El Tribunal Supremo ha ratificado la absolución de los 34 acusados en el juicio por el escándalo de la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

La Sala II del Supremo ha desestimado los dos recursos de casación presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional, el 29 de septiembre de 2020, en la que consideró que la salida a Bolsa contó con el beneplácito de todos los supervisores -Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), FROB y Autoridad Bancaria Europea (EBA)-. y absolvió a los acusados. Los dos recursos ahora desestimados fueron formulados por las acusaciones particulares que representaban a AEMEC (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Sociedades Cotizadas) y por Bochner España, S.L.

Asimismo, La Audiencia Nacional consideró que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera, y destacaba que tanto la decisión de salir a Bolsa como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco fueron resoluciones "enteramente contempladas por el Banco de España", que a través de su Servicio de Inspección "supervisó y aprobó todos los pasos".

Las causas pendientes de Rato

Rodrigo Rato, el que fuera vicepresidente económico del Gobierno en la época de José María Aznar, dimitió como presidente de Bankia en mayo de 2012 y en estos momentos sigue cumpliendo condena bajo control telemático por el escándalo de las 'tarjetas black' de Caja Madrid. El próximo 21 de abril de 2023 terminará de cumplirla.

Pero todavía tiene pendiente el juicio por el denominado caso Rato, en el que se sentarán en el banquillo 17 investigados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal. En septiembre, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid elevó el caso a la Audiencia Nacional, que continúa desde entonces con la investigación.

El juicio por el caso Bankia duró 10 meses y en el banquillo se sentaba la ex cúpula de la entidad financiera que fue rescatada con dinero público un año después de su salida a bolsa, incluido el exministro Ángel Acebes. También estaban sentadas en el banquillo tres personas jurídicas, que se jugaban su futuro y prestigio: BFA (matriz de la entidad financiera), la propia Bankia y la multinacional auditora Deloitte.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para Rato ocho años y medio de prisión por presunta estafa y falsedad contable, mientras que el expresidente de Bancaja José Luis Olivas y el el exconsejero José Manuel Fernández Norniella se enfrentaban a penas de cinco y seis años de cárcel, respectivamente.

La Audiencia Nacional avaló la supervisión de Bankia

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 442 páginas, tumbó todos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que ejerce Andrés Herzog, abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

"Tanto la decisión de salir a Bolsa como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas decisiones conllevaban", explicó el tribunal.

"Lo que resulta evidente a todas luces -añaden los jueces- es que el proceso que culminó" con la salida a Bolsa de Bankia, "fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones".

El tribunal afirmaba que en el momento de su salida a bolsa, Bankia era viable. La inviabilidad que pretenden las acusaciones "se sustenta principalmente en los cuatro correos" electrónicos que el inspector del Banco de España José Antonio Casaus Lara envió entre abril y mayo de 2011 a otros inspectores y sus superiores. Opiniones que no tuvieron nunca reflejo en documento oficial alguno.

Sin embargo, la Fiscalía siempre tuvo claro que fue "una de las mayores estafas conocidas en España por su cuantía, número de perjudicados e impacto en la economía".