El acuerdo entre los ayuntamientos y el Ministerio de Hacienda para desbloquear 5.000 millones de superávit de las corporaciones locales aún no está sellado, pero eso no ha impedido que la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP), convoque a su Junta de Gobierno para forzar esta votación, el viernes.

De hecho, en el lapso de un par de horas, durante la tarde del miércoles, la FEMP modificó la convocatoria de esta Junta extraordinaria, pospuesta en dos ocasiones, aunque no estuviera oficialmente convocada en una de ellas. Inicialmente estaba prevista para el jueves, y decidió moverla hasta el viernes, "a solicitud de algunos miembros de la Junta", según explicó en un comunicado.

Fuentes de la FEMP trasladan a Público que esta decisión obedece a la presión de los alcaldes del PP, que cuenta con 10 de los 25 asientos en la Junta de Gobierno. Y, mientras los conservadores tienen claro su rechazo radical a la propuesta de Hacienda, los tres alcaldes que representan a Unidas Podemos, Ciudadanos y al PDECat (cada uno con un voto) no tienen decidida su posición.

De hecho, y a expensas de lo que pueda ocurrir hasta el viernes, a día de hoy el PDECat se inclina por el no, y el Grupo Municipalista de IU-Podemos-Comunes ha criticado este mismo miércoles el acuerdo, marcando distancias.

El presidente del grupo confederal en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, ha afirmado ante el pleno que la propuesta "va en dirección contraria a la tradición federalista", además de que pretende "tutelar a los ayuntamientos como menores de edad". Otras voces dentro de este espacio afirman que, hoy por hoy, se debaten entre la abstención y el voto favorable, que sería imprescindible para sacar adelante esta votación. Sólo los 12 apoyos de los ediles del PSOE están asegurados, pero la votación ya está formalmente convocada.

El partido de Inés Arrimadas, por su parte, tampoco está conforme con la propuesta, y considera que "provocaría ciudadanos de primera y de segunda, y alcaldes que podrían ayudar a sus vecinos -los que tienen superávit-, y otros que no podrían".

La cuestión no es menor, ya que esta propuesta permitiría a las corporaciones con superávit utilizar 5.000 millones de euros de sus remanentes de Tesorería, imprescindibles para los ayuntamientos tras la crisis del coronavirus. 

De hecho, en la tercera y última propuesta de Hacienda, presentada este miércoles, la gran novedad es la posibilidad de que las corporaciones locales "amplíen sus competencias y capacidades" durante la legislatura, fortaleciéndose así "el papel de los municipios como unidad territorial básica".

Esta cuestión, incluida en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos -y calcada en esta propuesta-, es una suerte de guiño a la formación que lidera Pablo Iglesias. Y los suyos siguen sin considerarla suficiente. En concreto, el pacto de Gobierno reza, en el punto 9.8: "Ampliaremos las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica". 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, endureció el tono este martes, reconociendo que, hasta la fecha, el Ministerio ha aceptado "cambios menores" en su propuesta inicial -permitiendo que los ayuntamientos no cumplan la regla de gasto para 2020, e incorporando un fondo de transporte de entre 275 y 400 millones-, pero descartando cambios de calado en sus posiciones. "No hay previsto hacer ninguna alteración sustancial de los términos de este acuerdo"; "No hay alternativa", avisó la ministra.

Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para este viernes una Junta de Gobierno extraordinaria, "para la presentación y aprobación" del "Acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana, políticas de cuidados y apoyo a la cultura y al deporte", como explica un comunicado del organismo que representa a los entes locales.

La reunión se celebrará por videoconferencia, y fuentes de la FEMP explican que dentro de este acuerdo está incluida la polémica propuesta de Hacienda sobre el desbloqueo de estos fondos -en su tercera versión-, que acota la utilización de estos recursos y la condiciona a que los ayuntamientos presten a su vez buena parte de su remanente de Tesorería al Estado, durante un plazo de diez años.

Inicialmente, además, la votación estaba prevista para el viernes 18, después se pospuso al 25 -aunque en este caso no hubo convocatoria oficial-, y volvió a retrasarse por falta de consenso en torno a esta propuesta, que también ha contado con la oposición de alcaldes socialistas.

El PP habla de "expolio" y "chantaje"

Fuentes del PP, por su parte, afean que la FEMP haya decidido no buscar la unanimidad en esta votación. El martes, tras las palabras de Montero, denunciaron el "chantaje" de la ministra de Hacienda.

Este miércoles, además, emitieron un comunicado con declaraciones de la secretaria general de los conservadores en la Comunidad, Ana Camins, que reclamaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no expropie el superávit de los ayuntamientos para sufragar sus propios errores". 

Camins también exponía su preocupación en relación a recientes declaraciones de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, sobre el "posible acuerdo" para desbloquear este superávit. El PP, muy crítico con esta propuesta desde el primer momento, ha vuelto hoy a mostrar su "completa oposición" a este "expolio". Quedan algo más de 36 horas para atar los apoyos necesarios.