El PSOE de Andalucía va a impulsar una enmienda para corregir la Ley estatal de Secretos Oficiales (de 1968), cuya reforma lleva un año postergada en el Congreso, con objeto de sortear los argumentos jurídicos en los que se ha escudado la Mesa de las Cortes para impedir la difusión de las actas sobre la muerte de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que falleció de un disparo policial en la manifestación en defensa de la autonomía plena andaluza el 4 de diciembre de 1977.

La presidenta de la Junta y líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha reactivado un debate que lleva más de un año en un limbo burocrático, y ha instado a su equipo a elevar la presión en el Congreso y coordinarse con el diputado socialista que defenderá la iniciativa, José Enrique Serrano, “para eliminar todos los obstáculos jurídicos que impiden conocer toda la verdad” sobre la muerte de Caparrós. El PSOE andaluz ha redactado una enmienda al proyecto de reforma de Ley de Secretos Oficiales, registrado en noviembre de 2016 por el PNV, que busca “eliminar el carácter secreto de toda información cuya privacidad se rige por normas derogadas”.

Es la respuesta al portazo que el Congreso dio hace dos semanas al requerimiento de la Junta de Andalucía para que se hicieran públicas las actas de la investigación sobre el fallecimiento del llamado mártir de la autonomía andaluza. La Mesa de la Cámara denegó la difusión de esos documentos apelando al reglamento de las Cortes que regía en 1977, durante la comisión de encuestas (hoy llamada comisión de investigación) sobre la muerte de García Caparrós, a pesar de que dicho reglamento fue derogado en 1982. “No tiene sentido que se apele a una norma que no está en vigor. Es un tapón que impide acceder a toda la información sobre la muerte de García Caparrós que la presidenta se ha comprometido a difundir”, dice el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo.

La diputada andaluza María Jesús Serrano subraya que la negativa de la Mesa se ampara en argumentos que “carecen de sentido jurídico y político, porque no se puede aplicar en 2017 un reglamento derogado hace 35 años”, y defiende que “la vía más eficaz para difundir las actas es derogar parcialmente la Ley de Secretos Oficiales”.

Los socialistas andaluces también tramitarán esta medida en el pleno del Parlamento Andaluz del próximo jueves, a través de una proposición no de ley, para lograr el consenso del resto de fuerzas. El legado de la memoria de García Caparrós, cuarenta años después de su muerte, se ha convertido en un nuevo espacio de disputa política entre los partidos de la izquierda andaluza.

Izquierda Unida, a través de la diputada malagueña de Unidos Podemos, Eva María Sempere, fue la primera parlamentaria en tener acceso a las actas de la comisión del Congreso que investigó el fallecimiento del joven. Se supo entonces de la existencia de un informe policial, oculto durante cuatro décadas, que reveló que el 4 de diciembre del 77 hubo policías arrestados tras la manifestación a favor de la autonomía andaluza en la que murió García Caparrós. El chico, de 18 años, murió del disparo de un cabo de la Policía que supuestamente rebotó en una cornisa e impactó en su cuerpo.

IU cree que el PSOE se equivoca de ley

La coalición de izquierdas cree que la iniciativa del PSOE para modificar la Ley de Secretos Oficiales no tiene sentido, porque la Mesa del Congreso “ni siquiera apela a esta normativa en su respuesta contraria al requerimiento de documentación de la Junta”. El director de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Cámara, Mateo Maciá Gómez, responde así en su informe a la solicitud del Ejecutivo andaluz: “No resulta posible acceder a los solicitado por el señor vicepresidente de la Junta de Andalucía, por tratarse de documentación de carácter secreto, no existiendo en el Reglamento del Congreso un procedimiento que permita a la Mesa hacer públicos los documentos secretos”.

Acto seguido, “por aplicación análoga del artículo 96.2 del reglamento actual de la Cámara Baja”, se autoriza la consulta de las actas, pero no se permite hacer copia de las mismas, y además se ocultan los nombres y apellidos de todos los que aparecen en la comisión de investigación sobre la muerte de García Caparrós para preservar su identidad. Las declaraciones de quienes fueron citados a esa comisión deben ser secretas durante 50 años, según el artículo 57.c de la Ley de Patrimonio Histórico Español que, según IU, es la norma que verdaderamente impide acceder a los últimos datos que faltan por conocer sobre la muerte del joven malagueño.

Dicho artículo reza así: “Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos”.

La coordinadora regional de Podemos, Teresa Rodríguez, también registró una iniciativa en el Parlamento para que el Gobierno andaluz instase al Congreso de los Diputados a hacer públicas las actas de la comisión que investigó su muerte. Díaz hizo suya esta demanda durante una sesión de control y desde entonces ha ido poniendo cada vez más atención al asunto de García Caparrós, en paralelo al aniversario de los 40 aniversario del 4-D. El Congreso rechazó su requerimiento a difundir la documentación reservada, pero permitió el acceso de cualquier miembro de la Junta que quisiera revisar las actas. Será el vicepresidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Jiménez Barrios, quien se persone en la Cámara Baja después de las fiestas navideñas, acompañado de un jurista, para estudiar la documentación (igual que lo ha hecho la diputada de IU), sin descartar acciones judiciales a posteriori.

Hace justo un año, el pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales, vigente durante el periodo del tardofranquismo. La iniciativa contó con los votos a favor del PNV, PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís y CDC. El PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo. La propuesta no ha evolucionado mucho desde entonces, pero ahora el grupo socialista va a reactivar el debate incluyendo una enmienda dibujada por sus compañeros andaluces, diseñada ex profeso para desbloquear el acceso a las actas de García Caparrós.

La propuesta de reforma que planteaba el PNV obligaba a desclasificar documentos oficiales de carácter secreto en un plazo máximo de 25 años (de diez para materias consideradas reservadas). La mayoría de países europeos se ha dotado de un procedimiento automático de desclasificación de información oficial a partir de un periodo específico, algo que llevan reclamando los historiadores en este país hace cuatro décadas.

Los nacionalistas vascos eran mucho más ambiciosos al plantear la modificación de la ley: Pedían que fuera el Consejo de Ministros quien tuviera la potestad “exclusiva” para clasificar una materia y su cancelación (actualmente la ley permite declarar el carácter secreto o reservado de documentos a la Junta de Jefes de Estado Mayor, además del Gobierno, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos que la propusieron. También proponían “suprimir la referencia a la naturaleza secreta o no” de las sesiones en que el Congreso o el Senado han de recibir información sobre una materia clasificada, función ésta que sólo compete a los respectivos reglamentos de ambas Cámaras, según la propuesta del PNV.