Organizaciones LGTBIQ+ reclaman al CGPJ abrir expediente contra el juez Carlos Valle: "Es lamentable la criminalización de las personas homosexuales"

La Federación Plataforma Trans condena las declaraciones del juez Carlos Valle, emitidas durante la comparecencia del humorista Héctor de Miguel. En sus comentarios, el magistrado comparó una broma sobre el Valle de los Caídos con la idea de hacer explotar la Plaza Pedro Zerolo −símbolo del madrileño barrio de Chueca y que homenajea a uno de los activistas LGTBIQ+ más importantes de la historia de España− y agredir a homosexuales. Además, el colectivo considera que Valle fue más allá al afirmar que todos los homosexuales son abusadores de niños, vinculando su orientación sexual con la pederastia.

La Fundación Pedro Zerolo, por su parte, ha tildado de "inadmisibles" las declaraciones del juez y pide al CGPJ que le abra un expediente sancionador. "Resulta inaceptable que esto provenga de una persona cuya responsabilidad es garantizar la justicia. Además, establece una comparación entre la plaza de Pedro Zerolo y la Cruz del Valle de los Caídos, sugiriendo que Franco y Zerolo son equivalentes y que ambos espacios tienen simbolismos similares", algo que –subrayan desde la Fundación a través de un comunicado– es "completamente inadmisible".

El conjunto de entidades trans que configuran la Federación Plataforma Trans ha solicitado a la Fiscalía que actúe de oficio para investigar si las afirmaciones realizadas por el juez en sede judicial podrían constituir un delito de odio, conforme al artículo 510 del Código Penal. Además, ha elevado una petición al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se inicie un expediente con el fin de depurar responsabilidades.

"Es profundamente lamentable la criminalización de las personas homosexuales, especialmente cuando proviene de quienes tienen la responsabilidad de velar por la integridad y los derechos de las personas LGTBIQ+ para ser y amar con libertad", declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans.

"En un momento en que las agresiones a las personas LGTBIQ+ están experimentando un aumento alarmante, es sumamente grave que estos hechos ocurran por parte de un representante de la judicatura y en sede judicial", añade. Cambrollé afirma que "no es sorprendente que de cada diez agresiones a personas LGTBIQ+, solo se denuncian dos. Hechos tan deplorables como estos hacen que se pierda la confianza en la justicia".

Mar Cambrollé (Federación Plataforma Trans): "Es momento de poner en marcha el régimen de sanciones administrativas"

"Pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga fin a los discursos de odio, especialmente en redes sociales, donde circulan con total impunidad, causando graves consecuencias en las vidas de las personas trans y LGTBIQ+. Es urgente la implementación de una asignatura de respeto a la diversidad sexual y de género en todas las etapas educativas. Asimismo, es momento de poner en marcha el régimen de sanciones administrativas que contempla la Ley Trans y de Derechos LGTBI, en vigor desde marzo de 2023", manifiesta la portavoz de la Federación.

Por último, Cambrollé insiste en que "es hora de que se aplique el artículo 510 del Código Penal para proteger a los grupos vulnerables y deje de ser utilizado para perseguir y amordazar a actores y jóvenes antifascistas".

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Por su parte, el despacho Olympe Abogados ha puesto a disposición un formulario a través de X (antes Twitter) para permitir la presentación de quejas contra el juez, "algo que nosotras ya hemos hecho". Según explican los juristas, la queja debe ir dirigida al juez titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid.

Asimismo, el presidente de l'Observatori Contra la LGTBIfòbia, Eugeni Rodríguez, en la misma red social, ha calificado la comparación realizada por el magistrado como "inadmisible y completamente fuera de lugar".

Avalancha de quejas al CGPJ

Las quejas al CGPJ sobre la polémica conducta de algunos jueces se han vuelto cada vez más comunes. A principios de este año, se produjo una avalancha de denuncias sobre la actitud machista del juez Adolfo Carretero durante el interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá, en el juicio por la denuncia de agresión sexual interpuesta contra Íñigo Errejón. Las quejas fueron tantas, −14.000 a primera hora de la mañana−, que el servicio colapsó.

Finalmente, gracias a las numerosas denuncias, el magistrado Ricardo Conde, Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, asumió la responsabilidad de abrir una diligencia informativa para investigar la actuación de Carretero.