El Consejo de Transparencia ha estimado total o parcialmente varias peticiones de información realizadas por el asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia Luis Salom sobre los viajes de Pedro Sánchez en el avión Falcon, su viaje a Cuba y la visita a Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica de 2018.

En varias resoluciones fechadas el 12 de noviembre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estima total o parcialmente diferentes reclamaciones de Salom contra respuestas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que alegaban que la información sobre los viajes y actividades del presidente del Gobierno figuran en la web oficial de la Moncloa y que no era posible facilitar otra información.

En los escritos, el CTBG insta a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno a que en el plazo máximo de diez días hábiles remita al asesor del PP el coste aproximado del desplazamiento de Sánchez y sus acompañantes del pasado 25 de marzo para una visita institucional a Cádiz, y el viaje de regreso, según la resolución facilitada por Salom.

A vueltas con el Falcon

También pide que se remita la información sobre el número de vuelos en el avión Falcon u otro del Ministerio de Defensa usado por Sánchez desde el 21 octubre de 2018 hasta el 6 de mayo de 2019, señalando fechas de cada uso y destino, así como el número e identificación de los cargos públicos que le acompañaron, y del gasto total.

En la misma situación está la petición de información realizada por Salom para conocer qué personas viajaron con Sánchez a Cuba y el importe de los gastos, y del viaje a los países de Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica del 27 al 31 de agosto de 2018.

Contra esta resolución del Consejo de Transparencia se puede presentar recurso contencioso-administrativo en plazo de 2 meses. El Consejo también pide a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que remita a este órgano copia de la documentación enviada al reclamante.

Salom ha solicitado información sobre el coste de viajes de Sánchez en varias ocasiones desde agosto de 2018, cuando requirió datos sobre la reunión de Sánchez con autoridades autonómicas y locales y su asistencia al Festival Internacional de Benicàssim.

En ese caso, la Secretaría General de Presidencia detalló un gasto de 282,92 euros en protocolo y añadió que no podía facilitar el resto de información "por ser materia clasificada".