley (en otros, no tanto). EH Bildu focaliza sus conversaciones en la distinción entre pequeños y grandes tenedores de vivienda (la formación vasca pide reducir el número de inmuebles necesarios para considerar a un gran propietario, y se estaría estudiando rebajar las 10 viviendas actuales a cinco).

ERC trata de que la norma que se tramita en el Congreso contenga buena parte de los preceptos que recogía la ley de vivienda aprobada por el Parlament de Catalunya, una norma que fue recurrida por el PP al Tribunal Constitucional, que tumbó la regulación de los alquileres que establecía al considerar que invadía competencias estatales.

La previsión es que se pueda cerrar un acuerdo en este mismo mes de enero o, a más tardar, en febrero. La ley de vivienda es uno de los compromisos del Gobierno de coalición que acumula más retrasos (se lleva negociando, en distintas fases y foros, más de dos años); Recientemente, en Moncloa se ha dado un importante giro y se ha optado por desbloquear la tramitación de una norma que permanece paralizada en el Congreso desde hace casi un año.