La Oficina Antifrau de Catalunya deja solo al mayor denunciante de corrupción de las universidades

El protagonista de esta noticia es un profesor universitario catalán, doctor en Economía, Finanzas y Empresa, siendo su área de investigación la innovación y la comercialización de mercados internacionales. Tiene varios másteres y una trayectoria como docente fuera y dentro del Estado español. Sin embargo, no ha logrado plaza en ninguna universidad pública catalana debido a "un patrón repetido de corrupción, como es dar las plazas a dedo, saltándose los cauces de méritos", denuncia.

Pese a su dilatado currículo y a los años de profesor en una universidad chilena, este hombre no encuentra trabajo digno y ha acabado siendo declarado en exclusión social por el Ayuntamiento de Barcelona. Público omite su nombre por razones de seguridad y de protección de datos, ya que es alertador de corrupción; probablemente el mayor denunciante de corrupción de las universidades públicas catalanas.   

Sin embargo, el ente público que debe protegerlo, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha desestimado su solicitud de medidas de protección, que se extienden, según la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, tanto a medios económicos como a ayuda psicológica (artículo 37). 

Este profesor acaba de presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Justica de Catalunya por la denegación de Antifrau de dichas ayudas económicas y de apoyo psicológico. "La Oficina Antifrau no está en condiciones de prestarlas efectivamente, por falta de desarrollo normativo y habilitación presupuestaria, en el caso de las primeras, y por falta de recursos especializados en el caso de las segundas", consta en una comunicación del 15 de noviembre de 2024 firmada por el jefe del área de denunciantes de la OAC. 

Poca ayuda

En la mencionada comunicación, a la que ha podido acceder Público, únicamente se le ofrece al alertador de corrupción la posibilidad de agilizar los trámites en caso de que se decida a solicitar el "Ingreso Mínimo Vital, la Renta garantizada de ciudadanía u otras prestaciones económicas". Dice el dirigente de la OAC en este sentido: "Si solicita alguna prestación económica o de alguna otra naturaleza y desea comunicárnoslo, trataremos de llevar a cabo las gestiones oportunas para agilizar al máximo su tramitación".

Esa es toda la ayuda que ofrece la Oficina Antifrau de Catalunya a un denunciante de corrupción de un sector tan esencial como las universidades públicas. Así, ha reportado irregularidades en concursos de provisión de plazas para docentes en los siguientes centro universitarios: Universidad Pompeu Fabra (UPF), Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), Universidad de Lleida (UDL), Universidad de Girona (UdG), Universidad de Barcelona (UB), Universidad Rovira y Virgili y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), universidades donde ya tiene la puerta cerrada para optar a una plaza, en una especie de "represalia", denuncia este hombre. 

"Es relevante destacar que, aunque pese a haber sido considerado apto en varias ocasiones, no se le ha concedido la plaza debido a la preferencia dada a candidatos con vínculos previos con la universidad, y en otros casos, se han dejado plazas desiertas y/o vacantes, a su entender, a modo de represalias", consta en la demanda, a la que ha tenido acceso este diario.

Se queda fuera de los concursos

Este profesor ha informado a Antifrau de irregularidades presuntamente cometidas en el proceso de selección de unas 30 plazas, en una veintena de concursos. Varias señalan al área de Business Organization en la Universidad Politécnica de Catalunya, donde se ha podido dar un "patrón repetido de priorización de candidatos internos incluso con menos méritos objetivos". En este sentido, el denunciante de corrupción explica que en uno de los procesos selectivos, "se me excluyó por un supuesto error documental que en realidad no existía". 

"Pese a contar yo con una trayectoria académica acreditada y más senior en varios aspectos clave me quedaba fuera mientras que perfiles ya integrados en la estructura de la universidad se hacían con las plazas", manifiesta y subraya además: "Estos concursos deberían ser imparciales y basados en méritos objetivos, pero no es así y eso redunda en la falta de igualdad de oportunidades". 

Entre 2018 y 2023 participó en varios concursos de profesorado convocados por la Universidad Autónoma de Barcelona, en los que pudo constatar, según denunció en Antifrau, que fueron adjudicados a candidatos previamente vinculados al departamento, "en muchos casos mediante plazas internas no competitivas", apuntala.

Según su propia investigación, en estas universidades "anuncian plazas en portales internacionales como Akadeus y poco después se ofrece una plaza postdoctoral 'a dedo', sin concurso abierto, a una persona previamente seleccionada. Más adelante, se convoca la plaza formalmente y acaba siendo adjudicada a quien ya había ocupado ese puesto".

Radiografía de la corrupción universitaria

Antifrau recibió denuncias de este 'alertador' en 2022 y 2023 y las trasladó a los responsables de las universidades, con una serie de recomendaciones para que los procesos selectivos fueran transparentes, según consta en comunicaciones a las que ha tenido acceso este diario.    

En entrevistas personales con los dirigentes de la Oficina Antifrau, en las que este profesor ha entregado pendrive con la abundante documentación que acompaña a su investigación, se le dio mensajes que hacían apuntar a un proceso de investigación y de protección al denunciante, tales como "Ya veremos si lo miramos desde la unidad de protección o si lo pasamos a la unidad de análisis e investigación"; "(...) si es tan claro, puede ser interesante que sea la oficina la que lo derive a Fiscalía". 

Desprotección

En cuanto al expediente abierto ante la petición de medidas de protección, plasmadas en el artículo 37 de la ley de protección a los alertadores de corrupción, ha sido desfavorable. "A partir de aquí usted ha ido designando en dicho expediente, con aportación de un enorme volumen de información y documentación, como presuntas represalias, el hecho de que no haya sido seleccionado en múltiples convocatorias de diversas universidades. La protección prevista en la Ley 2/2023 no puede plantearse con carácter abstracto sino en términos concretos, y en todos aquellos casos no podemos certificar que usted pueda acogerse a la protección prevista en esa norma legal", consta en la comunicación de Antifrau, a la que ha tenido acceso este diario.

Es su demanda, el profesor alega: "Es importante destacar que el hecho de haber presentado una 'gran cantidad de documentación' no puede ni debe ser utilizado como argumento para denegarme la protección a la que tengo derecho. La Ley 2/2023 establece que los denunciantes de infracciones deben ser protegidos siempre que se acredite la existencia de represalias, como ocurre en mi caso, habiendo sido injustamente desfavorecido de múltiples procesos de selección en universidades a pesar de cumplir sobradamente con los requisitos establecidos en sus bases".

Represalias

"Cuando demuestro que uno por uno estos procesos de selección en las universidades catalanas me dejan fuera sin otro motivo que haber ido denunciando sus ilegalidades, es decir, que me están represaliando, quien me tiene que proteger me deja tirado", exclama este profesor. 

Cita como ejemplos los casos de la Universidad de Girona y la Universidad Autónoma de Barcelona, en los que "se han dejado plazas vacantes de manera intencionada, a pesar de que yo reunía todas las cualificaciones necesarias para acceder a las mismas".

En su demanda también indica: "He documentado con precisión que en el Departamento de Economía y Empresa de la UPF se adjudican generosos salarios a dedo en procesos de selección gestionados por un profesor, beneficiando a personas a veces incluso sin la cualificación requerida (doctorado), mientras que se me excluye sin justificación alguna".

Juicios en el horizonte

No solo a la Oficina Antifrau, el profesor ha llevado también ante la Justicia muchos de esos procesos de selección. Sus demandas por discriminación, falta de imparcialidad, irregularidades documentales y violación del principio de mérito y capacidad ya tienen fecha señalada para juicios en 2026. "Se trata de una oportunidad clave para que la justicia valore, con las garantías del orden social, el conjunto de vulneraciones sufridas en mi trayectoria profesional dentro del sistema universitario catalán", declara.

Una de las experiencias que constan en poder de Antifrau tuvo lugar en 2024, cuando se presentó a una plaza postdoctoral en la Universitat Rovira i Virgili, [universidad pública de Tarragona]. "Cumplía todos los requisitos: doctorado en Economía y Empresa, publicaciones científicas y experiencia acreditada en análisis de datos. El proceso fue altamente irregular. La primera evaluación fue anulada tras mi recurso, lo que ya demuestra que hubo errores. En la segunda fase, cambiaron los criterios sin justificación, aumentando la discrecionalidad de 75% a 85%. Se infravaloró de forma evidente mi experiencia técnica, con errores básicos por parte del tribunal".