La herida se profundiza. A pocos días de una huelga general por pensiones dignas y trabajo digno, el lehendakari Iñigo Urkullu ha realizado una serie de movimientos que le ubican aún más lejos de las principales fuerzas sindicales del País Vasco. El mensaje del Gobierno Vasco y del PNV es claro: la movilización del jueves tiene tintes "políticos" y, por tanto, no será respaldada por los nacionalistas. La marea pensionista de Euskadi y los sindicatos convocantes lo rechazan de plano.

El penúltimo conflicto entre ambas partes –mayoría sindical vasca y Ejecutivo autonómico– tiene como principal motivo, precisamente, los servicios mínimos decretados de cara a la jornada del jueves. En una nota conjunta, los sindicatos que convocan la huelga critican dichos servicios mínimos, que consideran "excesivos".

A juicio de las organizaciones firmantes –ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y EHNE– el Gobierno Vasco busca "ocultar el éxito de la huelga, poniéndose de nuevo en contra de las personas que más sufren", por lo que exigieron la anulación del decreto que establece los servicios mínimos.

"El Gobierno Vasco dejó claro públicamente que no participaría en la Huelga General en favor de las y los trabajadores. Se siente más cómodo junto a la patronal y el Gobierno del Estado y mirando a otro lado ante las míseras pensiones, la precariedad laboral y la pobreza que sufre este país", criticaron.

La cuestión, en realidad, viene de atrás. Hace algunos días, el lehendakari rechazó reunirse con los integrantes de la "Carta Social" de Euskal Herria, la plataforma que agrupa a esos sindicatos junto a otros colectivos. La cita había sido solicitada por los secretarios generales de ELA y LAB "para explicar de primera mano la motivación y las reivindicaciones de esta convocatoria". La petición de reunión también fue formulada a la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, dado que en ese territorio también está convocada la jornada de huelga.

De hecho, las organizaciones firmantes querían "conocer la opinión de los dos gobiernos sobre aquellas, en especial las que están en su ámbito de competencia". Chivite aceptó la solicitud –fijada precisamente para este lunes–, mientras que Urkullu comunicó por carta que no lo haría.

"Ha vuelto a quedar claro del lado de quién está este lehendakari. Comparte muchos espacios con la patronal que está impulsado la precariedad y mientras pone a ésta la alfombra roja no quiere reunirse con la mayoría sindical y social de este país que realiza propuestas para terminar con la precariedad y la pobreza", afirmaron los firmantes en un comunicado conjunto.

"Actitud prepotente"

Las decisiones del lehendakari también han causado un notorio malestar en el movimiento de pensionistas vascos, considerado el más potente del Estado. Este lunes, sus integrantes volvieron a concentrarse frente al ayuntamiento de Bilbao, tal como vienen haciéndolo desde hace ya dos años.

Además, han convocado una rueda de prensa para este martes a la mañana en Bilbao, donde darán a conocer detalles de la jornada de protesta del jueves. Uno de sus portavoces habituales, Jon Fano, calificó la actitud del lehendakari como "prepotente" y "algo sectaria".

Tanto Fano como otros portavoces han rechazado que la convocatoria de huelga haya supuesto la fractura del movimiento –ha habido voces de pensionistas contrarias a la huelga–, al tiempo que han destacado precisamente las muestras de solidaridad enviadas por otros colectivos de distintos puntos del Estado.

Urkullu y Confebask

En ese contexto, el sindicato CNT –que también ha llamado a la huelga– ha dado a conocer un comunicado en el que lamenta las "mentiras" de CCOO y UGT, cuyos órganos de dirección han rechazado tomar parte en estas movilizaciones.

La central anarcosindicalista ha calificado como "absolutamente falso" que se trate de una huelga de carácter nacionalista, al tiempo que lamentó que CCOO y UGT comparten "el mismo argumentario que Urkullu y Confebask", la patronal vasca.