Aunque los grandes casos de corrupción política suelen salpicar a administraciones superiores, el ámbito municipal no está exento de esta lacra. Y la larga instrucción judicial de muchos de ellos acaba impactando en las elecciones municipales con una incidencia muy diversa. Por ejemplo, casos como Inipro, Pretoria, Mercuri o el Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat han afectado al PSC. Pero mientras en Tarragona, al alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros el caso Inipro le costó la alcaldía en favor de ERC, los socialistas han recuperado Sabadell con Marta Farrés pese a la proximidad del caso Mercuri. Con sólo un paréntesis de cuatro años de alcaldía de ERC y la CUP después de que el exalcalde socialista Manuel Bustos entró en una espiral de juicios y detenciones. O la socialista Núria Parlon goza de una amplia mayoría absoluta pese a que su antecesor en la alcaldía, el destacado dirigente socialista Bertomeu Muñoz, fue condenado a años en prisión por el caso Pretoria.

Pero si existe un caso de presunta corrupción que sobrevolará las urnas de algunos municipios en Catalunya este 28 de mayo es sin duda el caso Efial. Por cuantía, amplitud territorial de municipios afectados -aunque no todos en la misma dimensión- y cargos imputados. Doce municipios están incluidos en la lista del auto judicial emitido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid de la Audiencia Nacional hace un par de meses, al que ha tenido acceso Público, dejando listo para juicio el caso Efial justo a las puertas de las elecciones municipales. La lista de ayuntamientos incluidos en el auto incorpora Barcelona -con una cifra de supuesto fraude muy pequeña-, Llinars del Vallès, Masquefa, Torredembarra, L'Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Cambrils, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Calonge, Girona y la Seu d'Urgell. También se ha investigado a Vilassar de Dalt y Tàrrega pero el magistrado decide eximirles del caso por falta de pruebas.

Y también incluye a 19 imputados -de momento ya que la lista podría acabar ampliándose- entre ellos cuatro exalcaldes de CDC. Y, pese a no incorporar a ningún imputado, el auto judicial también cuestiona las irregularidades presuntamente cometidas en la actuación al frente de la empresa pública GUMTSA de Tortosa, durante la etapa presidida por la actual alcaldesa de Tortosa y candidata de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé.

Efial, una maquinaria para contratar de forma presuntamente irregular

El caso Efial dibuja lo que podría definirse como una imponente maquinaria para conseguir contrataciones en el ámbito municipal de forma presuntamente irregular. Tras una larga instrucción -se inició en Torredembarra en el 2013 con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y se fue estirando el hilo al resto de municipios- y varios registros policiales en ayuntamientos, el juez instructor de la Audiencia Nacional ha propuesto ahora juzgar al exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí; Torredembarra, Daniel Massagué; Vandellós, Josep Jaume Castellnou; y Ascó, Rafael Vidal, todos ellos de la antigua Convergència (CDC). Los presuntos delitos imputados son los de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En opinión del magistrado instructor, la llegada de la empresa Efial Consultoría a diferentes ayuntamientos constituyó una "herramienta válida" para "lograr lo direccionalmente" la adjudicación de contratos y "eliminar la libre competencia".

El escrito del juez José Luís Calama detalla la actuación de los responsables de la firma de la empresa consultora, los investigados de los ayuntamientos afectados, entre ellos los cuatro exalcaldes, y el "fraude cometido a través de esta forma ilícita de contratación", que cifra en 8,7 millones de euros en total. La resolución indica que Efial emitía informes que contradecían a los de los interventores y secretarios municipales, de tal modo que "se otorgaba una aparente cobertura de ilegalidad" a determinadas decisiones y resoluciones "que en algunos casos se han mostrado contrarias a derecho".

La consultoría se había llegado a situar en algún consistorio como un "ayuntamiento paralelo" cuyo objetivo era "evitar cualquier tipo de control administrativo, así como de cara a burlar las diferentes normativas que regulan el funcionamiento de las administraciones" públicas". Según Calama, el mecanismo que se utilizaba para actuar era la figura de la Empresa Pública Empresarial (EPE), "que parece únicamente encaminada a favorecer la relajación del control administrativo y rebajar el grado de sometimiento a la normativa de contratación pública".

GUMTSA y la alcaldesa de Tortosa

De los 12 ayuntamientos finalmente incluidos en la acusación de irregularidades en el auto judicial, tras los cuatro municipios epicentro del caso ya mencionados, cobra relevancia el de Tortosa como uno de los que tiene una cifra más elevada de presunta contratación irregular. Aunque la derivada tortosina del caso ha pasado más desapercibida, probablemente debido a que pese a las presuntas irregularidades relatadas y a la alta cuantía apuntada, paradójicamente no figura en la lista de imputados ningún responsable municipal de Tortosa. La cifra supuestamente contratada fraudulentamente supera el millón de euros y según el juez afectaría a la contratación realizada por la empresa pública GUMTSA que en el momento de los hechos presidía la actual alcaldesa de Tortosa y candidata de Junts per Tortosa a las elecciones del 28 de mayo, Meritxell Roigé.

El auto judicial deja muy claro que en la actuación del Ayuntamiento de Tortosa "se ha llevado a efecto el patrón de conducta que se viene advirtiendo en la presente causa con relación a Efial Consultoría, existiendo una elevada facturación entre esta última y las EPE's del Ayuntamiento de Tortosa". Cita a la Empresa Municipal de Serveis, Gestió Urbanística Municipal de Tortosa (GUMTSA) y Tortosa Sport SL. Y asegura que "las intervenciones telefónicas realizadas" ponen de manifiesto que en Tortosa también se implantó presuntamente un funcionamiento que "favorecía la obtención por parte de la consultora de importantes beneficios como consecuencia de procedimientos de contratación con evidentes signos de direccionamiento".

"El alcalde ha quedado hipnotizado"

En la investigación judicial se incluyen no sólo pinchazos telefónicos e intervención de correos sino también seguimientos como el de la reunión que responsables de la empresa consultora Efial y de la constructora Acsa Sorigué realizaron con el entonces alcalde de Tortosa, Ferran Bel, en el restaurante Samoa de Barcelona para tratar supuestamente sobre la construcción y financiación de una piscina en Tortosa por valor de 5,4 millones. En las conversaciones intervenidas entre los responsables de la consultora y la constructora se valora muy positivamente la reunión diciendo que el alcalde "ha quedado hipnotizado".

Por otro lado, entre los contratos -como el de una supuesta auditoría- que la consultora realiza por el Ayuntamiento de Tortosa el juez hace constar especialmente los relativos a la empresa municipal GUMTSA que en aquellos momentos presidía la actual alcaldesa de Tortosa, Meritxell Roigé. En este apartado destacan dos contratos para "trabajos de asistencia económico-financiera, contable y tributaria a la ejecución de actuaciones urbanísticas". Contrataciones que el juez instructor considera que se tramitaron "de forma irregular, fundamentalmente porque GUMTSA en el momento de la adjudicación no tenía poder adjudicatario y porque no se garantizaron los principios de publicidad y libre concurrencia".

El auto concluye que "en relación con la contratación de GUMTSA, perteneciente al Ayuntamiento de Tortosa, con Efial Consultoria SL", el primer contrato negociado sin publicidad que fue adjudicado a Efial Consultoria SL en el mes de agosto de 2008, y posteriormente prorrogado en 2009, supuso un coste total en el consistorio de 760.620 euros, IVA no incluido. "En esta contratación se evidencia la práctica de actos colusorios, puesto que se invitó a este concurso de forma intencionada a tres empresas que, si bien legalmente tenían entidad jurídica propia e independiente, en la práctica formaban parte de un mismo conjunto, ya que las mismas compartían los recursos materiales, los medios personales, e incluso los administradores sociales", asegura el auto judicial.

Y en cuanto al segundo contrato de 2012, el juez mantiene que el importe total es de 189.700 euros, IVA no incluido. Y en su escrito asegura que "durante la tramitación de este expediente se cometieron diversas irregularidades por parte de personal de la propia EPE y de la consultora Efial. Concretamente, se ha comprobado cómo el presidente de Efial, Antonio Martos, es quien propone a la presidenta de la EPE (GUMTSA) -en ese momento la actual alcaldesa Meritxell Roigé- el procedimiento a pujar, las empresas a invitar y las cuantías a fijar. Además, se observa cómo es el personal de Efial el que elabora los pliegos de la licitación, a la que posteriormente será invitada y que finalmente resultará adjudicataria”. Éstas son las principales cifras, que sumadas a las de otros trabajos menores lleva al juez a estimar que en el caso del Ayuntamiento de Tortosa "el fraude asciende a un total de 1.055.130 euros".

Defensa de las actuaciones: “ninguna irregularidad”

En el caso de Tortosa, el exalcalde Ferran Bel ha mantenido durante toda la instrucción que "no se ha cometido ninguna irregularidad" y tanto él como el Gobierno municipal actual han subrayado que no existe ninguna imputación de ningún responsable del Ayuntamiento de Tortosa. Y también se mostraron muy críticos por el registro policial que se produjo en el consistorio en julio del 2016 ya que aseguran que "nunca se nos ha hecho ningún requerimiento ni demanda de información".

Bel también aseguró en su día que la contratación con Efial comenzó durante la etapa socialista en la alcaldía, lo que el PSC niega aunque es cierto que la empresa municipal GUMTSA fue creada el 24 de abril de 2002 bajo alcaldía del socialista Joan Sabaté. Con todo, cabe recordar que Ferran Bel llegó a la alcaldía en el 2007 por CiU -ahora Junts per Tortosa (PDeCAT)- y los contratos bajo sospecha en la instrucción judicial son a partir del 2008. Meritxell Roigé accedió ese mismo año al Gobierno municipal con el equipo de Bel como primera teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, por lo que asumió la presidencia de la empresa municipal GUMTSA. Roigé sustituyó a Bel en la alcaldía de Tortosa en febrero del 2018 tras su renuncia.

En cuanto al resarcimiento del presunto fraude del caso Efial, las posiciones de los actuales responsables municipales de los ayuntamientos afectados son diversas. Algunos de los principales ayuntamientos implicados han planteado llevar a cabo acciones legales para intentar recuperar el dinero para las arcas municipales. Es el caso de la Ametlla de Mar, donde el actual alcalde Jordi Gaseni, de ERC, ya ha manifestado la necesidad de que se depuren responsabilidades y analizar si se puede recuperar el dinero. En el caso de L'Ametlla la cifra asciende a 4,5 millones de euros aproximadamente y el ex alcalde de CDC, Andreu Martí, es uno de los 4 alcaldes imputados.

Otros, como en el caso de Tortosa, el actual equipo de Gobierno no ha planteado ninguna iniciativa al respecto alegando que no tienen notificación ni información del caso. Pero varios grupos municipales como ERC o Movem Tortosa ya han manifestado su intención de llegar al fondo de la cuestión y exigir responsabilidades en caso de un cambio al frente de la capital de la comarca catalana del Baix Ebre.