PP, Vox y Cs han rechazado por segunda vez, según fuentes parlamentarias, la petición de Unidas Podemos, que apoyó el PSOE, para que el Gobierno andaluz explique en un Pleno del Parlamento de Andalucía la presunta corrupción del PP en Almería. Unidas Podemos considera que la Mesa, al tomar esta decisión, se ha extralimitado de sus funciones –"inadmitir esta comparecencia no se sustenta en la doctrina del Tribunal Constitucional"– y que no tiene potestad para vetar la petición de comparecencia.

"No puede inadmitirse una comparecencia porque el asunto de la corrupción almeriense incomode a los grupos que sustentan y apoyan al gobierno andaluz", considera la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto. "Nuestra iniciativa se ajusta a cuantos requisitos formales y materiales exige el Reglamento de la Cámara para una solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno", añade.

En el escrito que Nieto ha presentado en la Mesa se explican las razones por las que Unidas Podemos solicita que el Gobierno dé explicaciones, después de que un juzgado de Almería citase en diciembre, asumiendo una petición de la Fiscalía, a declarar como investigada a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y luego rectificase al estar aforada. Para Nieto, aunque ya no deba declarar, la Consejera Crespo "sigue siendo parte del proceso".

"De esos hechos, –afirma Nieto, por un lado– se solicita la comparecencia del Consejo de Gobierno a fin de saber si se van a depurar responsabilidades políticas. La historia parlamentaria de la Cámara está plagada de casos en los que ante la petición de la Fiscalía y mucho mas ante el acuerdo de un Juzgado de Instrucción de algún responsable de la administración andaluza de turno se han solicitado comparecencias a fin de conocer la valoración del gobierno al respecto y conocer si se van a derivar responsabilidades políticas. Estos supuestos forman parte del parlamentarismo, es acción de gobierno sobre los que el Parlamento debe desplegar sus funciones de control".

Por otro lado, UP agrega: "Ante el hecho de que entre los fondos investigados por el Juzgado de Instrucción por posibles mordidas algunos tiene procedencia de la Junta de Andalucía, es absolutamente pertinente solicitar la comparecencia del Gobierno Andaluz a fin de que informe al Parlamento de Andalucía de las medidas adoptadas, a modo de ejemplo ¿se ha constatado la correcta legalidad de esas ayudas? ¿Qué devenir administrativo han tenido esos expedientes de concesión? ¿Se solicitaron, o se van a solicitar el reintegro de subvenciones?, etc…, es decir, se solicita una comparecencia sobre una materia como tantos otras veces se ha realizado en el Parlamento de Andalucía ante supuestos similares".

Los fondos de la Junta a los que se refiere Unidas Podemos vienen de un convenio de hace más de diez años firmado por la Consejería de Turismo, cuando gobernaban los socialistas y Crespo era presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, para la construcción de un museo. Ella, en una rueda de prensa, ha afirmado que ese cargo era institucional y que no tenía poder ejecutivo, que los convenios de la asociación se firmaban con la Junta y que luego eran los ayuntamientos quienes adjudicaban las obras y, por tanto, los responsables. Y que la obra adjudicada lo fue después de que ella dejara la presidencia de la asociación.

Por el contrario, la Mesa, en la que Vox, PP y Ciudadanos tienen la mayoría, considera exactamente lo opuesto que UP y PSOE: "Que no cabe apreciar vinculación" del caso "con la acción del Consejo de Gobierno". Ni respecto a la "afectación de fondos públicos administrados por la Junta de Andalucía, porque en la iniciativa no se expone ningún elemento, dato o indicio de los que pueda derivarse tal afectación, limitándose a afirmar, sin más, que esa afectación existe". Ni tampoco sobre la relación judicial de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que, consideran no puede "sostenerse, porque se encuentra aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

"En consecuencia, tramitándose la investigación penal a la que se refiere la iniciativa ante un Juzgado de Instrucción, es evidente que en ningún caso puede tener la condición judicial de investigada la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible", asumen PP, Ciudadanos y Vox.

PP y Ciudadanos tienen firmado un acuerdo de "tolerancia cero con la corrupción" en estos exactos términos: "Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción hasta la decisión definitiva del órgano judicial". 

El caso

El caso proviene de hechos que son de hace más de diez años. El juzgado de instrucción número 3 de Almería indaga delitos contra la Hacienda Pública; de blanqueo de Capitales; de malversación de caudales; de prevaricación; de cohecho; negociaciones prohibidas a autoridades, y organización y grupo criminal.

El convenio, al que alude Unidas Podemos se incluye en una investigación mayor que, según los informes de la Policía Nacional, versa sobre comisiones a cambio de adjudicaciones a empresas en ayuntamientos que gobernaba el PP en la provincia de Almería. Unos recibís vendrían a "sustentar pagos en metálico vinculados a las adjudicaciones y vienen a confirmar la existencia de una contabilidad B utilizada para gratificar la concesión de las adjudicaciones, además de con posibles fines de ilusión de sus obligaciones fiscales", escribe la Policía.

Tras criticar el "veto" de las "tres derechas", Nieto se explayó este miércoles: "Estamos hablando de dinero de la Junta de Andalucía, del que no menos de siete millones de euros han sido distraídos, según dice la literalidad del informe de la UDEF --Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional-- en mordidas y pagos de comisiones a políticos del PP y a técnicos, implicados todos ellos en la adjudicación indebida en obras en la provincia de Almería". "De estas idas y venidas de dinero público de la Junta parece haber financiado el PP no menos de dos elecciones", remachó.