La salida de Pablo Iglesias del Gobierno de coalición deja el balance de la labor que ha desarrollado el secretario general de Podemos como vicepresidente segundo del Ejecutivo de coalición. Esta revisión del pasado (que se extiende hasta este mismo martes, cuando el Consejo de Ministros aprobó el reparto de los fondos del plan de choque en dependencia aprobado por la Vicepresidencia de Derechos Sociales) da paso a un análisis de las cuestiones pendientes que quedan por cerrar de cara al futuro, iniciativas que recaerán en la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La ministra ha pasado a ser la vicepresidenta tercera del Gobierno de coalición y asumirá la tarea de defender las posiciones de Unidas Podemos en el seno del Ejecutivo, un papel que compaginará con su labor al frente de la cartera de Trabajo y Economía Social. 

Desde la constitución del Ejecutivo, se ha constatado que la defensa de las posiciones de Unidas Podemos en el Gobierno se traduce, de facto, en la puesta en marcha de negociaciones casi permanentes que se mueven en un equilibrio entre el diálogo, la tensión y los conflictos para sacar adelante las reformas defendidas por la formación morada.

Para Iglesias, el Gobierno era un escenario más de la batalla política y, como tal, precisaba de las tensiones naturales provocadas por las discrepancias entre formaciones políticas distintas. La previsión es que esto no varíe después de que la ministra de Trabajo haya asumido la Vicepresidencia Tercera, que será la encargada de vehicular, de la mano de Pedro Sánchez, los conflictos entre el PSOE y Unidas Podemos cuando los desacuerdos se enquisten.

Una de las primeras cuestiones en las que, previsiblemente, deberá centrarse, es en la aprobación de la nueva ley de Vivienda que el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales negocian en la actualidad. Aunque la intención de Iglesias era la de dejar este asunto cerrado antes de salir del Ejecutivo, su prematura marcha (forzada por la ley electoral de la Comunidad de Madrid) y las enormes discrepancias entre los socios de Gobierno en esta materia complican mucho que la norma pueda estar lista antes de las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

La negociación parece enquistarse cada vez más con cada reunión y la defensa del PSOE de los incentivos fiscales, así como su rechazo a intervenir los precios de los alquileres, pueden poner a Unidas Podemos en la tesitura de tener que enfrentar lo que consideran como un incumplimiento del acuerdo de coalición por parte de sus socios.

Ley de Vivienda y derogación de la reforma laboral

El peso de la negociación lo llevará en la formación morada Ione Belarra, que este martes ha sido nombrada como ministra de Derechos Sociales. La hasta ahora secretaria de Estado para la Agenda 2030 es la que ha liderado esta batalla en Unidas Podemos frente al Ministerio de Transportes, y su ascenso a ministra reforzará sus posiciones en la mesa de negociación (el nuevo secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, también podría tener un papel muy destacado en el desarrollo de la nueva ley de Vivienda).

Sin embargo, si el escenario actual no cambia, es posible que Díaz y Pedro Sánchez tengan que buscar una salida para que la coalición de Gobierno no se deteriore. Con Iglesias al frente de la Vicepresidencia, el líder de Podemos y el presidente solo intervenían cuando había desacuerdos importantes referidos a compromisos firmados en el pacto de investidura, una práctica que, en principio, se mantendrá.

La negociación de la ley de Vivienda se desarrolla de forma paralela a la que desde hace varias semanas tiene lugar en el diálogo social que lidera el Ministerio de Trabajo: la derogación de la reforma laboral. Al igual que la regulación de los alquileres, la reforma laboral es uno de los compromisos firmados entre el PSOE y Unidas Podemos, y es una de las líneas rojas de la formación morada.

La propia ministra de Trabajo avanzó, tras constatar el rechazo del empresariado a llevar a cabo modificaciones en materia laboral, que la derogación seguiría adelante, aunque fuera sin el acuerdo de la patronal: "El diálogo social es un proceso, no un fin en sí mismo", advirtió. Una de las características que la han llevado a la Vicepresidencia Tercera es, precisamente, su capacidad para lograr consensos importantes en el seno del diálogo social en asuntos tan relevantes como los ERTE y sus prórrogas, la derogación de los despidos por baja médica o la regulación de los riders, medidas que ha sacado adelante con el acuerdo de todos los agentes sociales.

Está previsto, además, que esta negociación se prorrogue durante bastante tiempo, porque, más allá de las reformas consideradas como más urgentes (reequilibrio de los convenios, ultraactividad, subcontrataciones y descuelgues salariales), el objetivo del ministerio dirigido por Díaz es el de avanzar hacia un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que, entre otras cosas, aborde la distribución del tiempo y la conciliación.

Bajo este perfil de gran negociadora, la vicepresidenta tercera deberá lidiar con las reformas pendientes de su ministerio (en plena recuperación económica derivada del impulso de los fondos europeos y de la vacunación) y con las discrepancias que se produzcan entre el PSOE y Unidas Podemos respecto a los compromisos firmados en el acuerdo de coalición.

Desde la formación morada avisan de que "quien crea que Yolanda Díaz va a dejar de dar batallas importantes y va a dejar de exigir que se cumpla el acuerdo de coalición, está muy equivocado; seguiremos siendo todo lo cabezones que haga falta para que se cumplan los compromisos que firmamos ante la ciudadanía", aseguran.

También consideran que Sánchez no se va a sentir tan cómodo como se quiere hacer ver con la ministra de Trabajo liderando las posiciones de Unidas Podemos en el seno del Ejecutivo en vez de Iglesias, ya que creen que el presidente es consciente de que puede llegar a ser una competidora electoral muy fuerte. "Antes de asumir la vicepresidencia, Yolanda Díaz ha demostrado su responsabilidad, su capacidad de entendimiento y que apuesta por una manera feminista de hacer política; cuando le dijeron que no podía ser vicepresidenta segunda porque no podía tener un rango superior al de Calviño, lo asumió y no perdió ni un minuto en pelearse por cuotas de poder", concluyen.