Mucho ruido y pocas nueces. Así definen los conocedores de la guerra interna en el PP de Madrid la caída de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad por la difusión de un vídeo de 2011 en el que es registrada por el guardia de seguridad de un Eroski de Vallecas tras haber supuestamente hurtado dos botes de crema antiarrugas de la marca Olay. El hecho tuvo entonces trascendencia nula, pues ella acabó pagando los potes tras personarse en el lugar dos agentes de la Policía Nacional, y se fue de allí sin que mediara denuncia alguna.

No obstante, todo este estruendo tapa el verdadero escándalo de corrupción que durante más de un mes ha ido publicando eldiario.es: el falso máster expedido en la Universidad Rey Juan Carlos, que falsificó actas y dio trato de favor a Cifuentes, y por el que PSOE y Podemos apoyaban una moción de censura que obligaba a Ciudadanos a retirar su apoyo al PP y permitir así que perdiera la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Esta estrategia para salvar a los populares de la quema ha sido orquestada —aseguran fuentes del PP a Público— por la única dirigente conservadora que al mismo tiempo ha dado la cara por Cifuentes abiertamente: la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. La también ministra de Defensa ha acompañado este miércoles a Cifuentes hasta la rueda de prensa de su dimisión “después de haberla animado a poner la querella en la Fiscalía General del Estado por irregularidades en la Ciudad de la Justicia, pudiendo caer en un delito de prevaricación, ya que tendría que haberlo hecho ante el Tribunal de Cuentas”, explica un ex alto cargo.

Según dichas fuentes, “con la dimisión por algo tan escandaloso y banal como robar unas cremas, que finalmente fueron pagadas y por lo que no hubo denuncia, te ahorras un debate de moción de censura en el que tanto Ángel Gabilondo por el PSOE, como Íñigo Errejón por Podemos iban a hacer una enmienda a la totalidad de la corrupción del PP de Madrid”.

Zanjado el debate político de profundidad en la Asamblea de Madrid, la que sangra a chorros es la guerra interna del Partido Popular. ¿Cuál de las cuatro facciones que ahora mismo se enfrentan ha guardado y filtrado el vídeo? La ofensiva de Esperanza Aguirre contra sus discípulos Francisco Granados, Ignacio González y Alfredo Prada, y de ellos entre sí y contra la exlideresa, ya ha demostrado ser a muerte. Pero la mayoría de los conocedores de esta lucha intestina señalan a Granados o González como las personas que pudieron obtener ese vídeo y encargar la elaboración del dossier de escándalos de Cifuentes que ahora, medida y ordenadamente, se está filtrando.

Todo se remonta al caso conocido como La Gestapillo, el espionaje entre políticos madrileños del Partido Popular; un pugna de familias del PP al estilo mafioso que se está destapando en los sumarios de Lezo y de Púnica. Sin embargo, en esa causa judicial sólo hay dos guardias civiles y un bedel en espera de juicio por supuestamente haber espiado al exconsejero de Justicia Alfredo Prada; al ex teniente alcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo; a la diputada Carmen Flores, con estrechas relaciones con el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, y a la propia Cristina Cifuentes.

Esos cabezas de turco de la guerra entre altos dirigentes del PP siempre han defendido su inocencia, y así lo hicieron también en la comisión de investigación sobre corrupción celebrada en la Asamblea de Madrid, donde entregaron un documento titulado Cloacas. Pero además señalan a los comisarios de Policía José Manuel Villarejo —en prisión por cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal— y Enrique García Castaño como las personas que hacían esos trabajos de espionaje para el PP de Madrid, a través de Enrique Barón —ex jefe superior de Policía de Madrid y director de Seguridad de la Comunidad en esos años—, así como a la agencia de detectives Método3.

Según el documento Cloacas, en 2011 escucharon "al viceconsejero de Francisco Granados, Alejandro Halfter, y al Director del Gabinete del Consejero, Ignacio Palacios, y al propio Francisco Granados, que Enrique Barón había ofrecido los servicios operativos de los Comisarios D. José Manuel Villarejo Pérez y Enrique García Castaño en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la CAM".

Esta relación con los comisarios de Policía se vio confirmada por la grabación difundida por el propio Villarejo de la reunión que mantuvo con Ignacio González para solucionarle los problemas de su ático de Marbella y en la que también participó García Castaño. Estos vínculos también aparecen en los sumarios de Lezo y de Púnica, acreditados y ampliados al tertuliano Eduardo Inda, quien siempre tuvo estrechas relaciones con Francisco Granados, que aún mantiene, y cuyo digital ha revelado el vídeo de Cifuentes en el Eroski de Vallecas que llevaba siete años guardado en un cajón.

Diferentes fuentes policiales y de la seguridad privada señalan al jefe superior de Policía de Madrid hasta su fallecimiento en diciembre de 2011, Francisco Javier Redondo, como la persona que ordenó hacerse con la grabación del Eroski de Vallecas nada más producirse los hechos y entregársela a alguien cercano al PP de Madrid como un favor.

Según el relato de la propia Cristina Cifuentes, tras ser requerida por el vigilante de seguridad del establecimiento, la Policía Nacional se personó en Eroski. Una vez solventado lo que ella define como “despiste”, y al haber pagado, la empresa no interpuso denuncia. Es decir, el vídeo no debía ser requisado por la Policía al no haber delito, “pero ningún vigilante de seguridad se va a negar a dar el vídeo a un agente de Policía si se persona en el establecimiento”, afirman fuentes policiales.

Más aún, dentro de las fuentes de seguridad privada hay quien apunta más alto: a esa red de directores de seguridad de grandes empresas que está formada por ex altos mandos policiales y que estableció una policía paralela al servicio del poder. Es el caso, por ejemplo, del antecesor de Redondo en el puesto, Carlos Rubio –a quien también señalan otras fuentes policiales–, quien tras abandonar en 2010 el puesto de Jefe Superior de Policía de Madrid se fue a trabajar como director de Seguridad del Banco Santander. La relación entre Villarejo y Carlos Rubio se remonta a la etapa del Informe Veritas, elaborado a mediados de los 90 contra el juez Baltasar Garzón.

Lo cierto es que, sin haber delito, ese vídeo de Cifuentes en la sala de seguridad de Eroski debía haber sido destruido en 2011 y, por supuesto, nadie debería haberse hecho con una copia. Así que, si Cifuentes quisiera, la vía legal contra quien ha difundido su vídeo la tiene abierta, pues en este caso se ha producido al menos un delito grave, contra la Ley de Protección de Datos.

Cifuentes se ha querellado contra los periodistas de eldiario.es por publicar hechos ciertos. ¿Se querellará ahora contra los que hayan ocultado durante años, y difundido en el momento más dañino, una grabación que jamás debería haberse guardado?