Hace poco más de tres años, la llegada de la pandemia de covid-19 lo detuvo todo, o casi, e impactó de forma salvaje en aquellos territorios con mayor dependencia económica del turismo. La situación supuso la aparición de debates que reivindicaban la necesidad de diversificar el empleo y romper con el monocultivo turístico. Sin embargo, una vez levantadas todas las restricciones de movilidad, el turismo de masas ha vuelto, sin que el modelo de fondo haya cambiado.

Los datos de visitantes se han recuperado y en algunos territorios, como el Alt Pirineu i l'Aran -en el Pirineo catalán -, incluso superan ya las cifras prepandémicas. Y esto supone que los impactos asociados a la actividad -puestos de trabajo precarios y estacionales, congestiones temporales en las principales redes viarias y, sobre todo, escalada del precio de la vivienda- no solo se han mantenido sino que se han acentuado.

Sin embargo, no se puede decir que el mandato municipal que estamos a punto de finalizar haya sido convencional en las seis comarcas del Alt Pirineu i l'Aran (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Val d'Aran). Más allá de la covid -un fenómeno de alcance global-, la fallida candidatura para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 ha situado durante meses en el primer plano mediático y político un territorio demasiado olvidado.

Y, en cierto modo, ha servido de estímulo para que sus habitantes debatan qué quieren ser y qué necesidades tienen, a menudo muy alejadas de las que se plantean desde la metrópoli barcelonesa, que suelen fijarse más en la gente que visita el Pirineo que en aquella que vive allí.

En este contexto llegan las elecciones locales del 28 de mayo, que más allá de suponer la enésima batalla entre Junts y ERC -con el PSC como tercer actor principal- servirán para poner de manifiesto que el acceso a la vivienda, los impactos del turismo, la necesidad de diversificar la economía o las inversiones pendientes para mejorar las comunicaciones entre los diferentes valles son problemáticas comunes de un territorio que apenas acoge a 75.000 personas -menos del 1% de la población de Catalunya-, pero representa el 20% de la superficie del país.

De hecho, es prácticamente imposible charlar con alguien del Alt Pirineu i l'Aran y que no aparezcan estas cuestiones como los principales retos a resolver, como ha comprobado Público en una visita de dos días al Alt Urgell y la Cerdanya.

Dominio de Junts y ERC

En 2019, Junts fue el partido más votado en el Alt Pirineu i l'Aran, con el 32% de los sufragios -12.102 papeletas- que le permitieron obtener 33 de las 77 alcaldías del territorio. ERC quedó segunda, con el 27,2% de los votos (10.283) y 25 alcaldías, mientras que el PSC recibió el 20,6% (7.792) y tiene dos alcaldías, a las que hay que añadir las seis de Unitat de'Aran, formación con la que mantiene una asociación.

Convergència Democràtica Aranesa, con tres alcaldías, Endavant Cerdanya (dos), la CUP (una) y las listas independientes, con cinco, completan el mapa de alcaldías surgido de las anteriores elecciones municipales.

En cuanto a las capitales comarcales, Junts ostenta las alcaldías de Puigcerdà (Cerdanya) y el Pont de Suert (Alta Ribagorça), Unitat d'Aran la de Vielha (Aran), ERC la de Tremp (Pallars Jussà), Som Poble - una formación independiente, pero con miembros de la CUP- la de Sort (Pallars Sobirà), mientras que la de la Seu d'Urgell (Alt Urgell) se la han repartido Junts y ERC, con dos años de mandato cada formación.

Más allá de las particularidades territoriales, es significativa la coincidencia a la hora de señalar los principales retos que afrontan los municipios pirenaicos.

Francesc Viaplana (ERC), alcalde de la Seu d'Urgell desde septiembre de 2021 -la primera parte del mandato la alcaldía fue de Junts- y cabeza de lista de su partido en las municipales, cita la voluntad de "consolidar proyectos que se han puesto en marcha esta legislatura, como el nuevo hospital a construir, la reforma de los juzgados o la residencia de la gente mayor" y destaca, sobre todo, que "tenemos un problema grave con la vivienda, que se debe afrontar".

La diversificación económica, la mejora del transporte público y las comunicaciones viarias entre las comarcas de montaña -y no tanto con la metrópoli- son otros elementos que cita en su entrevista con Público, en la que reivindica la necesidad de hacer un Pirineo para "vivir" y garantizar que los jóvenes que se marchan para estudiar después puedan volver y ganarse la vida aquí.

Con 12.261 habitantes, la Seu es la principal ciudad de la zona. ERC sumó 4 concejales en el 2019 y ha gobernado en coalición con Junts, que tiene 5. La primera fuerza del consistorio, sin embargo, es Compromís X la Seu -vinculada al PSC-, que tiene 6.

Con casi 9.500 vecinos, Puigcerdà es el segundo municipio más poblado del Alt Pirineu. En la capital ceretana el espacio de Junts acumula tres mayorías absolutas consecutivas -las dos primeras bajo las siglas de CiU-.

El actual alcalde, Albert Piñeira, lo deja después de 12 años al cargo y el candidato de Junts es Jordi Gassió, reconocido médico traumatólogo del Hospital de Cerdanya y que era su director cuando en el 2014 se inauguró este centro médico transfronterizo, que también mujer sirve a los habitantes de la Alta Cerdanya, en la Catalunya Nord (Francia). Gassió había sido el candidato de CiU en 2007 y fue director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat en el primer gobierno de Artur Mas.

Más allá de citar cuestiones como la necesidad de "arreglar la villa" y hacerla agradable tanto para los vecinos como para aquellos que la visitan y, también, diversificar la economía, Gassió coincide en subrayar "que tenemos un problema con la vivienda asequible, sobre todo para los jóvenes, y es un problema común en buena parte del Pirineo" y asegura que "estamos encarados a intentar solucionarlo".

Como Viaplana, reivindica la necesidad de inversiones en el territorio, para mejorar sus comunicaciones y la movilidad interna y resalta que en ningún caso deberían depender de proyectos como la ahora mismo aparcada -o en stand by si se quiere- candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno.

Vivienda encarada a los turistas, no a los vecinos

La denuncia de la situación de la vivienda también aparece en los discursos de Marta Ramírez, miembro de la plataforma Stop JJOO, o de Nathan Garcia, portavoz del Sindicat d'Habitatge (de vivienda) de Cerdanya, presentado hace apenas un par de meses. Ramírez pone énfasis en que "no puede ser que, como ocurre en la Cerdanya y el Aran, más del 50% de las viviendas son segundas y terceras residencias".

"Vivienda ya hay, hay que dejar de construir porque, además, en unos terrenos totalmente montañosos, estas viviendas capturan recursos y lo que debe favorecerse es que estén todo el año llenos y haya vivienda social para la gente joven", añade, para concluir que "en todo el Pirineo tenemos pueblos fantasma, que están llenos de viviendas vacías".

Garcia, a su vez, destaca que como consecuencia de su modelo económico -muy centrado en el turismo y en trabajos precarios y estacionales, la Cerdanya "es una de las comarcas de Catalunya con una renta per cápita más baja, nos encontramos con sueldos medios de 1.000 o 1.100 euros mensuales, mientras que los alquileres cuestan alrededor de 800 y, además, apenas hay oferta".

"Se hace prácticamente imposible residir en la comarca. O te pones a compartir piso o tienes que irte a comarcas vecinas, como el Berguedà o el Alt Urgell. El sentimiento es que estás siendo expulsado de tu casa", opina.

¿Qué dicen los datos? De entrada, el Alt Pirineu i l'Aran es el segundo ámbito territorial con un precio de compraventa de pisos más caro de Catalunya, solo por detrás del metropolitano, aunque obviamente ni la oferta de servicios ni la de puestos trabajos son comparables.

Según los datos del cuarto trimestre del año pasado de la Agència Catalana de l'Habitatge, mientras que el precio medio en el área metropolitana de Barcelona asciende a 2.973 euros el metro cuadrado, en el Alt Pirineu es de de 2.393, claramente por encima del resto de zonas. A nivel comarcal, solo el Barcelonès -3.735 euros/metro cuadrado- es más caro que el Aran (3.302) y la Cerdanya (3.028).

Con el alquiler, los datos de la agencia de la Generalitat de 2022 señalan que estas dos mismas comarcas tienen un precio de arrendamiento medio superior a 600 euros mensuales.

Más allá del precio, sin embargo, el problema es la poca oferta real existente, como denuncia Nathan Garcia: "Casi no hay alquiler residencial y nos encontramos con fraudes de ley, con pisos que entran en alquiler solo por la temporada turística, de 2 o 3 meses. Aquí quien falla es la administración, porque no existen herramientas de control de estos abusos".

El portavoz del Sindicat d'Habitatge de Cerdanya recalca que hay casos de familias que se ven forzadas a vivir en campings "porque no pueden pagar un alquiler en la comarca" y, junto a su compañera, él mismo vivió como una "inmobiliaria directamente nos ofrecía la opción de ir a vivir a un bungalow. Te entran ganas de marcharte".

La dificultad para acceder a una vivienda en el Alt Pirineu en ningún caso implica una baja actividad constructora, sino que se trata del territorio donde, proporcionalmente, más viviendas se levantan de Catalunya.

Según el índice de intensidad de la construcción, una estadística que recoge el Departament de Drets Socials de la Generalitat y que mide el número de viviendas iniciadas por 1.000 habitantes, en 2021 en el Alt Pirineu i l'Aran el índice se situaba en 4,6, más doble de la media catalana (1,9).

Además, la Cerdanya -con 11,6- y el Pallars Sobirà -con 5,5- son las dos comarcas con mayor intensidad constructora de Catalunya, en ambos casos fundamentalmente destinados a segundas y terceras residencias para personas que solo pasan en ellas unas pocas semanas al año.

Basta con dar la vuelta por la zona para comprobar la fiebre constructora que se vive, con ejemplos como la enorme promoción la Pleta de Ger, impulsada por Engel & Volkers justo al lado de la N-260 -o eje pirenaico- de este municipio cercano a Puigcerdá.

"Es muy grave que los jóvenes tengan que irse"

El alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, reconoce que la proximidad con Andorra -a 10 kilómetros de la ciudad- impulsa al alza el precio de los pisos y admite que "el problema con la vivienda no lo reviertes de un día por el otro".

En este sentido, subraya que durante años no se había llevado a cabo una política de vivienda a nivel municipal, hasta el punto de que "cuando entramos, el Ayuntamiento tenía dos pisos", mientras que "ahora tenemos cerca de una docena y nos dejaron una herencia en usufructo de donde saldrán otros 10 y tenemos un acuerdo con la fundación Hábitat 3 gracias al cual habrá 10 más".

El dirigente de ERC asume que "la oferta [de vivienda] no ha crecido al nivel que lo ha hecho la demanda y están subiendo los precios, pero nos está costando encontrar un partner [para mejorar la situación], aunque les cedemos el suelo". Por último, reflexiona que "en vivienda, los ayuntamientos tenemos las competencias que tenemos y que si marcas políticas, como hemos hecho, tardas cuatro, cinco o seis años en ver los resultados". Sin embargo, la apuesta es clara, aumentar el volumen de vivienda pública de alquiler.

El alcaldable de Junts a Puigcerdà, Jordi Gassió, confía en que próximamente se desatasque el proyecto para hacer 134 pisos de protección oficial en el sector de la Pedragosa, que permitiría "mitigar mucho la situación". "Se trata de hacer una parte de los pisos a un precio razonable y también potenciar la vivienda social, porque ahora ya es un problema a nivel de las empresas, que ven cómo los trabajadores no tienen dónde vivir y es muy grave que los jóvenes tengan que irse de la comarca".

El activista Nathan Garcia ve con buenos ojos que la administración haga pisos de protección oficial, pero opina que la gran apuesta debería ser "la rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura ya existente", aparte de la necesidad de "concienciar a los propietarios para que pongan los pisos en alquiler residencial" y no turístico.

En este sentido, considera que la Cerdanya, como el Aran o el Pallars Sobirà, deberían considerarse "zonas tensionadas", de manera que se pueda fijar topes al precio del alquiler, que se priorice la construcción de primeras residencias, que se ofrezcan incentivos para que pisos actualmente cerrados salgan al mercado residencial y, en casos extremos, se puedan llegar a expropiar o que se impulsen bolsas de viviendas.

En cualquier caso, pese a la complejidad del problema, reclama sobre todo "voluntad política" por intentar buscar soluciones, con el impulso de medidas y a través de la regulación. En este sentido, subraya que se trata de un tema "transgeneracional" que no afecta solo a los jóvenes, sino "familias enteras y jubilados, que también han sufrido los sueldos bajos" y lamenta la "falta de datos recientes sobre pisos vacíos en la Cerdanya o el porcentaje de segundas y terceras residencias que existen en la comarca".

"Yo malvivo por culpa del turismo"

La dificultad de acceder a una vivienda permanente en el Alt Pirineu i l'Aran no puede desligarse del peso económico que tiene el turismo, que comporta la proliferación de segundas residencias o, directamente, pisos turísticos. Mientras que en el conjunto de Catalunya la actividad turística representa el 11% del PIB, en esta zona de montaña se eleva al 25% y, en algunas comarcas, es aún mayor, como la Alta Ribagorça (42%), Arán (40%) o Pallars Sobirà (33%).

Otra cifra que evidencia esa dependencia es el número de plazas turísticas. Sumando hoteles, casas rurales y campings, en el Alt Pirineu i l'Aran hay 40.434, es decir, más de 0,5 por cada habitante -la población no llega a los 75.000-, según los datos de la Generalitat.

En toda Catalunya las plazas turísticas son 610.000, lo que equivale a menos del 8% de la población. Los casos más extremos son los del Pallars Sobirà, donde las plazas turísticas -11.378- superan a los habitantes -7.190- y en el Aran y la Alta Ribagorça donde casi son equivalentes -9.743 por 10.194 vecinos y 3.306 por 3.993 residentes, respectivamente-.

"Yo no vivo gracias al turismo, yo malvivo por culpa del turismo, porque implica un aumento del precio de la vivienda, que haya poca oferta de alquiler o que el coste de la vida en la Cerdanya sea muy elevado, con muchos productos de lujo pensado para los visitantes, mientras que los sueldos de aquí son bajos", detalla Nathan Garcia, para quien "hay que cambiar el modelo económico, que solo beneficia a unos pocos".

Marta Ramírez, de Stop JJOO, añade que "estas comarcas las han diseñado solo para el uso turístico y esto va en detrimento de la vivienda para la gente de aquí, nos lleva unos trabajos precarios, estacionales, de mala calidad".

La activista lamenta que "hay muchas presiones para que este modelo siga aquí y solo vemos propuestas concretas y presupuestos para perpetuarlo, como el proyecto del telesilla de Setcases [en este caso en el Ripollès, en el Pirineo Oriental], que también comporta un aparcamiento muy grande que aplasta la última zona de cultivos que hay, o el telesilla de la estación de tren de La Molina (Cerdanya) a la estación de esquí".

"Lo que queremos es un Pirineo vivo, que tenga una pequeña industria fuerte, que se instalen empresas, que podamos vivir en él, que los jóvenes no tengan que irse, con infraestructuras que conecten los diferentes valles y comunicaciones, pero no vemos que haya medidas en este sentido, al contrario, solo vemos propuestas que van en la línea de los Juegos", explica.

Jordi Gassió considera que la "parte turística no la podemos olvidar" y que Puigcerdà es una villa "turística" y eso también debe cuidarse, pero al mismo tiempo reivindica que "tenemos que potenciar la creación de empresas en todos los sectores", aprovechando, por ejemplo, la mejora en las telecomunicaciones.

También apuesta por el deporte, más allá del vinculado a la nieve, como las carreras de montaña o la bicicleta de montaña, ya que el entorno -con un medio natural privilegiado y la altitud- lo favorece, creando también centros de alto rendimiento.

El debate desatado por los Juegos

Hace casi un año se confirmó que el Pirineo no optaría a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, tras las desavenencias entre Aragón y Catalunya, fundamentalmente debido al rechazo del presidente aragonés, Javier Lambán, al acuerdo previo alcanzado en el reparto de pruebas entre ambos territorios, avalado por el Comité Olímpico Español (COE).Pese a que el Govern no tira la toalla y no cierra la puerta a una candidatura de Catalunya en solitario de cara al 2034, el proyecto está al menos en stand by.

No cabe duda de que la posible candidatura olímpica es lo que más debate mediático, político y ciudadano ha generado en el Pirineo catalán en los últimos años, con posicionamientos a favor -sobre todo de buena parte de las instituciones del territorio y de los empresarios- y movilizaciones ciudadanas en contra, como las 5.000 personas que se manifestaron en Puigcerdà en mayo del pasado año. Para el alcalde de la Seu d'Urgell, "el Pirineo no está por dejar pasar ninguna oportunidad".

Partidario del evento, Viaplana cree que "se puede hacer un proyecto sostenible y que nos deje un legado en el territorio. Puesto en una balanza creo que tenemos mucho más que ganar que perder".

En este sentido, el dirigente republicano asegura que "al Govern actual lo que le he escuchado es que las inversiones en el Pirineo deben hacerse con o sin Juegos, pero es verdad que los Juegos te ponen una fecha en el calendario y todos sabemos cómo van los presupuestos y la importancia de las prioridades".

El alcaldable de Junts en Puigcerdà, Jordi Gassió, comenta que "el tema de los Juegos nunca lo he visto muy claro, porque tampoco se nos ha explicado demasiado el proyecto y posicionarse es muy difícil", si bien matiza que "siempre he pensado que realizar actividades es positivo y podemos salir beneficiados de hacerlas".

Más allá de rechazar el proyecto olímpico -la plataforma Stop JJOO lideró a la oposición ciudadana- por la insostenibilidad climática en una cordillera donde todas las proyecciones prevén una reducción de la nieve, Marta Ramírez subraya que "la mayoría de infraestructuras y mejoras que se proponían con los Juegos no iban en la línea de cuidar el Pirineo y potenciarlo sin depender del área metropolitana".

Denuncia que con el evento "se nos vendía que se potenciaría la marca Pirineo, pero potenciarla ya no nos interesa, no necesitamos que venga más gente ni transformar más el territorio para servir al turismo".

Sin embargo, Ramírez sí considera que el debate en torno a los Juegos ha servido para que "hayamos podido llevar a cabo un proceso pedagógico y que se hable del futuro del Pirineo y de cómo queremos que sea. Antes no se hablaba tanto y ahora se ha puesto el Pirineo a los ojos de la misma gente que vivimos en él y del resto del territorio, y se habla de qué ocurre en estas comarcas y cómo se las está tratando".

La necesidad de conectar los valles

El debate en torno a los Juegos también ha puesto de manifiesto la necesidad de inversiones en movilidad y en servicios que tiene el Alt Pirineu i l'Aran. Jordi Gassió, por ejemplo, reclama mejoras en el tren -la R3 de Rodalies Renfe llega a Puigcerdà, pero encadena averías, retrasos y una lentitud exasperante- y en el transporte público, cuyas líneas de autobuses son "insuficientes".

Francesc Viaplana también considera que "hay que hacer una apuesta por el transporte colectivo, el que tenemos ahora no acaba de funcionar bien, necesitamos más frecuencia" y ve como una "buena solución" plantear una línea de tren de la Seu hasta Andorra para descongestionar la carretera.

También reconoce que hasta ahora "las inversiones se han pensado en sentido radial, desde Barcelona, y también en sentido de fin de semana y no en el sentido de la gente que vive aquí, por lo que tenemos un déficit inversor muy grande".

Marta Ramírez retrata la situación actual de las comunicaciones, ya que ahora mismo mientras que de la Seu a Llavorsí (en el Pallars Sobirà) se tarda más de una hora para hacer 65 kilómetros, para ir de la ciudad hasta Barcelona se necesitan poco más de dos horas, cuando son 170 kilómetros.

"No tenemos un servicio de transporte público real, lo que te obliga a moverte en coche y no se favorece que la gente viva aquí, solo se apuesta por tener un paisaje bonito y para que la gente venga a jugar en su tiempo libre", comenta. La activista de Stop JJOO, residente en un pequeño pueblo del Alt Urgell, reclama "buses regulares que conecten los valles pirenaicos", ya que ahora "no es viable trabajar en Sort y vivir en la Seu".

El alcalde de la Seu lo remata recordando que "en las zonas de montaña más prósperas, como los Alpes o los Dolomitas, se han conectado transversalmente los valles, mientras que aquí la conexión no está y la necesitamos, pero requiere mucha inversión ".

Esto, de rebote, debería facilitar la instalación de empresas de sectores más diversos y, por tanto, la generación de empleo que permitiera revitalizar demográficamente pueblos y comarcas que han ido perdiendo población permanente. Y es que, además de reclamar la potenciación de un sector primario clave para la conservación del territorio, la diversificación económica es imprescindible para romper la elevada dependencia turística actual.

Más allá de que nos situamos en período preelectoral y, por tanto, donde proliferan las promesas, sin todo el debate de los últimos años difícilmente se explicaría que el Govern hubiera aprobado recientemente la llamada Estrategia del Pirineo, una hoja de ruta que plantea la necesidad diversificar la economía, potenciar el transporte público, transformar las estaciones de esquí en estaciones de montaña o impulsar la vivienda pública.

El documento, visto con buenos ojos por Viaplana a la espera de ver su materialización presupuestaria, genera recelos en el activismo, y tanto Ramírez como Nathan Garcia consideran que supone mantener un modelo, basado en el turismo, que parece tabú cuestionar.

Sea como fuere, el Pirineo cierra un mandato muy intenso en el que se ha hablado y, mucho, de su futuro y de qué modelo quieren las personas que viven en él. En cuatro años se comprobará si el sentimiento de abandono por parte de las administraciones que arrastran sus ciudadanos continúa o si, en cambio, se ha dado la vuelta y se ha transformado en un territorio donde vivir sea más factible y de donde los jóvenes no se marchan.