Los socialistas han vuelto a enfrentarse en los últimos días a cuenta de la derogación de la reforma laboral, una propuesta que ya les enfrentó antes de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, cuando el entonces candidato, Pedro Sánchez, matizó su compromiso inicial de echarla abajo por completo y algunas federaciones, entre ellas la andaluza, pusieron el grito en el cielo.

Entonces, Sánchez había propuesto cambiar algunos aspectos de la legislación laboral 'popular' de manera inmediata y los socialistas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha exigieron una derogación total. Lograron llegar a un acuerdo y el programa socialista incluyó la derogación total de la reforma en dos fases.

En el último rifirrafe ha sido el ex secretario general el que ha cargado contra la actual dirección por no incluir en su ponencia económica la derogación de la reforma laboral. Y la Gestora ha respondido que la propuesta para el 39 Congreso sí tendrá este compromiso que, ha recordado, no estuvo en el acuerdo de gobierno con Ciudadanos.

De esta manera, los socialistas siguen enzarzándose con este asunto que ya han logrado incluso en convertir en un éxito parlamentario, ya que el pasado 13 de diciembre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, impulsada por el PSOE y con el apoyo de Unidos Podemos y PNV, que emplaza al Gobierno a derogar la reforma laboral del PP y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Primer compromiso de Sánchez

Dos días después de ganar las primarias y convertirse en secretario general del PSOE, en julio de 2014, Pedro Sánchez aseguró que, si llegaba a ser presidente del Gobierno, derogaría la reforma laboral del PP.

Así respondió a la decisión del Tribunal Constitucional avalando dos partes muy sustanciales de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012: el contrato de emprendedores y buena parte de los cambios que hubo en la negociación colectiva.

Sin embargo, la concreción de ese compromiso en el programa de las elecciones generales de diciembre de 2015 abrió un enfrentamiento entre Ferraz y algunas federaciones socialistas, cuando la dirección desveló que su plan pasaba por derogar por decreto-ley algunos aspectos de la reforma laboral del PP de manera inmediata y dejar las indemnizaciones por despido a la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

El objetivo del equipo de Pedro Sánchez -en el que entró a formar parte el exministro Jordi Sevilla- era derogar de manera inmediata tres aspectos centrales de la reforma laboral, los que consideraba más lesivos: el modelo de negociación colectiva; la contratación, para establecer tres tipos de contrato, y la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

En este paquete inicial para la "voladura" de la reforma laboral no tocaban las indemnizaciones por despido, que se mantendrían conforme a la legislación actual hasta que los agentes sociales negociaran un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

La derogación en dos fases

Después, y en medio del revuelo que provocó en las filas socialistas esta matización, Pedro Sánchez se afanó en defender en sus apariciones públicas que la derogación sería total, pero en dos fases.

Su compromiso se llevó al papel de su propuesta como la búsqueda de la derogación "con carácter inmediato" de "los aspectos de la reforma laboral del PP que establecen un modelo precario y de bajos salarios y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores", sin hacer ninguna mención al despido.

Y algunas federaciones no les convenció: Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura presentaron sendas enmiendas pidiendo cambiar la referencia a "algunos aspectos de la reforma laboral del PP" por el compromiso de derogar "toda la reforma". Además, los andaluces introdujeron la mención a los "despidos baratos".

Mientras tanto, las federaciones valenciana y la madrileña, además de las Juventudes Socialistas, pidieron que en este capítulo del programa se incluyera una referencia expresa al diálogo con los agentes sociales para la regulación del despido, que no aparecía en el borrador de Ferraz.

La dirección buscó un acuerdo interno durante días y lo logró en el debate de sus enmiendas, una semana antes de que el programa fuera aprobado definitivamente en una Conferencia Política. A esta cita, llegó ya con el consenso de comprometerse a derogar "toda" la reforma laboral del PP en dos fases: con un decreto-ley y abriendo después un diálogo con sindicatos y empresarios.

Como pedían los andaluces, el texto final incluyó una mención al despido y, aunque dejaba este asunto a la negociación de los agentes sociales, precisaba los objetivos del candidato: recuperar "la causalidad y proporcionalidad del despido, incluyendo la revisión de los costes del mismo, y la razonabilidad en los despidos colectivos; garantizar que el despido sea la última medida en los procesos de reestructuración empresarial y asegurar una tutela judicial efectiva".

De esta manera, el PSOE se presentó a las elecciones del 20 de diciembre con el compromiso de acabar con la legislación laboral del PP. Y así lo mantuvo después en la oferta programática que hizo a todos los partidos a principios de febrero, después de aceptar el encargo del Rey de intentar formar Gobierno.

Sin embargo, quedó fuera del único pacto que logró sellar Sánchez y que le fue insuficiente para convertirse en presidente del Gobierno: el acuerdo con Ciudadanos. Este acuerdo no incluía el compromiso socialista, mientras que el partido 'naranja' renunciaba al contrato único.

Pese a esto, Sánchez mantuvo después que derogaría la reforma laboral si llegaba a La Moncloa y, más adelante, recuperó esta promesa para las elecciones del 26 de junio. Después, lo convirtió en iniciativa parlamentaria en el mes de julio, una proposición no de ley que finalmente fue aprobada el pasado mes de diciembre.

No aparece en la propuesta que prepara la gestora

Sin embargo, el asunto sigue siendo objeto de controversia, que volvió a estallar el pasado sábado, durante la discusión de la ponencia económica que el PSOE llevará al 39 Congreso del partido. En el documento que resultó de una jornada de discusiones pilotadas por el economista José Carlos Díez, y que está lejos de ser el definitivo, no se incluía la derogación de la reforma del PP.

En materia laboral, denuncia que la legislación del PP ha provocado una caída de dos puntos del peso de los salarios en el PIB, es decir, 20.000 millones menos en la renta de las familias españolas, y sitúa la meta del PSOE "a corto plazo" en "recuperar el nivel de salarios de 2011 que permita aumentar la recaudación del impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales 10.000 millones de euros, permitiendo a su vez tapar el agujero que la reforma ha provocado en el sistema público de pensiones".

De manera inmediata, los 'sanchistas' arremetieron en las redes sociales contra la Gestora por este documento, criticando que no se incluyera la derogación de la reforma laboral ni se hablara de fiscalidad ni de pensiones.

Un día después, el propio Sánchez cargó contra la Gestora en un encuentro con militantes en Aldeanueva de Ebro (La Rioja): "Es fundamental proponer en su ponencia algo que no está incluido, la derogación de la reforma laboral", dijo.

Al mismo tiempo, el portavoz de la dirección provisional, Mario Jiménez, aseguraba en entrevistas radiofónicas que este compromiso estará en la propuesta que se llevará al Congreso. Y devolvía el ataque: "No repetiremos el error que se cometió en el Pacto de Investidura con Ciudadanos, en el que la derogación se excluyó".