La negociación en el seno del diálogo social para reducir la jornada laboral entra en el tiempo de descuento y el Gobierno va a echar el resto para empujar a la patronal a un acuerdo. La estrategia del Ejecutivo en los últimos días suena a ultimátum para que la CEOE se sume a una medida que tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez consideran prioritaria para la legislatura.

Las negociaciones del diálogo social no siempre han motivado consensos entre las dos partes que sostienen a la coalición. Medidas tan importantes como la reforma laboral, la ley rider o, incluso, las subidas del salario mínimo interprofesional han provocado enfrentamientos y divergencias entre el PSOE y el departamento liderado por Yolanda Díaz.

La reforma laboral, de hecho, causó una de las mayores tensiones en la coalición cuando Nadia Calviño, entonces vicepresidenta económica del Gobierno, quiso irrumpir en la negociación que durante meses habían mantenido Trabajo y los agentes sociales.

Sin embargo, en lo que respecta a la reducción de la jornada laboral la estrategia es clara y unitaria, y así se lo está haciendo saber el Ejecutivo a los de Antonio Garamendi. La advertencia no deja lugar a dudas: el Gobierno aprobará la medida haya o no acuerdo con la patronal, aunque el objetivo prioritario es que el empresariado estampe su firma.

Díaz lleva tiempo diciéndolo, y este domingo lo volvió a dejar claro durante una mesa redonda que compartió con los líderes de CCOO y de UGT en la Fiesta del PCE. "Queremos acuerdos, trabajamos para ello, y es posible alcanzarlos. No obstante, si no hay consenso, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España procederán a reducir la jornada laboral, tal como hicimos con el salario mínimo interprofesional", defendió.

Tres motivos que hacen importante el apoyo de la CEOE

Pero esta vez la voz de la ministra de Trabajo no es la única que está frente a la patronal. Este lunes, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López (hasta hace unos días, mano derecha de Pedro Sánchez en La Moncloa), se expresó también en este sentido.

"Yo creo que estamos todavía a tiempo de emplazar a la patronal para que se siente y negocie para alcanzar un acuerdo, pero desde luego que este Gobierno va a cumplir con su palabra, con los ciudadanos", dijo refiriéndose al acuerdo de coalición rubricado entre el PSOE y Sumar, que recoge la reducción de jornada a 37,5 horas en 2025. 

Pese a las advertencias del Ejecutivo, el objetivo de atraer a la patronal al acuerdo es de primer orden por varios motivos. El primero es que los acuerdos tripartitos siempre son más estables y están más blindados en el tiempo que los acuerdos bipartitos (por ejemplo, entre Trabajo y los sindicatos).

Además, el apoyo de la CEOE facilita la implementación de una medida que requiere de un cambio estructural de las formas del trabajo en muchas empresas (el Ministerio dirigido por Díaz ha propuesto un plan de acompañamiento para pymes que incluye la bonificación de las cotizaciones de nuevas contrataciones).

El tercer elemento que hace muy importante el apoyo de la CEOE es, quizá, el que más preocupa al Gobierno. La medida debe ser refrendada por un Congreso de los Diputados que en este momento acoge a una mayoría conservadora en su seno, y en una votación en la que los parlamentarios de formaciones como el PNV o Junts podrían ser imprescindibles.

Si el acuerdo llega a la Cámara Baja con la firma de la patronal, tendría más visos de prosperar que si llega sin el refrendo de los empresarios. Sin embargo, en el ámbito parlamentario el Ejecutivo también se guarda algunas cartas. Desde Trabajo siempre han trasladado que la medida goza de una enorme popularidad, también entre el electorado de las fuerzas más conservadoras, y que, por lo tanto, el rechazo de las derechas a la reducción de la jornada no estaría tan claro.

Díaz, además, ha realizado varios viajes a territorios como Euskadi o Catalunya para reunirse con su empresariado, siendo consciente de que en este asunto la patronal no habla con una sola voz (hay sectores que ya cuentan con convenios que recogen jornadas de 37,5 horas o, incluso, inferiores; mientras que, por otro lado, los empresarios de sectores como la hostelería o el campo se oponen de forma radical a la norma).

La propuesta de Feijóo abre un nuevo escenario

El asunto, además, dio cierto giro la pasada semana, cuando el PP propuso de manera pública avanzar hacia la jornada de cuatro días semanales. Aunque la propuesta de los de Alberto Núñez Feijóo no es la reducir la jornada de manera universal (sino la de trabajar en cuatro días las mismas horas que se trabaja en cinco, en aquellos sectores en los que sea posible hacerlo), la entrada de este partido en el debate descolocó a una patronal que estaba manteniendo un perfil muy bajo en la mesa de diálogo social.

De fondo, los sindicatos empujan en la calle desde la pasada semana con la convocatoria de movilizaciones a favor de la reducción de la jornada. El Ejecutivo quiere un acuerdo más pronto que tarde y la prioridad sigue siendo la de contar con el respaldo de la patronal.

En cualquier caso, la decisión es clara: si no hay acuerdo, el Gobierno tratará de aprobarlo de todas formas, y el ruido de fondo apunta a que esta vez puede que haya agua en la piscina parlamentaria.