El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este lunes a la patronal y a los sindicatos CCOO y UGT que no peligra el contrato de España con Arabia Saudí para venderle cinco corbetas por un importe total de 1.800 millones de euros, fabricadas por la empresa pública Navantia en su planta de San Fernando (Cádiz).

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, aprovecharon una reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno para preguntarle sobre este asunto, que tanto inquieta a los trabajadores de los astilleros de San Fernando.

En este sentido, Sordo ha indicado que, según les ha trasladado el Gobierno, "no hay caso" y las corbetas "no están en riesgo", por lo que ha querido transmitirles un mensaje de "tranquilidad" al respecto.

En la misma línea, Rosell ha reconocido que se ha producido cierta "intranquilidad" con este tema, pero ha indicado que "parece" que en este momento ya no hay ningún problema.

Pese a esos mensajes tranquilizadores, los trabajadores de Navantia en San Fernando celebrarán este martes una nueva asamblea a primera hora de la mañana para, posteriormente, salir nuevamente a la calle en protesta ante la incertidumbre que sienten por el futuro del contrato con Arabia Saudí.

Según ha indicado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Jesús Peralta, en un comité celebrado en la mañana de este lunes se ha elaborado un calendario de movilizaciones "amplio". En este sentido, ha añadido que "en esta ocasión van a ser los trabajadores los que digan la opción de qué tipo de movilización quieren".

Asimismo, ha señalado que durante la celebración del comité "han sido muchas las protestas que ha habido y así se va a hacer llegar en la asamblea del martes en la puerta de la factoría".

Peralta ha añadido que como "no hay confirmación", no van a rebajar la "tensión", pese a que desde el Gobierno no se han cansado de repetir a lo largo del fin de semana que no hay motivos para la alarma. A pesar de la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Senado y de que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quiso lanzar un mensaje de "tranquilidad" el pasado viernes a los trabajadores y les prometió una resolución "satisfactoria" al conflicto.

La firma del contrato, en negociaciones desde el año 2015, se produjo el pasado mes de julio por un importe de 1.800 millones de euros, suponiendo una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas para los astilleros de Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol y Cartagena y su industria auxiliar.

El programa arranca a finales de 2018 y el último buque debería entregarse en el 2022. En cuanto a su impacto en empleo, se calcula que durante cinco años se generarían anualmente cerca de 6.000 ocupados directos e indirectos. De ellos, más de 1.100 serían empleados directos, más de 1.800 empleados de la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 empleados indirectos generados por otros suministradores.

Sin embargo, desde que el Ministerio de Defensa frenara la venta de 400 bombas al país árabe ante la sospecha de que fueran a utilizarse contra población civil en la guerra de Yemen, la incertidumbre se ha apoderado de los trabajadores.