El Ministerio de Asuntos Exteriores Cooperación y Unión Europea remitió el jueves una carta a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en la que solicitaba la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüistico de la Unión Europea para sumarlas a las 24 actuales. Se trata de una petición enmarcada en las negociaciones entre el PSOE y los partidos nacionalistas para configurar una mayoría progresista en la Mesa del Congreso de los Diputados.

Esta petición supondría elevar las tres lenguas cooficiales de España al mismo estatus que el resto y supondría traducir todos los documentos de la UE, desde el Tratado de Funcionamiento hasta la jurisprudencia y la documentación emitida durante los últimos 65 años. Solo el Consejo de la UE tiene competencia para aprobar esta modificación y debe aprobarse por unanimidad de todos los países miembros.

Los soberanistas catalanes han dado a Pedro Sánchez hasta el 19 de septiembre, día en que se celebra la primera reunión del Consejo con España en la Presidencia, como fecha para que se someta a votación este cambio en la norma.

Sin embargo, el gaélico tardó hasta dos años en oficializarse, aunque en este caso, la diferencia pasa porque Irlanda no presidía en ese momento el Consejo de la Unión Europea, algo que sí sucede en el caso de España, y que le da un estatus privilegiado para introducir temas en la agenda del Consejo.

Por otra parte, en 2022 el Gobierno ya solicitó a la Eurocámara el uso de estas tres lenguas en las sesiones plenarias. Sin embargo, hasta hoy no se han dado avances en la petición ni existen datos sobre qué implicaciones tendría en el día a día, lo que tampoco permite a España ser optimista sobre la inmediatez a la hora de aprobar esta reforma en el Consejo.

La inclusión del gaélico terminó de consolidarse en enero de 2022. Desde la entrada de Irlanda en 1973 los Tratados se tradujeron al gaélico, aunque no fue hasta 2005 cuando se llevó a cabo la solicitud para convertirlo en lengua oficial. En 2007 se aprobó por unanimidad, aunque debido a la escasez de recursos para traducir toda la documentación se estableció una derogación para traducir solo ciertos documentos, una medida que comenzó a retirarse a petición de Irlanda a partir de 2015 y que caducó en 2022 cuando hubo capacidad para aplicar la normativa y traducir los documentos.

Dificultades para lograr la unanimidad

El único caso, por tanto, llevó dos años para lograr el reconocimiento y 16 para equipararlo al resto de idiomas en cuanto a volumen de documentos traducidos. 

El exletrado del Servicio Jurídico del Consejo de la UE y diputado del PP en la Junta de Asturias, Diego Canga, aseguró a través de sus redes sociales que la unanimidad no es "gratis" y que algunos países miembros podrían pedir "concesiones a España en pesca, agricultura, energía o transporte" para votar a favor de la inclusión de las lenguas.
Asimismo, añadió que se trata de un "asunto doméstico" que "no suele gustar" en el Consejo y "menos cuando se ostenta la Presidencia". También apuntó que esta propuesta podría abrir "la caja de Pandora" en otros países con problemas lingüísticos similares.

La inclusión de estas lenguas además conlleva un coste económico, y la UE podría exigir a España que lo asumiera, atendiendo a las informaciones de Canga, aunque en el caso del gaélico es la UE quien ha corrido siempre con los gastos, incluso cuando se han tenido que contratar servicios externos a la oficina de la Unión para soportar el volumen de trabajo.

La Unión Europea actualmente gasta cerca de 330 millones de euros en servicios de traducción, según la Directiva de Traducción de la Comisión Europea. La inclusión de cuatro nuevas lenguas podría suponer un aumento significativo del presupuesto, aunque con la tecnología actual podría reducirse, algo que ya sucedió con la introducción de herramientas como el motor de traducción MT@EC que funciona a través de algoritmos estadísticos y otros mecanismos.