El juzgado de lo Social número 1 de Santiago celebra este martes tres vistas orales consecutivas por demandas por vulneración de derechos fundamentales en la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) de otros tantos periodistas de sus servicios informativos. El máximo responsable de la CRTVG es Alfonso Sánchez Izquierdo, quien dirige los medios públicos gallegos desde que el PP accedió al poder en la Xunta en 2009.

Las periodistas acusan a la empresa de haber frenado su carrera profesional y de haberlas cambiado recientemente de puesto de trabajo en represalia por criticar en sus redes sociales al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; por negarse a alterar noticias en beneficio de los intereses del Gobierno de ese partido en la Xunta, o por su apoyo al movimiento Defende a Galega, que promueve protestas contra las represalias de quienes se oponen a la manipulación informativa.

El juzgado ha señalado las tres vistas orales por la mañana. Se celebrarán de forma consecutiva a las 9.30h, a las 10h y a las 10.30h. El comité de empresa de la CRTVG ha invitado a los trabajadores a acudir a los juicios, que son públicos, como muestra de solidaridad y apoyo hacia sus compañeros y en defensa de la independencia, la neutralidad política y la profesionalidad de los medios públicos.

Las demandantes son Mayte Cabezas, Mónica Rosas y Alberto Ordóñez, tres periodistas de prestigio con años experiencia en los servicios informativos de la casa.

De la TVG a un papel secundario en la Radio Galega

Cabezas, que empezó a presentar programas en la TVG hace más de tres décadas y cuyo padre fue asesinado por los Grapo en 1989, fue destinada sin previo aviso en marzo pasado a un papel secundario en un mazgazín vespertino de la Radio Galega cuatro días después de haber criticado en su página de Facebook unas declaraciones de Feijóo sobre las víctimas del 11M.

Ordóñez, que fue corresponsal en Bruselas y con una prestigiosa trayectoria especializada en información económica en radio, fue destinado a cubrir noticias sociales intrascendentes en la TVG al día siguiente de haberse negado a acatar la orden de sus superiores de censurar una información sobre el IPC para ocultar que los precios de enero habían subido más en Galicia que en el resto de España.

Mónica Rosas, que llevaba desde hace más de  25 años trabajando como redactora en los servicios informativos de la TVG y significada en las protestas de Defende a Galega, fue reubicada en la radio el mismo día en que otra compañera también fue cambiada de medio en circunstancias similares. Esta última también ha denunciado a la empresa, aunque la vista de su caso se celebrará el próximo septiembre.

Según ha podido saber Público a través de fuentes del comité de empresa, los tres trabajadores, dos de los cuales se encuentran de baja médica, ya habían sido previamente relegados a tareas informativas de escaso relieve que significaron ver truncadas sus respectivas carreras profesionales. Sus traslados se produjeron sin previo aviso y sin siquiera consultarles. La CRTVG tampoco les ha proporcionado formación alguna para asumir sus nuevas tareas.

La dirección de Sánchez Izquierdo no responde

Púbico ha preguntado al departamento de comunicación de la empresa si la dirección deseaba hacer alguna valoración sobre el tema, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta. En ocasiones anteriores y consultada sobre casos similares, la CRTVG tampoco se dio por aludida.

Las de Rosas, Cabezas y Ordóñez son sólo tres más de las centenares de demandas por vulneración de derechos civiles y laborales en la CRTVG que han tramitado los juzgados de la capital de Galicia durante el mandato de Sánchez Izquierdo. A ellos se suma la querella criminal  presentada por otra periodista y por la que otro juzgado de Instrucción de Compostela ha imputado al director general y a otros ocho altos cargos de su equipo por los delitos de acoso moral y contra los derechos de la trabajadora.

La portavoz del Bloque Nacionalista Galego en la Comisión de Control de la CRTVG, Olalla, Rodil, tiene previsto preguntar el miércoles por este asunto a la Xunta en el Parlamento gallego.

Sánchez Izquierdo fue nombrado por Alberto Núñez Feijóo nada más llegar al poder en mayo de 2009, y ha sido mantenido en el cargo por su sucesor, Alfonso Rueda. La Lei do Audivisual de Galicia impulsada por el PP en 2011 obliga a que los miembros del consejo de administración del ente sean elegidos por mayoría de dos tercios del Parlamento de Galicia, pero él es el único consejero que no ha sido elegido por la Cámara, donde el PP tiene 42 de los 75 escaños. Es decir cuatro más sobre la mayoría absoluta pero a ocho de la mayoría cualificada que establece la ley.

Durante su mandato, la CRTVG, que se financia con los presupuestos de la Xunta, ha tenido que hacer frente a otros varios centenares de sentencias en contra de los tribunales por persecución política de sus profesionales y por vulneración de derechos fundamentales y despidos improcedentes, muchas de las cuales han condenado a la empresa a costear con dinero público las indemnizaciones a los trabajadores represaliados que han establecido los tribunales. Según la web de Transparencia de la Xunta, Sánchez Izquierdo cobra un salario de 92.333,10 euros anuales.

El Comité de Empresa de la CRTVG ha advertido que si se normalizan los traslados y cambios de puesto de trabajo como forma de represalia o advertencia contra los trabajadores, se abrirá la puerta "a una movilidad que nada tiene que ver con su proyección profesional ni con una mejor prestación del servicio público".