El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, se beneficia del bono social térmico que concede su Gobierno para "proteger los derechos de los más vulnerables", según la información publicada por InfoLibre.

El número dos de Isabel Díaz Ayuso es el diputado más rico de la Comunidad de Madrid con un sueldo de 107.912,76 euros anuales, una casa valorada en 417.000 euros y más de un millón de euros invertidos.

Sin embargo, recibe esta ayuda creada para "aliviar el coste de calentar la casa en los meses más fríos" por poseer el certificado de familia numerosa, sin importar su patrimonio.

Ossorio recibe 195,82 euros correspondiente a la "asignación vulnerable", inferior a la que reciben las personas en una situación "vulnerable severa", de 313,30 euros.

Según el portal de la Comunidad de Madrid, los beneficiarios que corresponden al grupo de "asignación vulnerable" deben cumplir con uno de los siguientes requisitos: tener una renta conjunta anual igual o inferior a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), poseer el título de familia numerosa, percibir el ingreso mínimo vital o ser pensionista por jubilación o incapacidad permanente.

Ossorio es el mismo que respondió a un informe de Cáritas sobre la pobreza de esta forma: "A alguien le dicen que en Madrid hay tres millones de pobres, pues ¿dónde están?", negaba. También consideró cuando se produjo la polémica por las becas a rentas altas que una pareja con dos hijos que gana 143.652 euros al año "forma parte de una clase media que paga muchos impuestos, trabaja mucho y no recibe nada". Además, señaló que dichas familias podrían tener "problemas para llegar a fin de mes".

El vicepresidente madrileño también generó polémica al considerar que los familiares de las personas fallecidas en las residencias durante los momentos más duros de la pandemia de la covid "ya lo han superado". 

Ossorio se benefició de esta ayuda durante el periodo de 2021. Un año antes, la Comunidad de Madrid dejó sin gastar 32,4 millones de euros destinados a ayudar a personas en riesgo de exclusión social, tal y como refleja el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.